Excusas para reprivatizarla
Las intenciones de privatizar nuevamente el agua, y la quiebra planificada de la empresa estatal fueron tema esta semana de casi todos los medios de comunicación locales. La creación subterránea de Aguas Transparentes por parte de un funcionario público, y su monumental recibo de sueldo llegaron incluso a la Cámara de Diputados de la provincia. Ni los periodistas más oficialistas del momento evitaron el tema que presentó este medio la semana pasada. El citar la fuente inicial de la información quedó -como siempre- en la caballerosidad de años atrás.
Manuel Baku
La última portada de Cuarto Poder desnudó la intención planificada de llevar Aguas del Norte a una quiebra terminal, como la excusa perfecta para reprivatizar el servicio. Si bien la intención privatista trató de ser desmentida por el ministro del área la nueva intentona se ampararía en la ineficiencia y el vaciamiento intencionado, tal como ocurrió en 1998, cuando el Estado salteño dejó en manos de la correntina Necon el servicio de agua y cloacas de la provincia, tras ganarle una polémica licitación al Exxcel Group. El actual déficit de 600 millones de pesos es imposible de soportar, incluso para quienes lo generan. La historia parece repetirse, con desmentida incluida. Allá por mayo del ´98, hasta el miope periodismo del diario La Nación advertía que una vez privatizada el agua pública, los hogares salteños pagarían un incremento inicial del 20% en la tarifa mensual, en épocas donde aún reinaba la ley de convertibilidad y ese 20% en pesos representaba un 20% en dólares prestos a salir del país. Lo que hoy calificaríamos como un “tarifazo criminal”.
Desde aquella gestación de Aguas de Salta hasta la fecha ni el diario de los Mitre podría haber adelantado lo que finalmente ocurrió: las falencias en el sistema siguen siendo las mismas o peores, la falta de inversión se agigantó y los costos operativos se incrementaron mas que la planta de personal. Todo esto y mas, pese a que el pueblo de Salta paga ahora uno de los servicios más costosos del país, siendo también la mala prestación de las peores de una Argentina, donde lavarse las manos y mantener la higiene general, puede incluso salvarte la vida.
Voces
El impacto que generó la portada del sábado pasado despertó de la hibernación al titular de Aguas del Norte, Luis María García Salado, y sacó del cómodo silencio al Ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, quienes esta semana intentaron -a través de notas pautadas previamente- rebatir la información contundente que presentó este semanario, con documentos oficiales, informes internos y hasta un pornográfico recibo de sueldo actualizado del mismo gerente estatal que creó una empresa paralela en 2019 (Aguas Transparentes SAS), a la cual hoy se le hacen agua los bolsillos ante el estado terminal de la firma estatal de calle España. Si bien García Salado intentó mostrarse firme y seguro en las aclimatadas entrevistas que brindó a la prensa radial, lo cierto es que su figura recordó el apodo que otrora recibiera un dirigente radical, al cual muchos conocían como “aguarrás”, puesto que “parece solvente, pero no lo es”. El titular de la Sociedad Anónima reestatizada por Urtubey una década atrás intentó en sus intervenciones radiales mostrar una gestión equilibrada que se contradice con el brutal déficit que reconoció el Ministro del área ese mismo día. En una de las notas, lo mas jugoso fue la explicación brindada sobre el recibo de sueldo del Gerente de Panificación, Normando Fleming (Mayo2020) que publicara en exclusiva Cuarto Poder y que luego fuera reproducido hasta en redes sociales y en la Cámara de Diputados por el vicepresidente del cuerpo, Ignacio Jarsún, y el diputado opositor Carlos Zapata, quienes expresaron todo su repudio por tamaño salario ante tan magros logros. En este sentido, García Salado explicó que Aguas del Norte no es una sociedad del Estado, sino que es una sociedad anónima con participación estatal, y se rige por Ley de Contrato de Trabajo y Convenio Colectivo del sector, por lo que las limitaciones de ingresos que rigen para la provincia escapan a esta sociedad. Es decir que un director de la empresa estatal puede cobrar como si administrara la Shell en Amsterdam, aunque apenas llegue a fotocopiar recibos de compra de cañerías cloacales para Villa Lavalle.
Como si anunciara una medida de austeridad concreta García Salado resaltó que no se actualizarán los sueldos al directivo durante este año, lo que no motivó siquiera una repregunta del entrevistador. Paralelamente afirmó que Fleming “viene de la época de Aguas de Salta y cuando se hizo el traspaso de personal se mantuvieron beneficios y antigüedad”, ratificando que “el sueldo bruto de este integrante de la empresa sería de 315 mil pesos, y es el único que cobra una cifra así”. Por supuesto que esto no es del todo cierto, puesto que olvidó una treintena de salarios de magnitud similar (superior a los 200 mil mensuales), incluidos los 15 que ingresaron en su primera semana de gestión. Lo llamativo, es que defendió la estabilidad laboral de Normando, al aseverar que “no puede hacer una reducción”. Posteriormente, todo fue una danza de pequeños detalles en un claro intento de blanquear una gestión presumiblemente recortada en gastos, aunque el resultado siempre sea un déficit millonario insostenible. Habló otra vez de las tarjetas corporativas, que en realidad eliminó Lucio Paz Posse hace mas de dos años, cuando asumió al frente de la empresa. Entre sus decisiones lo mas razonable fue terminar con algunos celulares pagos y la eliminación del plan 410 de OSDE para parte de la conducción empresarial del Estado. Señaló que rescindieron contratos con estudios jurídicos, aunque no detalló cuales, ni por qué.
Por su parte el Ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, también salió a la pista y fue mucho mas rápido y furioso al desmentir las intenciones privatistas: “de ninguna manera existe la intención de tercerizar la prestación del servicio de agua”, lo que suena muy bien dicho por TV, pese a que nadie puede dudar que el déficit financiero de la empresa no puede durar mucho mas. En este sentido el Ministro tuvo que confirmar que Aguas del Norte tiene una pérdida de 600 millones de pesos. Textualmente el funcionario dijo que “el balance financiero de Aguas del Norte tiene un saldo negativo que oscila los 600 millones de pesos”. Una forma muy técnica de reconocer el tremendo agujero presupuestario que es la empresa para el Estado provincial, cuyo gobierno suma apenas seis meses de gestión. Lo llamativo es que se habló mucho de los números y del recibo de sueldo de Normando Fleming, aunque muy poco se profundizó en el hecho concreto de la creación de Aguas Transparentes, la empresa privada y personal fundada el año pasado por quien actualmente ocupa un puesto gerencial en la empresa del Estado. Algo que parece, al menos una enorme desprolijidad, cuando no la preparación de una empresa particular para privatizar la pública, actualmente quebrada por esos mismos funcionarios.
Paralizados
Lejos de tan pequeñas y coyunturales explicaciones se encuentra el mar de dudas que genera lo que podríamos denominar generosamente “gestión”, pero que en definitiva muestra el parate total que sufre la empresa desde comienzos de año, cuando la actual administración ocupó además de las oficinas y los presupuestos, múltiples obras importantes a punto de finalización, las cuales no son terminadas, encareciendo en forma millonaria los costos y generando dudas sobre las verdaderas intenciones de estos retrasos. Los peor pensados podrían suponer que el retraso en la finalización de obras importantes terminará en jugosísimas renegociaciones con los contratistas, lo que genera pérdidas cuantiosas al presupuesto, pero interesantes conversaciones bilaterales.
A muchos sorprende que no se terminaran todavía los 600 mts que restaban concretar en diciembre, del esperado acueducto Yacuy en la norteña Tartagal. La vital obra, largamente añorada por la Capital del Departamento San Martín cuenta con una extensión de 20 kilómetros entre Aguaray y Tartagal. Además de las obras complementarias, este acueducto se paralizó el primer día de 2020, a tan solo seis cuadras de ser terminado. Inicialmente algunos conocedores del interior de la empresa, esperaban que la actual administración buscara inaugurar la obra luego de algunos meses en funciones, con el objetivo de adjudicarse políticamente la construcción. A siete meses de ese día, los 600 metros de cañería siguen sin concretarse. Lo mismo ocurre con tres plantas depuradoras de líquidos cloacales en el Departamento Orán, que contaban en diciembre con avances de obra del 80% (San Ramón Orán) y del 90% (Pichanal y Colonia Santa Rosa). Hablamos de obras cotizadas en cientos de millones de pesos, con lo cual las renegociaciones de precios pueden ser mas que interesantes en esas charlas bilaterales, café de por medio donde mojar la medialuna.
Otro acueducto paralizado, pero que contaba con un avance de obra superior al 80% en diciembre, es el que une San Lorenzo con Lesser/Castellanos. Estos trabajos también fueron llamativamente detenidos al llegar la actual conducción. Por su parte la planta potabilizadora sobre río Tartagal, entre esta ciudad y Mosconi, tampoco se inauguró, pese que en diciembre el avance de obra superaba el 90% y se proyectaba su puesta en funcionamiento para febrero de este año.
Ni que hablar de las plantas depuradoras y potabilizadoras de El Galpón y Gral. Güemes, donde los avances de obra a finales de 2019 eran del 50% y 60% respectivamente. Quizás se terminen para la próxima pandemia estas construcciones.
Mucho mas inexplicable es la paralización de las obras del acueducto norte que debía finalizarse en enero de este 2020. Esta importante obra (42 millones de dólares) está proyectada en cuatro etapas y conectaría el dique Campo Alegre con el Barrio El Huaico en la zona norte de la ciudad, donde la explosión demográfica impulsada por Urtubey en la última década forzó al máximo la infraestructura sanitaria, deteriorando notablemente el servicio, incluso de las barriadas mas antiguas y anteriores al proyecto U.
Toda una incógnita del por qué no finalizar obras prácticamente listas. En total se trataría de unas 15 construcciones de importantes dimensiones y presupuestos, de las cuales en estos siete meses solo se concretó y entró en operaciones la planta depuradora de líquidos cloacales de Metán, mientras que el caso de las pequeñas obras en marcha a finales de 2019, y actualmente paralizadas sin explicación, en total sumarían los 200 proyectos paralizados pese al avance que tenían.
De estos y otros temas nadie da respuestas, como tampoco nadie recuerda que actualmente la empresa suma siete camiones desobstructores comprados sobre el final de la gestión Urtubey con fondos propios, luego que en las dos primeras administraciones públicas desde 2009 el negocio de algunos directivos era alquilar estos camiones por una suma cercana al millón y medio de pesos, cuando cada unidad costaba seis. Las sospechas de autocontrataciones de maquinaria alquilada coincidía entonces con el buen pasar económico de quienes pretendían trabajar para el bien común. Hoy nuevamente la empresa parece destinada a un fracaso económico intencional, por parte de aquellos que luego pregonan la eficiencia privada por sobre la mala administración pública. Esto siempre justifica la entrega a manos particulares de un recurso vital y de un negocio superior a los 3000 millones de pesos anuales. Como diría el economista Carlos Melconian, “un bombón a la salida del colegio”.
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Volver al futuro
El recordado colega Carlos Pastrana en 1998 escribía para el diario La Nación un artículo sobre la privatización del servicio de agua y cloacas en Salta, bajo el titulo “Inquietud por las tarifas”. El texto del destacado periodista parece aún vigente 22 años después, cuando la historia parece repetirse: “Pese a que durante el primer año de la explotación las tarifas tendrán una reducción simbólica del 1%, éstas pegarán un sacudón importante a partir del mes número 13, cuando se incrementarán en un 20 por ciento. Y eso no es todo: el contrato contempla incrementos todavía más abultados, lo cual ha generado severos cuestionamientos de parte de las principales fuerzas opositoras.
También hay frentes de tormenta en el reclamo de algunos municipios que solicitan poder para hacerse cargo por su cuenta de los servicios de agua y cloacas. Uno de ellos es el de Campo Quijano, pero se pronostica que sus demandas terminarán en un callejón sin salida. Las autoridades de la empresa adjudicataria se apresuraron a aclarar que Necon tiene la exclusividad en toda la provincia.
En respuesta a los reclamos, (Juan Carlos) Relats, titular de la empresa que 30 años atrás surgió como Relats-Clebañoer SA, se comprometió a promover «la eficacia en la prestación de los servicios». También el ministro de la Producción, Gilberto Oviedo, dedicó un párrafo a los opositores, a quienes calificó como «profetas de la calamidad», después de reseñar el proceso y exaltar la necesidad de buscar inversores.
Juan Romero, por su parte, subrayó que «se busca despolitizar los servicios» y se apresuró a separar «las necesidades coyunturales políticas de la gestión empresaria».
En la actualidad, Aguas de Salta tiene 160.000 usuarios, un ingreso mensual de dos millones de pesos y quedará una deuda residual a cobrar por parte del Estado de 15 millones.
Con la concepción de que el agua y las cloacas forman parte de la atención primaria de la salud, el ministro de la Producción aclaró que la provincia subsidiará el servicio a las familias que no puedan afrontar su costo.
La empresa adjudicataria estima que la extensión del servicio a toda la provincia demandará entre cinco y ocho años de trabajo.
Para desestimar rumores, se informó que no se producirán cesantías y el mandatario provincial, por el contrario, aseguró que con las privatizaciones del Banco de Salta y de la Empresa de Energía Eléctrica se incrementarán las fuentes de trabajo”
