Luego de 12 asesinatos en este año, Urtubey declaró la emergencia en materia de violencia de género. El proyecto retoma puntos impulsados por la intendencia capitalina que ante la somnolencia “U” parece una adelantada. También retoma la iniciativa de la diputada Irene Soler que reclama estadísticas.
El anuncio por parte del Grand Bourg fuer realizado ayer con la presencia de los ministros de Gobierno, Eduardo Sylvester; de Justicia, Pamela Calletti; de Derechos Humanos, Marianela Cansino; y de Salud Oscar Villa Nougués. La medida, en lo central, supondría un trabajo articulado entre los cuatro ministerios y organizaciones intermedias que trabajen la violencia de género con el objeto de prevenir, asistir y acompañar a las víctimas de la problemática.
El ministerio de Justicia impulsará cinco juzgados de violencia de género, los que podrían dictaminar la entrega de botones anti-pánico a las víctimas. Se tratarían de celulares que al presionar una tecla determinada el equipo se comunicaría con el Sistema de Emergencias 911 y grabaría las voces que se escuchen en ese momento. El decreto propone además la creación de dos hogares temporales para la asistencia de víctimas en Orán y Tartagal, los cuales se sumarían al que ya existe en Capital. Finalmente se creará un registro único de casos de femicidios.
Algo muy parecido ocurrió hace un mes cuando se realizó un plenario en el Concejo Deliberante del que participaron diferentes referentes de mujeres que evaluaron dos proyectos de ordenanza referidos a parar la violencia de género. Ese plenario había tenido el objetivo de analizar los alcances de dos Proyectos de Ordenanzas, ambos vinculados a la aplicación efectiva en el municipio de la ley nacional Nº 25.485, de Protección Integral a las Mujeres.
Uno de los Proyectos es de autoría de la concejal Frida Fonseca Lardies (PJ) –que es acompañado como coautoras por sus pares Romina Arroyo (SD), Ángela Di Bez (SST) y Eliana Chuchuy (PJ)-, proponía adherir a la ley nacional de Protección Integral a las Mujeres con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. El otro Proyecto había sido presentado al CD por parte de la asociación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), por el cual solicita se declare la emergencia pública en el ámbito municipal por la violencia hacia las mujeres. Este último proyecto, se impulsaba una serie de requerimientos al DEM de apoyo a las mujeres víctimas de violencia, como la creación de albergues y/o refugios, los acompañantes comunitarios, la red de contención social y sanitaria, una asignación económica mensual, así como garantizar el ingreso a programas de empleo.
El Grand Bourg también se apropió ahora de otras ideas, como aquella que venía reclamando la diputada provincial, Irene Soler, a través de un proyecto de declaración que solicitaba al Ministerio de Derechos Humanos elaborar estadísticas oficiales sobre violencia de género, femicidio y violencia familiar en la Provincia de Salta. “Salta encabeza las cifras, a nivel nacional, en torno a la violencia de género. El Estado provincial debe comenzar a dar respuestas concretas a esta problemática», puntualizaba Soler que insistía en que el Estado debe contar con estadísticas sobre estas problemáticas, considerando que sería “una herramienta indispensable para el diseño de políticas públicas adecuadas, destinadas a abordar el problema”.
Por su parte, el PO declaró que con la emergencia, el Grand Bourg que el gobernador se auto-absuelve por la no aplicación de la Ley Nacional de Violencia de Género, la 26485, con un llamado a “profundizar su aplicación”. Pero la Ley es de orden público, sin necesidad de la adhesión provincial. También recordaron que los senadores oficialistas son los que hace un año se niegan a tratar una Ley Instrumental, aprobada en Diputados. .
No es lo único que criticó el partido trotskista que enfatizó que el gobierno establece “la facultad discrecional de reasignar partidas presupuestarias para financiar las acciones del estado, pero no hay una asignación específica”; o que el “estado se obliga a la creación de “Hogares de Protección Temporal”, los que supuestamente ya existen en la órbita del Ministerio de Derechos Humanos”.
