En un comunicado difundido este lunes, la organización de familiares de víctimas del atentado afirma que el decreto del Gobierno, “referido a una supuesta apertura/desclasificación de documentación (…) en nombre de la transparencia institucional, mantiene la saga de 18 años de decretos de ‘desclasificación’ que ahora presenta como ‘absoluta’”.
El artículo 1° del decreto dice que tendrá “carácter de púbico” toda la información “brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado”. Desde Apemia denuncian que, en consecuencia, el decreto “solamente permite el acceso y la difusión de todo el material que haya formado parte como prueba en los juicios relativos al atentado a la AMIA y su encubrimiento, y que hayan tenido sentencia. Al resto de la información documental no se le da carácter ‘público’, no se la libera de su condición de secreto, ratificando que no será accesible”.
En particular Apemia se refiere “a las cajas de documentación que están a disposición de la Fiscalía AMIA, que son parte de la causa que tramita en el juzgado de (el juez Rodolfo) Canicoba Corral, y que no fueron prueba en ningún juicio hasta el día de hoy. Son los 2 km de cajas que logramos rescatar de la privatización impulsada por el gobierno de Macri, privatización que contaba con apoyo de varios senadores K, hoy en el oficialismo”.
La organización afirma que el artículo 3 del decreto, que declara “la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado”, en verdad “lo que hace es confundir al lector desprevenido”, ya que “la llamada ‘desclasificación’ sólo servirá para impedir el conocimiento público de los archivos secretos”.
Sobre el artículo 5, que plantea la conformación de “una mesa de diálogo” entre la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, el de Relaciones Exteriores, la Fiscalía y las víctimas o querellantes, Apemia plantea que directamente “bordea el absurdo”. “Nos proponen dialogar para sortear los ‘problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información’ (…) y no acerca de cómo comenzar una investigación abriendo los archivos”, sentencia.
