El 17 de octubre de ese año de 2017 aparecía el cuerpo de Santiago Maldonado en el río, después de 77 dias, tras el violento desalojo de una manifestación en Chubut. Dijeron que se ahogó porque no sabía nadar. 

El 22 de enero de 2020, Sabina Frederic le pidió a las autoridades de Gendamería Nacional que activen una auditoría interna para saber si los jefes a cargo de los operativos de despeje del 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut, incurrieron en “conductas pasibles de reproche disciplinario” que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado. 

De ese informe final surgió que el 31 de julio se originó la manifestación en la Ruta Nacional 40 por un grupo de personas identificadas con la comunidad mapuche y sus reivindicaciones. 

El magistrado de turno pidió concretamente intimar a las personas que se encontrasen sobre la ruta a que “cesen de impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones”, y les hizo saber que —siempre y cuando no incurran en actos de violencia— podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión “a prudente distancia” de las fuerzas de seguridad. 

Asimismo, dispuso que el personal de seguridad estaba facultado para detener a las personas que eventualmente intentasen impedir el incumplimiento de la medida, así como a las personas que no cumpliesen con la intimación. 

Para el Poder Ejecutivo actual, la gestión anterior del Ministerio de Seguridad dio instrucciones a la fuerza cuando no debía, porque los gendarmes estaban allí dispuestos como un “órgano auxiliar de la Justicia” y debían cumplir los mandatos de Otranto y no las directivas de las autoridades políticas de la Administración Nacional. 

A Noceti se le atribuye un interés político contra lo que en su momento se le dio en llamar Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Instruyó el operativo basado en un protocolo para actuación de las fuerzas de seguridad promovido por la ex ministra, que nunca entró en vigencia y omitió el que sí tenía validez en ese momento, sancionado en 2011.

A Ernesto Oscar Robino, se lo denuncia por haber “favorecidó” con una verdadera “absolución administrativa” a todos los agentes respecto de sus conductas durante los operativos de despeje en la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La “autoinvestigación de Gendarmería” presentada a Frederic, es contundente. Hay en la actuación de Noceti y Gendarmería Nacional una presunción de que las autoridades de la fuerza de seguridad cometieron deliberadamente una “obstrucción de la disciplina y hasta de la justicia, al bloquear la sustanciación de una investigación administrativa que pudiera arrojar luz y reunir elementos de prueba sobre el accionar de la fuerza que también se investigaba en sede judicial”.

Pablo Noceti mantuvo una reunión con los jefes de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policías de las provincias de Rio Negro y Chubut, en la que ordenó trabajar en conjunto, a los fines de neutralizar el accionar del grupo que consideraba terrorista y denominaba RAM. Además exigió que el operativo se llevara adelante en el marco de un protocolo cuya utilización era improcedente e ilegal porque nunca entró en vigencia. Ese protocolo contemplaba la figura de la flagrancia para el abordaje operativo de las manifestaciones públicas.

Sin embargo, cerca de las 13 del 1 de agosto de 2017 los manifestantes volvieron a tomar la Ruta Nacional 40. Y el personal de Gendarmería Nacional, como consecuencia de las instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza, activaron el despeje bajo las órdenes del comandante Pablo Escola. 

Si bien existía una orden judicial con los lineamientos a seguir con el objeto del despeje de la ruta, habria sido de suma relevancia la intervención de Noceti para condicionar y delimitar el actuar de la Gendarmería Nacional.

La conclusión a la que llegaron los denunciantes es que el protocolo no vigente de Bullrich habilitaba la acción y represión de las fuerzas de seguridad bajo el amparo del delito de flagrancia. 

Y que ese argumento desde un primer momento le sirvió al gobierno anterior para justificar el ingreso de Gendarmería al territorio tomado por los mapuches aun cuando el corte ya se había levantado. 

Para el Gobierno de Alberto Fernández el rol de Noceti fue determinante en el operativo que derivó en el desenlace fatal que arruinó la vida de la familia Maldonado. Razones suficientes para una denuncia.

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