La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta ha tomado medidas significativas contra la plataforma Uber y conductores individuales, imponiendo multas sustanciales y advirtiendo sobre la ilegalidad de sus operaciones. En cuatro casos recientes, la AMT aplicó sanciones consistentes alegando la prestación ilegal de servicios de transporte mediante la plataforma digital.

En cada caso, conductores como Mariam Daniela Marín, Abel Enrique Saravia, Emanuel Alejandro Di Lorenzo y Simón Alarcón y/o Luis Alberto Fernández, fueron sancionados con multas equivalentes a 40 Unidades de Sanción (US), totalizando $410,000, por su presunta participación en la operación de Uber en la provincia.

Además, Uber Argentina y/o Rasier Operations B.S. y/o Uber App y/o Uber Technologies Inc. y/o Uber BV y/o cualquier entidad legalmente responsable, enfrenta una multa más severa de 100 Unidades de Sanción (US), equivalente a $1,025,000. Estas acciones se basan en el supuesto incumplimiento de la Resolución AMT No 290/18, que prohíbe el transporte de pasajeros sin habilitación mediante la plataforma Uber.

La AMT viene emitiendo comunicados a la población reiterando la ilegalidad de Uber y advirtiendo sobre la falta de autorización para su funcionamiento en la provincia. También ha enfatizado la inseguridad asociada al servicio, la falta de control sobre el estado de los vehículos y la idoneidad de los conductores.

La autoridad de transporte ha instado a la comunidad a evitar el uso de Uber, especialmente para el transporte de niños, adultos mayores y familiares. Además, se ha comprometido a intensificar los controles para garantizar la seguridad pública y ha recordado a los ciudadanos sobre las consecuencias legales y económicas de participar en este servicio ilegal.

Advierte el organismo sobre Uber como una «empresa fantasma», sin domicilio constituido en Salta ni Argentina, lo que dificulta los reclamos por parte de los usuarios. La situación evidencia un conflicto persistente entre las autoridades y Uber, marcando la aplicación rigurosa de medidas sancionatorias en la provincia.