De tanto favorecer a los poderosos, Urtubey terminó radicalizando hasta el Defensor del Pueblo de la Nación. En una resolución, el organismo pide sanciones millonarias para quienes desmontan ilegalmente y el decomiso de los granos producidos en los campos ilegalmente desmontados. (D.A.)
Las medidas de Urtubey radicalizan a Greenpeace, pero también a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, tal como lo muestra la resolución 26/14 publicada hace unas semanas por el organismo. Allí, además de instar a otros organismos nacionales a fiscalizar el mantenimiento de los bosques nativos de Salta y promover la restauración de lo ya desmontado, se exhortó a J.M. Urtubey a completar el Registro Nacional de Infractores a la Ley de Bosques; aplicar las máximas sanciones previstas en la ley para quienes desmontan ilegalmente; el decomiso de la producción generada en los campos desmontados irregularmente; la recomposición del ambiente dañado; y revisar las recategorizaciones prediales hacia menores categorías de conservación.
La Resolución en cuestión, ilustra con cifras el proceso de deforestación salteño. Recuerda que al momento de aprobarse la ley de Ordenamiento Territorial en el 2008, el ejecutivo provincial registró 1.294.778 hectáreas de bosques en categoría rojo (alto valor de conservación); 5.393.018 hectáreas en categoría amarillo (mediano valor de conservación); y 1.592.366 hectáreas en categoría verde (apta para el desmonte). Según el documento, eso no impidió que desde la sanción de la ley se detectaron 166 desmontes en territorios categorizados como de muy alto valor de conservación que totalizaron 19.700 hectáreas, aunque resaltan que según otros organismos esa cifra llega a las 40.000.
Lo mismo ocurrió con los desmontes en tierras de mediano valor de conservación (amarillo) que tampoco debía desforestarse según la ley. A la hora de precisar los números de esta categoría, la resolución muestra que según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la nación se trata de 100.000 hectáreas, mientras la Facultad de Agronomía de la UBA informó que las hectáreas desmontadas llegaban a 190.000. Por si esto fuera poco, el organismo nacional enfatizó también que después de analizar las matrículas catastrales y la titularidad de los dominios de los predios deforestados, se encontró que 20 de los 36 grandes desmontes (aquellos cuya superficie era superior a 100 has.) fueron realizados por propietarios que ya habían efectuado un desmonte previo.
Precisado el volumen de la irregularidad, la Defensoría del Pueblo fue tajante: “esta actividad ilegal debe ser sancionada de manera ejemplar y debe procurarse la recomposición del ambiente dañado”. El organismo especifica bien cómo hacerlo: aplicar para los desmontes ilegales en bosques de alto valor de conservación el máximo peso de la ley que incluyen multas de hasta 10 millones de pesos y decomiso de lo producido en el campo luego del proceso de desmonte ilegal. El detalle no es menor. Multando a eso propietarios que protagonizaron sólo 20 de los 36 grandes desmontes ilegales podría recaudarse en concepto de multa 200.000.000 millones en efectivo y varias toneladas de granos que superarían ampliamente lo que la nación envía para hacer cumplir la Ley de Bosques y que según la misma Defensoría, fueron 150 millones de pesos desde que entró en vigencia la ley, más 33 millones adicionales que llegaran para el año en curso.
La larga marcha del desmonte
La política de Urtubey en la materia es una continuidad de lo realizado por Juan Carlos Romero. Esa es la valoración de la Defensoría del Pueblo que recordó en el documento que en el año 2008 solicitó investigar el impacto que los desmontes producían en Salta. Informe que finalmente mostró que entre enero de 2006 y la promulgación de la Ley de Bosques en diciembre de 2007, se presentaron 106 nuevos proyectos de deforestación que implicaban la pérdida de más de 500.000 hectáreas de bosque nativo.
El 98% de esos proyectos se localizaban en los siete departamentos: Anta, General Güemes, Gral. San Martín, Metán, Orán, Rivadavia y Rosario de la Frontera. Departamentos que no sólo ya eran objeto de políticas de desmontes, sino también hábitat de casi 500 comunidades indígenas y una población criolla de 13.000 pobladores rurales. Aunque ese periodo de tiempo corresponde al gobierno de Juan Carlos Romero, el Defensor estuvo lejos de identificar la desmedida deforestación con aquella gestión al enfatizar que “a diferencia de lo sucedido en otras jurisdicciones, en la provincia de Salta se registró un aumento de la tasa anual de deforestación en el período 2011-2013 incluyendo bosques de categoría I y II y situándola en valores similares a los registrados con anterioridad a la aprobación del OTBN”.
En ese marco, la Defensoría no tiene dudas de clasificar a parte importante de esos desmontes como casos ilegales que podrían haberse evitado con mayores medidas de control, tanto en el terreno como a través de una estricta supervisión de los propietarios incluidos en el registro de infractores; sujetos que sin embargo no forman parte del Registro Nacional de Infractores que la Ley Nº 26.331 ordena confeccionar. De allí que, para el organismo nacional, la situación que se verifica en la provincia de Salta es violatoria a la Ley. Entre otras cosas por la ya denunciada maniobra de la recategorizaciones: un artículo (el 17) ilegal porque contempla para Salta el cambio de categoría de tierras no desmontables a desmontables, gambeteando el artículo 9 de la ley nacional donde se explicita la prohibición de las recategorizaciones hacia abajo.
De allí que la Defensoría además de sugerir sanciones pidió que se subsane lo que hasta ahora está desmadrado: reforestar. Para ello, aclaró, hay que desplegar medidas simples: interrumpir las prácticas agrícolas, lo que permitirá dar inicio al proceso de restauración y recuperación del bosque. Según los expertos, en una década los bosques restaurados pueden recuperar buena parte de las funciones de los bosques originales.
Costos de todo tipo
La Defensoría del Pueblo de la nación se valió de estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA para explicar el daño que la modificación del ambiente está produciendo en la provincia. Resumimos aquí algunos de los puntos más salientes
1.- Las comunidades indígenas y los criollos campesinos son los más afectados por pérdida de los bosques. Sus formas de sustento se basan en la agricultura de subsistencia, la caza y la recolección y el uso generalizado de los productos forestales no maderables. Para el pueblo wichí (…) la desaparición del bosque implica la pérdida de la lengua, las tradiciones y la singularidad wichí, anulando la posibilidad de supervivencia biológica y cultural verificándose una situación similar para con los campesinos de tradición criolla.
2.- Los desmontes en zonas con fuerte contraste de relieve como en el caso salteño donde se pasa de un ambiente de montaña (Yungas) a una de llanura (Chaco salteño), aumentan los riesgos de erosión y movimientos en masa en el primer ambiente y de flujos torrenciales e inundaciones en las áreas planas. Sin la vegetación propia del lugar, la estructura de las laderas se vuelve inestable, se acelera el escurrimiento superficial de las aguas y la misma fluye a gran velocidad arrastrando las partículas del suelo.
3.- La ausencia de cobertura vegetal continua, expone la tierra a energía calórica disminuyendo la disponibilidad hídrica para las plantas por la evaporación. También produce la pérdida de la estructura del suelo por la volatilización del nitrógeno y el carbono: “literalmente la materia orgánica `se quema` y el suelo pierde sus propiedades y se desertifica..
4.- Hay evidencias de que la pérdida masiva de bosques que se registra en Salta está afectando negativamente las poblaciones de especies de aves y mamíferos por la reducción de su área de distribución y abundancia. Entre las aves se cuentan el águila coronada, el guacamayo verde, el loro alisero y el vencejo pardo. Entre los mamíferos amenazados incluyen al yaguareté, el ocelote, el tapir, el tatú carreta, el pecarí de collar, el pecarí labiado, el oso hormiguero grande, el chancho quimilero y el cabasú chaqueño.
