El desembarco de Uber en Salta fue medio camuflado. Allá por junio del 2020. En pleno aislamiento apareció un parte de prensa donde se presentaba «Uber Flash», un servicio para todo tipo de envío sin moverse de casa. Norma Jean.

 

La aplicación ofrecía,  como pantalla, el servicio para enviar y recibir artículos. La idea era instalarse y crear la necesidad en los vecinos que se descarguen la aplicación, ganando así usuarios activos y un registro de socios conductores.

Pasaron los meses y utilización de la plataforma fue desierta. Las medidas estrictas en el transporte público,  masivo o diferenciado, a causa de la pandemia, apenas logró hacer sobrevivir a taxistas y remiseros.

En diciembre de 2020, Uber lanzó una nueva campaña «Uber Essential y Uber Medics». Este nuevo servicio que presentaba la empresa encubierta no contaba con un domicilio real en Argentina, ni autorización de la Provincia para funcionar. Supuestamente estaba destinado a profesionales de la salud que necesiten realizar viajes esenciales. Lo cierto es que este segundo intento de desembarco en la Provincia tampoco tuvo efectos favorables para la plataforma, teniendo en cuenta que los servicios médicos tanto privados como públicos cuentan con vehículos disponibles para ese tipo de viajes y en el peor de los casos, el transporte público era gratuito para los trabajadores de la salud.

En este contexto la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, que ya se había dado cuenta de las maniobras, no había que ser muy perspicaz para hacerlo ya que eran bastante evidentes y poco ingeniosos, interpuso una medida cautelar contra la empresa Uber en la cual, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, Tomás Méndez Curutchet falló a favor del organismo estatal y dispuso que «hasta que no se defina el proceso judicial interpuesto contra la empresa internacional de servicio de transporte, la misma no podrá operar en la provincia”, cortito y al pie.

A la empresa Uber, no le quedó otra que frenar su modus operandi, pero no se dio por vencida y fue por más. Decidió invertir en algunos medios de comunicación locales para imponer el servicio en la ciudad de Salta. Lo llamativo fue que se presentaba como un servicio de transporte, pretendiendo la incorporación de vehículos de manera ilegal, sin ajustarse a la regulación de las leyes vigentes a nivel municipal y provincial, incumpliendo además toda normativa de orden tributario.

En redes sociales también empezó a interactuar mediante una campaña, también sin éxito, para captar nuevos trabajadores. Ganaron más mensajes negativos de usuarios reclamando y rotulándolos como  “una estafa”, poco redituables  y con la única intención, en caso de lograr la contratación de fundir el auto, sumado a que ante un accidente la empresa no se hace responsable de nada.

Uber arremetió nuevamente con publicidades pagas, afirmando números vinculados a viajes y demandas totalmente falsos, incomprobables e inexistentes con el fin de colocar a la plataforma con un potencial que en la realidad no tiene ni de casualidad.  De esta forma pretendía captar la atención de nuevos usuarios y por sobre todas las cosas de nuevos adherentes,  a quienes esquilmar con sus cuantiosas comisiones.

A las críticas en redes sociales Uber arremetió pero esta vez con una «influencer local». El resultado fue el mismo, no pudo captar nuevos vehículos para perfeccionar su actividad ilegal. A tal punto llegó su desesperación que permitieron la inclusión de vehículos en pésimas condiciones de uso y de modelos 80 y 90, que también fueron retenidos por el organismo de control.

No obstante las sumas invertidas en publicidad televisiva, redes sociales y pago de influencer, los directivos de la tristemente fracasada plataforma, recién ahora estarían pensando con seriedad retirarse hacia otros mercados. Donde no se logre aplicar el modelo de resistencia  llevado adelante por la Provincia de Salta, que hasta aquí viene siendo más que efectivo.

Hasta la fecha, se han secuestrado más de 20 autos que trabajaron prestando el servicio Uber. A todos ellos se les aplicaron multas que superan los 65 mil pesos por funcionar sin habilitación.

Por su parte, quien baja la aplicación puede ver claramente que siempre indica “NO EXISTEN VEHÍCULOS DISPONIBLES”, lo que establece  de forma sutil la falta de trabajadores con que cuenta el fallido servicio.

En el caso de los vehículos secuestrados, sus propietarios intentaron por diversos medios solicitar ayuda económica y legal por parte de la empresa, sin respuesta favorable y en algunos casos, sin respuesta directamente. Tratándose de una empresa fantasma, sin domicilio conocido, sin oficinas comerciales, sin lugar donde efectuar reclamos, la  respuesta es más que obvia.

La única intención real y válida para la empresa es recaudatoria. Es por ello su desinterés respecto a la prestación del servicio y a las personas que lo prestan en su nombre.

Un chófer que prestó servicios por así decirlo cuenta que confío en Uber, se bajó la aplicación y se puso a trabajar, pero el mismo día que empezó la AMT le secuestro el auto y tuvo que pagar $70000 pesos. Quiso comunicarse con Uber para que ellos le den una mano pero no consiguió absolutamente nada, «se borraron, me dejaron solo, no confío más en esa aplicación ni se la recomiendo a nadie».

Otro caso fue María, que nos dijo que no lo hizo por necesidad, porque ella ya cuenta con un trabajo, pero no sabía que era ilegal. «Yo solo quería sumarme unos pesos  y la verdad ahora tengo que pagar calladita, puse en práctica la frase; la curiosidad mató al gato».

Otros testimonios fueron de Óscar y José que coincidentemente cuentan con autos Ford Escort modelo 90 y fueron aceptados por la aplicación UBER, aunque el servicio es conocido en otros países  por prestar un servicio diferenciado con autos de última generación.

«Yo me tiré una taba, me baje la aplicación, subí mis datos y UBER me aprobó inmediatamente pero me agarró la vial y hoy pagar la multa me sale lo mismo que el auto, quiero comunicarme con Uber pero nadie responde».

José cuenta que hizo dos viajes en zona sudeste y en el tercero lo agarró la AMT, «ahora tendré que pedir plata prestada para poder sacar el auto ya que Uber no me contesta ningún mensaje, ni en facebook que fue allí donde me tomaron los datos».

En otros países de América y de Europa, tales como Estados Unidos e Inglaterra se obtuvieron resoluciones judiciales en contra de los intereses de la frustrada aplicación.

El Máximo Tribunal de Gran Bretaña concluyó que «los choferes deben clasificarse como trabajadores, no como contratistas independientes, lo que significa que tienen derecho a protecciones básicas como salario mínimo y vacaciones pagas”.

Con esta decisión, UBER percibió una amenaza a todo el modelo de negocios de su aplicación de transporte, que tiene implicaciones más amplias que pueden extenderse a otras empresas del mismo grupo económico.

El fracaso de UBER es inminente, la no aceptación de los pasajeros y de los trabajadores también.

En Salta son 10 mil familias las que esperan día a día que el trabajo del chofer de remis o de taxi sea estable. No hay lugar para ilegales.