Las Naciones Unidas condenó al estado español por negligencia. Una española había denunciado 30 veces a su pareja que finalmente asesino a la hija de ambos en el 2003. La condena obliga a España a reparar, indemnizar y hacer de los antecedentes de violencia de género, materia de custodia a las potenciales víctimas.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer condenó por primera vez al Estado español por no proteger a una mujer, víctima de violencia de género, y a su hija, de siete años, asesinada por su padre en 2003. El asesino había sido denunciado más de 30 veces por Ángela González que declaró al diario español El Mundo que “Sabía que acabaría matándome a mí o a la niña, o a las dos”.
González relató que tras 20 años de sufrir maltratos psicológicos y físicos de su ex marido, Felipe Rascón, tuvo el valor de abandonarlo “con una bolsa en una mano y Andrea bajo el brazo en 1996”. Desde entonces y hasta que su hija murió, aseguró que pidió ayuda a “los jueces, a la policía, a la Guardia Civil, a los servicios sociales… ¡A todo el mundo! Pero nadie nos protegió”, y añadió: “Supliqué que se interrumpiera el régimen de visitas, que no dejaran que Felipe viera a la niña o, al menos, que los encuentros fueran vigilados. Pero un juez estimó que el padre tenía derecho a estar con ella a solas, que no era peligroso”. El desenlace temido ocurrió el 24 de abril de 2003: Roscón le disparó a su hija en la cabeza y luego se suicidó.
Ahora, el Comité de las Naciones Unidas protagonizó la primera condena internacional a España por negligencia en violencia de género y reprobó la actuación del país al no investigar ni indemnizar a la mujer por su pérdida. La condena obliga ahora al Estado español a “reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente” a González y a realizar una “investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas”. Asimismo, con el fin de preservar a otras víctimas, establece que se tomen “medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia cuando se ponga en peligro la seguridad de mujeres e hijos”. En tal sentido, también se solicitó que se “refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género” y se intimó a los jueces y el personal administrativo correspondiente a recibir una formación sobre “estereotipos de género”.
A once años de lo sucedido, González decidió demandar al Estado español como responsable civil de la muerte de su hija Andrea. “El principal culpable está donde tiene que estar. Con él ya no se puede hacer justicia, pero sí con otros muchos que fallaron. Pido que se repare un daño moral que es irreparable, que se pague por los desaciertos y errores judiciales y administrativos que acabaron con la muerte de mi hija”, enfatizó. González recordó que el hombre la golpeaba y que alguna vez la tiró contra el suelo de la cocina y puso un cuchillo en su vientre delante de la nena, cuando esta tenía tres años. Luego de los informes psiquiátricos correspondientes, el juez impuso que las visitas fueran vigiladas por un asistente social, que duraron dos años, hasta que una nueva resolución judicial lo dejó ver a la niña a solas. El día del asesinato se había realizado el juicio en el que se decidía quién se quedaría con la propiedad en la que vivían cuando estaban casados.
