De próxima aparición, “Terrorismo de Estado en Salta 1975 – 1983” el libro del ex delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, recoge los primeros 7 juicios de lesa humanidad realizados en la provincia. (Gonzalo Teruel)
Realizar un aporte más a la verdad y la justicia, a la memoria activa, es lo que Martín Ávila se propone con su libro, ya en la Feria del Libro de Buenos Aires y próximo a llegar al circuito comercial salteño, sobre los primeros juicios de lesa humanidad realizados en la provincia.
“El libro está organizado en 3 partes: una primera con el marco teórico y conceptual desde la filosofía del derecho y del derecho internacional para entender los juicios contra el Terrorismo de Estado; otra en la que se recupera todo el marco legal (leyes, decretos, indultos y fallos judiciales) que primero permitieron la impunidad y después posibilitaron la justicia en el país; y una final que sintetiza los 7 primeros juicios realizados en la provincia” explicó Ávila y destacó que “todo lo que está en el libro es lo que está en las actas de las audiencias y las sentencias de esos juicios”.
Basado en los expedientes judiciales, este material bibliográfico es ya imprescindible para la comunidad salteña porque presenta, de manera sencilla, complejos principios jurídicos y atroces casos del pasado negro del país y la provincia. “Terrorismo de Estado en Salta 1975 – 1983” sintetiza, en efecto, las audiencias y las sentencias de la “Megacausa UNSa”, la “Causa Ragone”, la “Causa Ragone, segunda parte”, la “Causa Palomitas”, la “Causa Palomitas, segunda parte”, la “Causa Metán”, y la “Causa Melitón Bustos”.
“Muchas veces llegaba a mi oficina y veía sobre el escritorio un montón de papeles y documentos y me preguntaba qué va a pasar con todo eso, cómo hacer para no se pierda de la memoria” explicó el abogado que junto a Tania Kiriaco y bajo la tutela de David Leiva motorizó hace más de una década la reapertura de los juicios contra la represión ilegal en la provincia. Además, café de por medio con Cuarto Poder, opinó que “no hay nada mejor para contar y entender lo que nos pasó a los salteños, que los propios salteños escribamos nuestros libros”.
“Yo estuve ahí. Yo miré, pregunté, repregunté, hice silencio… mi percepción también está en el libro” reconoció Ávila que, no obstante, respeta los documentos oficiales en la reconstrucción de los juicios. “Necesitamos tener una memoria activa y para eso, para que quede algo y no se pierda lo que pasó, es que este libro quiere ser un aporte” aseguró. “Lo único que quiero es que la gente sepa todo lo que costó llevar adelante esos juicios y alcanzar algo de justicia, que no se pierda lo que nos pasó para que no lo repitamos”, sentenció.
La política
“El gobierno nacional ‘deflacionó’ la política de Derechos Humanos y si no la no la desarmó fue porque no pudo, porque se construyó una enorme jurisprudencia que no se puede desmantelar al menos en poco tiempo” consideró Martín Ávila y subrayó que “además, los organismos de Derechos Humanos mantienen una vigorosa vigencia del reclamo de justicia”.
“Hace pocos días, por ejemplo, Abuelas de Mayo recuperó al nieto 122 y entonces aunque al gobierno nacional no le guste tiene que soportar esa política construida durante años” sintetizó y describió que, sin embargo, se observa un “notable desinterés por los Derechos Humanos que afecta a todo el país”.
Ávila que ejerció la representación en la provincia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió cómo cambiaron las políticas del área. “Antes, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los Derechos Humanos eran transversales a todos los ministerios y a todas las jurisdicciones del país. Por ejemplo, en Salta señalizamos como centros clandestinos de detención al Penal de Villa Las Rosas y a la Policía Federal porque el gobierno nacional dirigía la línea política y las provincias participaban y acompañaban pero ahora están solas y volvieron a sus propias lógicas y limitaciones”.
Juan Domingo
“Perón ya estaba muerto, que no se preocupen” respondió, sin perder la calma, Martín Ávila cuando Cuarto Poder marcó que su libro sobre el Terrorismo de Estado comprende parte del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, algo negado por muchos “compañeros peronistas”.
El libro, en efecto, parte de los asesinatos del militante Eduardo Fronda y del periodista Luciano Jaime en enero y febrero de 1975 que, según sentenció la justicia, fueron delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado. “Hay hechos de 1974 que fueron definidos por la justicia como parte del Terrorismo de Estado. El asesinato de Ortega Peña y la ‘escuelita’ de Famaillá utilizada como primer centro clandestino para torturar y matar gente son datos de la realidad y son parte de la verdad” enfatizó el exconcejal salteño.
Juan Manuel
Sustentado en documentos oficiales, el libro de Martín Ávila publicado por la editorial tucumana Bibliotex contiene un par de registros imperdibles para todos los salteños como la versión taquigráfica del discurso de Miguel Ragone ante la Asamblea Legislativa al asumir como gobernador el 25 de mayo de 1973 y las actas de votación, en Diputados y Senadores, de la Ley de Punto Final el 23 de diciembre de 1986.
Además presenta una anécdota que tiene por protagonista al gobernador Juan Manuel Urtubey que autorizó su revelación. En 2003, entonces diputado nacional y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Urtubey recibió un llamado telefónico del presidente Néstor Kirchner: “¿Qué vas a hacer con tu proyecto?” preguntó el primer mandatario ante la sorpresa del joven diputado que, en efecto, meses atrás había presentado una iniciativa para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
“No sé qué estás esperando” arrolló Kirchner y, sin más, Urtubey avanzó con el proyecto que unificado con el presentado por Patricia Walsh, hija del desaparecido periodista Rodolfo Walsh, estableció el 21 de agosto de 2003 el fin de las leyes de impunidad y permitió el inicio de los juicios que rescató Ávila en su libro de próxima aparición.
