El 22 de enero de 2020, Sabina Frederic le pidió a las autoridades de Gendamería Nacional que activen una auditoría interna para saber si los jefes a cargo de los operativos de despeje del 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut, incurrieron en “conductas pasibles de reproche disciplinario” que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado.
De ese informe final surgió que el 31 de julio se originó la manifestación en la Ruta Nacional 40 por un grupo de personas identificadas con la comunidad mapuche y sus reivindicaciones.
El magistrado de turno pidió concretamente intimar a las personas que se encontrasen sobre la ruta a que “cesen de impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones”, y les hizo saber que —siempre y cuando no incurran en actos de violencia— podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión “a prudente distancia” de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, dispuso que el personal de seguridad estaba facultado para detener a las personas que eventualmente intentasen impedir el incumplimiento de la medida, así como a las personas que no cumpliesen con la intimación.
Para el Poder Ejecutivo actual, la gestión anterior del Ministerio de Seguridad dio instrucciones a la fuerza cuando no debía, porque los gendarmes estaban allí dispuestos como un “órgano auxiliar de la Justicia” y debían cumplir los mandatos de Otranto y no las directivas de las autoridades políticas de la Administración Nacional.