Abel Ramos vive un conflicto que desnuda una oscura historia de apoyo a Romero y Urtubey a cambio del control de obras sociales, participación en listas partidarias, patotas sindicales y beneficios por las privatizaciones neoliberales que hicieron del ex enfermero y sindicalista, un poderoso empresario. (Gonzalo Teruel)

A todo chancho le llega su San Martín. Nadie puede asegurar que a Eduardo Abel Ramos le haya llegado el suyo pero lo real y cierto es que, después de dos décadas de incuestionable influencia en el sistema de salud, por estos días el diputado, sindicalista y empresario enfrenta un conflicto que pone en superficie sus oscuros manejos políticos y económicos.

Trabajadores de la Fundación Trabajo y Solidaridad, que presta servicios tercerizados en el Hospital San Bernardo, se cansaron del maltrato permanente al que son sometidos e iniciaron una protesta. Fiel a su estilo, primero Ramos ninguneó el reclamo y luego intentó silenciarlo enviando a sus laderos a amedrentar a los manifestantes bajo amenaza de despedirlos. No tuvieron éxito. Los trabajadores rompieron el silencio y visibilizaron su malestar. “El reclamo es salarial pero, sobre todo, por condiciones de trabajo. La gente se cansó de tener que pagar de su bolsillo la lavandina para limpiar el hospital”, contó un trabajador de la fundación que encabeza Ramos.

Según cuentan los trabajadores, bajo estricta reserva de identidad, las amenazas son constantes y constituyen la forma en la que Ramos ejerce el poder en Trabajo y Solidaridad, en ATSA, y en todas y cada una de sus múltiples empresas. “Él o su gente de confianza constantemente te hostigan psicológicamente y te dicen que si no te gustan las condiciones de trabajo, te podés ir que hay 500 personas esperado para ocupar tu lugar”, contó un empleado.

Empresario sin fines de lucro

Tal vez Ramos no sea un pastor evangélico pero conoce muy bien los beneficios jurídicos y económicos de encabezar una iglesia -en rigor de verdad, una fundación- y no una empresa. Por ser una Organización No Gubernamental -sin fines de lucro- su fundación tiene un régimen legal, impositivo y laboral distinto al de una empresa privada: no despide a un trabajador sino que una asamblea lo expulsa y por lo tanto no le corresponde indemnización. Trabajo y Solidaridad presta los servicios no médicos -mantenimiento, limpieza, lavandería, comedor- en casi todos los hospitales de la ciudad: San Bernardo, Del Milagro, Oñativia, Ragone, y en el flamante Papa Francisco y tiene algo más de 700 empleados e ingresos incalculables.

Su historia es singular: no surgió de la voluntad y esfuerzo de un grupo de trabajadores y/o emprendedores sino de la decisión de un empresario. Eduardo Abel Ramos era propietario de 3 empresas: Todolim SA, Cocirap SA, y Trabasani SA que prestaban -según consta en el Boletín Oficial- los servicios de “Lavado, Provisión y Reposición de Ropa; Racionamiento en Cocido; y Mantenimientos, Portería y Limpieza; para los hospitales de la Capital” y que se fusionaron en una fundación. En 2011 el empresario Ramos dejó en manos de los empleados a sus 3 empresas.

Ese inusual desapego por lo material no es la única irregularidad en sus manejos. Según reveló hace unos meses FM Profesional “una fuente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dijo que las empresas Trabasani y Todolim presentaron su último balance certificado el 31 de diciembre del 2008, dato curioso puesto que para el Registro Público de Comercio las empresas no registran disolución de sociedad, es decir que seguirían funcionando”.

El patrimonio del sindicalista y diputado es también inquietante. Según su Declaración Jurada, tiene casi $2 millones en efectivo, posee 3 inmuebles subvaluados por poco más de $410 mil -Alberdi al 300, Los Peteribíes al 300, y Los Nogales al 300- y ningún vehículo. Eso sí, es titular de acciones en la empresa PRASE SA por casi $4 millones.

De acuerdo al Registro Público de Comercio, se trata de “una empresa agrícola, inmobiliaria, comercial y de servicio” y operaría desde Alvarado 1.153 donde funciona un centro médico de ATSA, justamente el gremio de Ramos. PRASE SA posee unas 3 fincas -por unas 400 hectáreas- en Chicoana y otras 3 edificaciones, en una funciona un boliche bailable. Anteriormente, la empresa estuvo domiciliada en Zuviría 2.660 donde operan Trabajo y Solidaridad y Producciones Capricornio, empresa registrada bajo titularidad de Arnaldo Abel Ramos, hijo del diputado, y titular de al menos 7 inmuebles. “Es dueño de Trabajo y Solidaridad, PRASE, Capricornio que opera 3 radios de frecuencia modulada y una productora de televisión, de los Salones Legrand, del Hotel y el Club de Sanidad, de Turismo Evytour, y del Colegio Madre Teresa de Calcuta”, detalló un trabajador que pasó por varios de esos emprendimientos.

El colegio es uno de los mejores negocios. Tiene primaria y secundaria, un terciario y, además, dicta capacitaciones y especializaciones en ciencias de la salud durante los fines de semana. El número de alumnos ronda los 2 mil entre todos los niveles y proyecta un negocio extraordinario: cobra una cuota mensual de casi $500 y percibe generosos aportes estatales. La provincia aporta casi $1 millón al año. En octubre de 2011 el decreto 4.255 estableció un “aporte estatal mensual fijo, incluyendo SAC, por la suma de $71.500” y aunque es imposible acceder a información actualizada, nada hace suponer que ese beneficio haya sido discontinuado. El dictado de las capacitaciones de fin de semana es otra fuente de importantes ingresos y revela la influencia del titular de ATSA en el sistema sanitario provincial: los trabajadores auxiliares de la salud necesitan instruirse para poder avanzar en la carrera laboral y así mejorar sus salarios. Como los cursos docentes que otorgan puntajes para los concursos del ministerio de Educación, estas capacitaciones dictadas por Ramos suponen la posibilidad de crecimiento en el escalafón de la salud.

El infiel

El actual conflicto es encabezado por Oscar Maidana, un laburante que denunció a Trabajo y Solidaridad por proveer “apenas 10 litros de lavandina cada 15 días para higienizar 250 baños del San Bernardo” y porque “tampoco manda los insumos suficientes para garantizar el mantenimiento del hospital”. Junto a un pequeño grupo de compañeros hicieron una manifestación en las inmediaciones del nosocomio que terminó con una agresión por parte de Sebastián, uno de los hijos de Ramos. El incidente llegó a la prensa y, entonces, Eduardo Abel culpó al propio Maidana por orquestar una campaña “de desprestigio y hostigamiento”. Además, lo acusó por “realizar maniobras financieras para lucrar con el esfuerzo de sus compañeros” y denunció a su empleado por “realizar tareas que luego cobraba a través de una asociación a su nombre”.

Bajo esos argumentos convocó a una asamblea de Trabajo y Solidaridad que expulsó a Maidana. “Fue increíble: llevó gente suya, copó la asamblea, y no le dio la palabra a los que respaldaban a Maidana”, contó un trabajador que participó del cónclave pero que no pudo opinar. Otros de los presentes confirmaron lo increíble del encuentro y relataron que “Ramos hizo un discurso fuerte llamando a castigar al empleado infiel que quiere perjudicar a todos los trabajadores de la salud”. “Cuando terminó de hablar, alguno de los de su barra gritaban: castigo al infiel, castigo al infiel. Parecía un secta”, enfatizaron en diálogo con Cuarto Poder.

El poder

Además de estar al frente de prósperos negocios, Ramos es el hombre fuerte de la salud. Maneja la logística de los hospitales capitalinos y es mandamás indiscutido de los trabajadores de la sanidad desde 1986. Sin oposición y encabezando la lista Azul y Blanca “la fuerza del trabajador de la salud” en noviembre de 2012 fue elegido para el actual periodo que se extenderá hasta 2017 cuando supere los 30 años ininterrumpidos al frente de ATSA.

Puede inutilizar un hospital dejándolo sin comida, ropa o mantenimiento y también puede paralizar su atención con una medida gremial. Allí reside su fortaleza y el por qué de su permanencia en la vida política provincial. Es el mandamás sin importar quien gobierne la provincia. Se sirvió de Juan Carlos Romero cuando -siguiendo la política neoliberal de Carlos Saúl Menem- se privatizó la salud pública en la provincia y, después de acompañar a Walter Wayar en su intento por llegar a la gobernación, se alió con Urtubey que no quiso comprometer su gobierno con reclamos en los hospitales.

El año pasado ratificó su peso político cuando consiguió ocupar el segundo puesto en la lista del PJ para las elecciones legislativas y salvar la ropa revalidando su diputación provincial pese a la notable avanzada del PO en Capital. Es diputado desde hace una década sin que se le conozcan mayores méritos en su tarea legislativa. Y fue, justamente, la Legislatura la que esta semana lo puso nervioso. Sus pares de Diputados aprobaron un pedido de informes al ministro de Salud “sobre la Fundación Trabajo y Solidaridad”. Los legisladores quieren saber los contratos existentes entre el Estado y la Fundación Trabajo y Solidaridad; detalles de la facturación mensual de esta empresa por cada uno de los servicios que presta en los distintos hospitales públicos en los últimos 2 años; qué cantidad de trabajadores están en servicio actualmente, en qué categorías, bajo qué convenio se encuentran y cuál es la jornada laboral que cumplen; si Trabajo y Solidaridad cuenta con un capital propio para el servicio de mantenimiento, lavandería y comedor o se realizan estas tareas en las instalaciones de los hospitales.

Antes de aprobar el pedido de informes, algunos diputados recibieron a Maidana y otros trabajadores. El dato político es que no sólo estuvieron los miembros de la bancada del PO sino también algunos oficialistas -como Pablo Viel- que escucharon otra grave denuncia por “incumplimiento de los aportes previsionales y a la obra social, que son descontados pero no depositados en la ANSES ni en OSPSA, por parte de la Fundación Trabajo y Solidaridad”. Los reclamos traspasaron los muros de la Legislatura y llegaron al Ministerio de Trabajo que, en un procedimiento casi desconocido para Ramos, convocó a una audiencia conciliatoria.

A todo chancho le llega su San Martín. Nadie puede asegurar que a Eduardo Abel Ramos le haya llegado el suyo pero lo real y cierto es que por primera vez en años sus oscuros manejos políticos y económicos están saliendo a la luz.

 

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