Finalmente, el martes los diputados salteños votaron a favor del pedido de prórroga para la ley nacional 26.160 de emergencia en la posesión de tierras de las comunidades originarias. La norma evita los desalojos.
La ley estuvo en vigencia los últimos 10 años; si bien en un primer momento se fijó como objetivo la regularización y entrega de las propiedades comunitarias, en la práctica no fue mucho en lo que se avanzó. Sin embargo, la norma tiene el mérito de haber contenido muchos desalojos y de ahí el interés de las comunidades en mantener su vigencia.
Durante el debate en la cámara, el diputado Ramón Villa habló de los puntos positivos de la 26.160, pero también señaló que “en muchos casos no se pudieron evitar los desalojos”. Luego denunció la represión sufrida por la comunidad “El Teuquito” de Rivadavia Banda sur, un hecho ocurrido este último fin de semana. Y remarcó que situaciones similares son comunes en la zona norte de nuestra provincia.
Por su parte, el diputado Borelli por el Partido Obrero, denunció la parálisis en la que el gobierno kirchnerista primero y el macrista ahora, dejaron la aplicación de la ley. Y Explicó: “La tierra es fuente de negocios mineros, inmobiliarios, madereros y agrosojeros. Eso es lo que prima para el gobierno: en este momento Urtubey encabeza un acuerdo minero para vaciar y contaminar la puna, en donde 33 comunidades coyas se oponen a proyectos de estas características ¿qué pasará con ellas?”.
La diputada Norma Lizarraga también tomó la palabra. Hizo hincapié en el abandono estructural que viven las comunidades, no sólo en cuanto a la tierra, sino en materia de salud, trabajo, educación y obra pública. La representante de Orán señaló: “es responsabilidad de nuestros diputados nacionales dar una batalla por la prórroga a esta ley para proteger a nuestros hermanos originarios”.
Los representantes salteños en el congreso tienen una enorme responsabilidad por delante.
