El presupuesto provincial se volverá a discutir el próximo martes en sesión extraordinaria a fin de aprobar la suba de impuestos que pagarán los comerciantes que terminaran trasladando la suba a los consumidores. Los 450 millones que los afectados por la protesta policial tributaran irán a manos policiales. (DA)
Se había aprobado el pasado martes sin grandes estridencias porque de los $15.782.128.826 con los que la provincia pensaba contar el próximo año, sólo el 19,7% proviene de recursos propios. Se trata de $3.110.084.094 que surge de la suma de los siguientes items: ingresos tributarios provinciales ($2.608.541.741), recursos no tributarios ($405.527.729), ventas de bienes y servicios ($14.692.666) y rentas de propiedad ($5.691.958). A esas partidas que corresponden a los denominados Ingresos Corrientes, debe sumársele las partidas “recursos propios” ($2.760.000) y la denominada “disminución de inversión financiera” ($72.600.000) que provienen de los llamados Ingresos de Capital.
Para entender de dónde sacará la provincia los 450 millones que precisa para cumplir la condición que los policías le pusieron para seguir trabajando, hay que olvidarse de los $12.672.044.732 que mandará la nación el próximo año y concentrarse en lo que la provincia recauda por sí misma: los ya mencionados $3.110.084.094. Y de ese total los $2.608.541.741 provenientes de los llamados “Ingresos Tributarios Provinciales”. El ítem que más aporta de esos ingresos es uno de los impuestos que el gobierno va a incrementar para pagar la extorsión policial: Actividades Económicas por el cual en el 2014 se planeaban recaudar $2.175.009.727, es decir el 83,4% de los ingresos tributarios provinciales.
¿En qué consiste ese impuesto? Se trata de un tributo que grava en un 3% a todas las actividades económicas provinciales y que ahora el gobierno incrementará para conseguir los 450 millones de pesos. Hay que recordar, sin embargo, que en Salta hay grandes actores económicos exentos del pago de ese impuesto. La exención alcanza al agro, la minería, la industria y el turismo por imperio de las leyes 6.025, 6.064, 7.124 y 7.679. Del articulado de esas leyes se extrae que las inversiones beneficiadas son siempre grandes, con capacidad para instalar una actividad completamente nueva o que incremente en un 40% las existentes para el caso de la industria o el turismo. Más generosa aún es la ley 7.124 que enfocada para la actividad pecuaria no precisa de inversiones significativas, ni que el desarrollo de la actividad se dé en un predio propio dejando abierta, así, la posibilidad del arrendamiento. Leyes que además compelen a los municipios a establecerlas en sus jurisdicciones apelando al eufemismo: “Se sugiere que…”.
Otra pregunta se impone entonces: ¿Quiénes son los que efectivamente pagan el impuesto a las actividades económicas? La respuesta es fácil de responder: los de siempre, los pequeños y medianos comerciantes, los profesionales con algún estudio jurídico, médico o psicológico los que mayoritariamente abonarán los pesos de actividades económicas. Son en definitiva los directamente afectados por la situación vivida durante la semana y ocasionada por el conflicto policial: supermercados, comerciantes de distintos rubros, desde vendedores de ropas hasta almaceneros barriales, profesionales, etc, etc, etc.
