Luego de tres períodos al frente del municipio de General Güemes, Daniel Segura tuvo que afrontar algunas denuncias en su contra.
A fines del mes pasado diputados provinciales recibieron a Débora Ramírez, Jueza de Falta del Municipio de General Güemes y a la Intendenta de la localidad, Alejandra Fernández, quienes aseguraron que la magistrada debe afrontar situaciones de acoso institucional y una campaña de desprestigio en su contra, sumada a la falta de respuestas por parte de la Justicia salteña. Todas estas situaciones provocadas, aseguraron, vienen del entorno del ex intendente.
Ramírez señaló a los Diputados que es víctima de diferentes situaciones de violencia, con el fin que deje su cargo. Entre ellas citó como ejemplo denuncias por maltratos que no habrían existido, la solicitud de tareas por parte del Concejo Deliberante de la ciudad que exceden sus funciones, y diversos hostigamientos en su vida cotidiana que incluso la obligaron a mudarse.
“Nunca pudieron acusarme por mal desempeño o que robé, es por eso que realizan denuncias sin fundamentos y buscan amedrentarme con estas situaciones de acoso y violencia institucional; inclusive tuve que cambiar mi domicilio”, explicó la Jueza de Falta. En ese sentido Alejandra Fernández confirmó que desde que asumió su mandato en 2015, tanto ella como la jueza, “han pasado situaciones muy difíciles provocadas por la gente que responde a la anterior gestión”.
“Vamos a interceder desde ambas comisiones para que la fiscal entienda que este es un caso muy grave que no se puede dejar pasar, y que lamentablemente ocurre en la mayoría de localidades del interior donde no se respeta la institucionalidad y mucho menos los derechos de la mujer”, manifestó en la oportunidad la legisladora Silvia Varg.
La situación denunciada por Ramírez viene de larga data, por ello el año pasado el Juzgado de Garantías N° 5 confirmó la elevación a juicio de la causa contra el ex intendente sobre los hechos cometidos en septiembre de 2015 cuando usurpó por la fuerza las oficinas del Juzgado de Faltas y colocó en un reemplazo a su secretario de gobierno sin tener facultad para hacerlo. Hasta la fecha Ramírez aseguró que pese a que la justicia le dio la razón de las situaciones sufridas por “abuso de poder”, no se le han brindados garantías para que culminen y el ex intendente posee contactos que le garantizan blindaje.
Varias en su haber
El ex jefe comunal y otros funcionarios además estuvieron señalados por el faltante de dinero proveniente de convenios celebrados con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, el Registro Nacional de Trabajo y Empleo Agrario (RENATEA) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para la adquisición de bienes mobiliarios y por un total de $2.002.801,81. La denuncia la radicó la actual jefa comunal, Alejandra Fernandez. Segura se defendía diciendo que espera que la «Justicia también investigue a la actual gestión» que «todos los días tiene un curro nuevo».
En declaraciones al periodista güemense Oscar Serrano, Segura sostuvo «Me parece bien que la Justicia Federal investigue. No tengo fueros ni cargo, ni soy ñoqui de la Provincia. Termine mi gestión y seguí trabajando. No busqué amparo ni político ni nada. Esta gestión no puede seguir amparándose en mentiras para no hacer nada. Lo único que hicieron fue la plaza, que hasta ahora no pueden explicar donde pusieron la cantidad de plata que se gastó», sostuvo Segura.
Segura y Arcadio
El empresario Sebastián Héctor Silva, prestó declaración indagatoria por ser socio del ex gerente de LUSAL Matías Huergo, en la causa que se lleva adelante. Silva declaró ser empleado de Huergo, sin embargo, Luis Leal, periodista en la localidad de Güemes aseguró en el portal Buffo- que el empresario, junto a Camila Muñoz, que también fue citada a prestar declaración indagatoria, es testaferro del ex intendente Daniel Segura, quien es el verdadero dueño de la empresa Arcadio.
“Segura lo saca de la función a Silva para crear Arcadio. Hay que tener en cuenta que Segura estuvo 12 años como intendente. En un momento, en un problema económico, que tuvo trascendencia provincial, por unos cheques de los que no se entendía dónde fueron a parar los fondos del municipio, Silva estaba en Hacienda por lo que tuvieron que alejarlo y cómo había que continuar la historia crearon Arcadio”, aseguró el periodista.
Leal, informó que la empresa fue la adjudicataria de toda la obra pública vinculada con la luminaria en Güemes. “Hay obras que han dejado muchas dudas porque no se condicen con los fondos asignados”, comentó.
