Un informe de la Auditoría de la Provincia confirma el absoluto desmanejo de Coronel Moldes durante la gestión de Osvaldo García y permite entender por qué el gobierno provincial tuvo que intervenir (a regañadientes) el Municipio. (Gonzalo Teruel)
El documento del organismo de control se realizó en 2014 sobre la “Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del año 2012” y se presentó en 2015.
“El Sector de Tesorería depende directamente del Intendente Municipal” advierte el trabajo de los auditores y detalla que “no se efectúa el depósito diario de los recursos recaudados por el Municipio, contrariando lo establecido en la Ley de Contabilidad” y que “los pagos menores se efectúan con el resultado de la recaudación diaria, y solo se solicita autorización verbal del intendente para efectuar los pagos mayores a $600”.
Contra toda lógica republicana, el intendente García era dueño y señor de los dineros públicos y los manejaba muy mal. Era “el único autorizado” para realizar pagos con cheques que, además, no eran intervenidos “con el sello o leyenda de ‘Pagado y Fecha’ a fin de evitar su presentación nuevamente para el pago”. “No se realiza el seguimiento de los cheques diferidos emitidos por el Sr. Intendente, dado que las chequeras permanecen en poder del mismo y en consecuencia, no se efectúan las conciliaciones bancarias respectivas”, denuncia la Auditoría.
García manejaba los cheques y el efectivo sin ningún tipo de control administrativo. “Las contrataciones de Bienes y Servicios son realizadas y pagadas por el Sr. Intendente Municipal, y en su caso, por la Secretaria de Gobierno” informa el equipo de auditores y, obvio, revela que “no existe un plan de obras general aprobado por autoridad competente; las mismas se concretan por decisión del Sr. Intendente”.
La falta de trasparencia en la gestión municipal fue tal que, por ejemplo, “los fondos transferidos al Municipio en concepto de Coparticipación, Regalías, Municipalizados, Fondo Compensador, Obras y Vialidad, fueron acreditados hasta el mes de mayo de 2012 en la cuenta del Banco Macro Nº 310009400000625, mientras que en los meses siguientes se recibieron en la cuenta del Banco Macro Nº 3100094008810280, sin que se expusieran las razones de dicho cambio”.
Un ejemplo del pésimo manejo de los fondos públicos es la no registración de las partidas correspondientes a la Descentralización de Programas Sociales por $206.665 y al Convenio de Vialidad por $22.328. Peor aún, al cotejar información los auditores encontraron una diferencia de superior a los $660 mil entre los gastos presentados por el Municipio ($10.634.559) y por la AGP ($11.296.497) y otro desfasaje superior a los $345 mil entre el total de erogaciones respaldadas por órdenes de pago ($10.346.602) y el total de erogaciones informada por el ente auditado ($10.693.209).
El informe del organismo de control dedica un apartado a los “Anticipos de Fondos a Rendir” con resultados lapidarios. “Los fondos entregados al Sr. Intendente para su posterior rendición, ascienden a $1.194.148” revela el documento y puntualiza que “no existe en el área de Tesorería un instructivo de procedimientos a aplicar, en cuanto al otorgamiento, rendición y registración de los mismos”.
Mucho peor aún, según acusa la Auditoría “las órdenes de pago analizadas carecen de la firma del beneficiario y de quien las confeccionó”. Y, con inusual dureza, recuerda la Ley Orgánica de Municipalidades que en su artículo 92 establece que “El Intendente Municipal o Presidente de la Comisión Municipal que autoricen una orden de pago ilegítima y el contador que no la observe, serán solidariamente responsables de la ilegalidad del pago”.
La Auditoría también denuncia que García “no presentó los contratos correspondientes” a Servicios Técnicos Profesionales por $203.413, a Alquileres Pagados por $242.990, y Otros Servicios por $244.508. Imposible comprobar la validez de los montos erogados, como así también, los plazos, derechos y obligaciones de ambas partes en contratos por más de $690 mil. Más aún, acusa que “con respecto a los montos erogados, Servicios Técnicos Profesionales por $203.413 (…) no presentó ninguna factura o documentación que acredite la legalidad los pagos realizados”.
A partir de importantes diferencias entre lo informado por el Municipio y los documentos de la Contaduría de la Provincia, la Auditoría descubrió graves inconsistencias en las Retenciones por Anticipos de Coparticipación por más de $25 mil ($322.000 y $347.385) y de casi $270 mil ($99.488 y $366.717) imputados en los rubros Compensación de Deudas y Cuentas de Movimientos, respectivamente. “El ente auditado no confecciona el registro de los contratos correspondientes a la partida Otras Obras Públicas, lo que impide comprobar la veracidad de los montos erogados, $571.967 e identificar los bienes construidos por este concepto” denuncia el informe del organismo de contralor.
Como el de Otras Obras Públicas, otro agujero negro en la administración moldeña es el de las Comisiones por Cobranzas por un monto superior a $74 mil que se pagó a “personal ajeno al Municipio” sin que presenten la “factura correspondiente”. “Las Comisiones por Cobranzas abonadas por el Municipio resultan significativas para el erario público, dado que ellas representan entre el 30% y el 40% de los importes recaudados”, advierte el reporte de la Auditoría.
Tamaño desastre en el manejo de los dineros públicos se completa con el pago de más de $34 mil en concepto de comisiones y multas por cheques rechazados. Es que García entregó cheques sin fondos por ($548.404) más de medio millón de pesos durante el año 2012.
El desatino en la gestión municipal moldeña alcanza y afecta a los empleados públicos que con sus protestas y manifestaciones instalaron la problemática en la escena política y arrancaron la intervención (a regañadientes) al gobierno provincial.
Los auditores evaluaron la Organización Administrativa y la Gestión de Personal y detectaron innumerables irregularidades: el organigrama no presenta la asignación de los funcionarios responsables de cada área y no se encuentran aprobados ni instrumentados los Manuales de Misiones y Funciones y de Procedimientos; no existe registro de resoluciones, faltan resoluciones y documentos de respaldo de esas resoluciones, etcétera.
En consecuencia, por ejemplo, importantes resoluciones que aprueban la asignación de ayudas económicas con carácter de emergencia no cuentan con el correspondiente anexo y nómina de beneficiarios. ¿Quién recibió ayuda?, imposible saberlo como también es imposible saber, ante la falta de documentación que discrimine las horas efectivamente trabajadas y el criterio de aplicación, por qué algunos empleados municipales recibieron pagos extras en concepto de “extensión horaria”. De otras resoluciones tampoco surge información que permita conocer el criterio de asignación de la “bonificación y suplementos” otorgada a agentes que presentan sanciones en su legajo personal.
“La modalidad de contratación utilizada (…) no cuenta con contrato formal alguno” advierten los auditores en el caso de al menos 20 trabajadores que además “no cuentan con ART, ni aportes previsionales”. Estos empleados “cumplen funciones en distintas dependencias del Municipio (Hacienda, Fiscalización, Control y Tesorería) lo que torna vulnerable al ente auditado, ya que a los mismos no les resulta aplicable las disposiciones de la Ley 6.068, no siendo pasibles en consecuencia de sanciones disciplinarias”.
Los profesionales del organismo de control revelaron que la comuna “no cuenta con legajos correspondientes a los asesores técnicos profesionales (personal contratado)” y que “el ingreso del personal contratado a planta permanente se llevó a cabo omitiendo los recaudos de concurso y selección establecidos por el Estatuto de Empleado Municipal”. Por eso, denuncian que por ejemplo “existen erogaciones de personal que se cancelan con recibos municipales y no se incluyen en los recibos de sueldos correspondientes”. Según acusan los auditores, todas estas anomalías transgreden “el Estatuto del Empleado Público de la Provincia de Salta como así también la Ley de Contrato de Trabajo”.
Las casi 40 observaciones y apenas 3 recomendaciones contenidas en el informe desnudan la gravedad de la situación en el Municipio de Coronel Moldes y justifican la intervención dispuesta por la Legislatura hace algunas semanas.
Sin embargo, la expresa y por momentos violenta negativa a colaborar con los auditores por parte de las autoridades municipales (no proveyeron el Libro de Resoluciones Municipales, ni los Libros Bancos y las conciliaciones bancarias de las distintas cuentas, ni los Contratos celebrados con profesionales externos para el asesoramiento en temas Legales y Contables, entre otros documentos requeridos) y la distancia entre el periodo auditado (2012) y la presentación del reporte (2015) revelan también las dificultades que enfrentan los organismos de control para garantizar la trasparencia en la administración pública en la provincia.
