La abogada designada por el Ministerio de Justicia en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA renunciará con reproches a Garavano. Denuncia cambios para que la querella deje de tener un rol activo.
En el juicio por el desvío de las pistas en el caso AMIA se producirá hoy un verdadero escándalo: se va a anunciar la renuncia de la abogada designada por el Ministerio de Justicia de la Nación, Mariana Stilman. La letrada le envió una carta informando de la renuncia al Tribunal Oral que juzga a Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, a los jefes de la SIDE, los fiscales, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, al ex jefe policial, Jorge “El Fino” Palacios y a Carlos Telleldín, todos acusados por sembrar pistas falsas. La abogada Stilman le envió una segunda carta al ministro Germán Garavano explicándole que su renuncia se debe a diferencias que llegan a lo ético y moral: ella considera que tienen que tener un papel activo para buscar la verdad de las graves irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno y judiciales hace 20 años. Sin embargo, por expresa orden de Garavano, al lado de Stilman pusieron a un nuevo abogado que se opone a tener un papel activo como querellante y como acusadores. “Esto podría generar la defensa de intereses opuestos”, dice Stilman, dando a entender que en lugar de acusar a Menem, Galeano, Beraja, Palacios y compañía, más bien se pretende ayudar a sus defensas. Stilman llegó al cargo de la mano de Elisa Carrió y es de confianza de la diputada, al punto que fue su abogada personal y candidata de la Coalición Cívica en 2015.
La renuncia de Stilman va a producir hoy durísimos planteos en el juicio oral por encubrimiento, que tiene audiencias los lunes y jueves. Ante los jueces, los familiares de las víctimas en todas sus vertientes –Memoria Activa, Familiares, Apemia– dejarán constancia de que una querella que estaba trabajando en la acusación de las irregularidades del caso AMIA recibió instrucciones del ministro de Justicia de no actuar tan activamente contra los imputados. Habrá planteos furibundos también ante el ministro Garavano y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que Néstor Kirchner firmó en su momento un decreto comprometiendo al Estado argentino a juzgar a los que sembraron pistas falsas. Desde esa óptica es un hecho grave que el Estado instruya a su representante que no acuse con la fuerza que debería.
Stilman podría haber renunciado argumentando motivos personales o sin argumento alguno. Sin embargo quiso dejar constancia de que lo que motiva su paso al costado es una orden que va contra sus criterios éticos y morales. El texto tiene cinco páginas. “Los cambios ordenados en nuestra querella –señala la letrada– están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora. Considerando la suscripta que dicho rol debe ser suficientemente activo como para llegar a la verdad de los hechos investigados, plagados de numerosas irregularidades cometidas –20 años atrás– por funcionarios de gobierno y judiciales. Entiendo que de lo contrario podría generarse la defensa de intereses opuestos”. En otras palabras, Stilman está diciendo que se le pidió no actuar activamente en la acusación y que semejante conducta va contra sus principios éticos y morales y la pondría del lado de los intereses de Menem, Galeano, Beraja, Palacios y las ex autoridades de la SIDE.
La querella que representa al Estado, es decir que acusa a los imputados en nombre del Poder Ejecutivo, fue cambiando de manos. Durante la última etapa del kirchnerismo quien se ocupaba de la acusación era Luciano Hazan, ex abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo y en ese momento subsecretario de Justicia. Al asumir Mauricio Macri, Hazan presentó la renuncia y quedó en la primera fila Elizabet Gómez Alcorta, que hoy es defensora de Milagro Sala. Sin embargo, ante la realidad de que le iban debilitando su equipo, también Gómez Alcorta presentó la renuncia. La querella quedó en manos de Stilman, quien en su renuncia menciona que “oportunamente acepté intervenir en este juicio por pedido de la diputada Elisa Carrió”. Junto a ella trabajó el joven abogado Ezequiel Strajman, quien vivía a una cuadra de la AMIA y vivió el atentado muy de cerca: siendo un niño estallaron los vidrios de su casa cuando él jugueteaba allí. Hace tres semanas Strajman fue sancionado y le impidieron continuar en el juicio con el argumento de que “perdió objetividad”.
Desde hace varios meses, el ministerio de Justicia envió para intervenir en el juicio a un nuevo funcionario, Miguel Inchausti. El abogado fue designado por el propio Garavano con el argumento de que es el ministro el que tiene que tener el control de lo que estaba pasando. Inchausti empezó sentándose atrás y fue comentando que la orden era diferenciarse de los familiares de las víctimas. Los gestos fueron advertidos por los abogados de Memoria Activa, Familiares y Apemia: ni siquiera los saludaba. Con el tiempo fue adquiriendo cada vez más protagonismo, pese a que nunca tomó la palabra en las audiencias.
En una de las últimas audiencias del juicio oral las cosas derivaron en un virtual escándalo. Estaba a punto de declarar un testigo clave, el ex secretario del entonces juez Galeano, Claudio Lifschitz. La defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se opuso a que Lifschitz declare argumentando razones procesales. Es decir que trataron de impedir que dé su testimonio el hombre que contó los desvíos, las maniobras del juez, el gobierno y la SIDE. Las querellas –la Unidad Fiscal AMIA, los familiares de las víctimas– pusieron el grito en el cielo considerando que se trataba de evitar una declaración clave. Cuando le tocó el turno a la querella, Stilman iba a tomar la palabra, pero se percibió una puja con Inchausti por el micrófono. Este quería apoyar el planteo de la defensa de Mullen y Barbaccia y Stilman se negaba. Se escuchó la frase de la abogada hacia Inchausti: “en ese caso, decilo vos”. Hubo algo bastante parecido a un forcejeo por el micrófono
Finalmente los jueces –Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perill– permitieron que declare Lifschitz quien relató, paso a paso, los vínculos del juzgado con el Poder Ejecutivo en tiempos de Menem. Lifschitz fue testigo de la decisión de abandonar otras pistas y apuntar contra los policías bonaerenses como cómplices del atentado. Todo indica que esa movida –decisiva en el encubrimiento– tuvo como objetivo adjudicarle cierta responsabilidad a una fuerza de Eduardo Duhalde, archienemigo de Menem en la época y, además, entregar algún culpable a la sociedad ante el fracaso de la investigación. El ex secretario describió desde adentro la jugada clave que consistió en pagarle 400.000 dólares a Telleldín para que declarara contra los policías. Lifschitz expuso también una de sus principales hipótesis: la SIDE tenía localizada la célula que cometería el atentado, encabezada por un tal Khalil Ghatea, pero los espías fallaron en evitar el ataque. Como se ve, era un testimonio de máxima importancia.
En ese marco de tensión por la envergadura del testigo, el incidente entre Stilman e Inchausti terminó entre lágrimas de la letrada y la sensación de que el cruce derivaba en su renuncia. Es que era conocido que Stilman había trabajado mucho las preguntas para hacerle a Lifschitz, por lo tanto la situación se percibió como intolerable para ella. Incluso si Stilman no daba un paso al costado con sus dos renuncias por escrito –a los jueces y al ministro Garavano–, algunos de los querellantes iban a plantear la cuestión en la audiencia de hoy. Advertirían a los miembros del tribunal de la existencia de la puja y el peligro de que una querella se iba a convertir en defensa de los acusados: lo que Stilman menciona en su carta de renuncia como “la defensa de intereses opuestos”.
En la carta de renuncia a Garavano, Stilman deja en claro que Inchausti actúa por directas órdenes del ministro de Justicia. “Conforme a las últimas disposiciones del señor ministro –dice Stilman en su texto–, (Inchausti) es quien tiene su real aval para tomar las resoluciones en el día a día del juicio, en tanto goza de una mayor confianza del jefe de ese Ministerio e invoca sus órdenes expresas”. Por lo tanto, la letrada señala que no puede traicionar su “conciencia jurídica” aceptando lo que en el fútbol se llamaría ir para atrás.
Stilman ratifica que llegó a encabezar la querella del Ministerio de Justicia por pedido de Carrió “y se me está impidiendo ejercer mi función con libertad y probidad, máxime tratándose de una causa que me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de las víctimas”.
El paso al costado de Stilman es de fuerte impacto:
No es casual que se haya producido alrededor del testimonio de Lifschitz, una pieza importante en la acusación. La querella del Ministerio de Justicia intentó mostrarse al lado de las defensas y de la querella de AMIA y DAIA, que parece alineada en la idea de tratar de salvar a Beraja.
La implosión de la querella del Ministerio de Justicia se produce a un mes del momento en el que se producirán los alegatos. Iba a ser muy distinto el alegato acusatorio de Stilman. En la renuncia, la letrada tiene una definición: menciona que, cuidando la objetividad, se perciben las graves irregularidades de los funcionarios del gobierno y judiciales. Es decir que la abogada ya deja claro en su texto que acusaría con dureza a los imputados en el juicio.
El escándalo de la renuncia de Stilman deja secuelas en varios terrenos:
Hay un nivel en el que habrá, tarde o temprano, denuncias judiciales contra Garavano e incluso contra Inchausti. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero también por aspectos que tienen que ver con un fraude procesal.
Habrá indefectiblemente una denuncia ante la CIDH. La delegación que viene en mayo tiene el tema en su agenda, a raíz del acuerdo que se firmó en Washington en el que la Argentina se comprometió, entre otras cosas, a juzgar las maniobras que se hicieron en AMIA. El ir para atrás –opinan algunos de los querellantes– va directamente en contra de lo firmado.
Y está el aspecto político. Como en otros casos, la administración Macri aparece en coalición con la AMIA, la DAIA, la derecha norteamericana e israelí. Y mirado desde este ángulo, Menem, Beraja, y casi todos los imputados formaron –o forman– parte de ese alineamiento.
El problema es que salir en defensa de los acusados es impedir que sean condenados por desviar la investigación AMIA. E 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral que juzgó a los imputados de integrar la conexión local del atentado –los policías bonaerenses y Telleldín– dictaminó que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. Los responsables de ese armado falso –Menem, Galeano, la SIDE, los fiscales, Palacios, Beraja– son los que están sentados hoy en el banquillo de los acusados y por los que se le pidió a Stilman que no acuse de manera tan activa. Se trata de otra estafa contra las víctimas del atentado y sus familiares.
Fuente: Página 12
