La industria del tabaco siempre ha sido pionera en el arte del lobby, y una vez más, este poderoso sector ha desatado una guerra en la discusión sobre los artículos de la Ley Bases vinculados a los impuestos. El diputado y contador de Alfredo Olmedo, Carlos Zapata en la mira de todos. Al gobernador y al periodista Marcelo Longobardi le dijeron que no se metan en el asunto.



La decisión del Gobierno Nacional de eliminar un capitulo clave, ha puesto en pie de guerra al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien aseguró que hubo lobby a favor de una empresa. En ese sentido, mediante X señaló que “algunos diputados, ignorantes de las realidades del interior argentino, junto con otros que presumen representar al sector tabacalero, han influenciado al Gobierno para que ceda”.


En el corazón de asunto se encuentra un entramado de intereses cruzados en torno a un negocio millonario. Según informaciones que trascendieron a la prensa, el pedido para que se retirará el capítulo fiscal que impactaba en las tabacaleras fue impulsado por al menos cinco diputados nacionales. Entre ellos: el diputado nacional Carlos Zapata, de La Libertad Avanza, quien ha sido señalado como uno de los impulsores de la exclusión de los artículos que benefician a Sarandí, firma para la cual habría operado el ledislador olmedista.


Lobbysta


Zapata, quien se encuentra casado con Carmen Luisa Usandivaras heredera de grandes extensiones de tierras en Rosario de Lerma y dueña de lácteos MU, ocupó años atrás el cargo de gerente en la Cámara del Tabaco de Salta. Sin embargo, su relación con la entidad terminó en desavenencias con la dirigencia, lo que podría haber influido en sus posturas actuales y en sus vínculos con el sector tabacalero foráneo a la provincia.


El impacto que tendría en la producción nacional y en el Fondo Especial del Tabaco son grandísimos según indican fuentes especializadas. En este contexto, no son pocos los que advierten que el sector libertario salteño intenta obtener el control del Fondo Especial del Tabaco, para hacerse de una caja de recursos significativa a nivel nacional. El dinero del FET se reparte entre las provincias productoras de tabaco, mayoritariamente a través de transferencias automáticas de acuerdo a su participación en la producción nacional y, el resto mediante el financiamiento discrecional de programas y planes para apoyo a la actividad tabacalera.


En los mentideros periodísticos también se comenta que los mileístas salteños intentan colocar un hombre en el mencionado cargo y estarían ofreciendo además del “doctor chapatin”, a la figura de quien fuera el Administrador del Fondo del Tabaco de Salta durante la gestión de Juan Urtubey, el dirigente y abogado camposanteño: Ricardo Julio Nallar. El mencionado fue durante casi toda la gobernación de su compadre Urtubey – el ex gobernador es padrino de una de sus hijas- el encargado de dirigir la repartición salteña, hasta que la administración del FET pasó a manos de la entidad que nuclea a los productores, la Cámara del Tabaco de Salta, cuya máxima autoridad actual es el también presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Salta, Estaban Amat Lacroix. Cuando José Vilariño se hace cargo del tema nacional, como Coordinador Nacional de Tabaco, lleva entre sus asesores a Nallar, a fin de que le acerque y proporcione los conocimientos adquiridos en tantos años de gestión.


Tal es el nivel de evidencia que ya existe una denuncia penal presentada contra Zapata por Enrique Cornejo, senador de Güemes; la misma destaca la necesidad de esclarecer las motivaciones detrás de las acciones del diputado que aparece descriptas hasta por el periodista Carlos Pagni.


Además, se han planteado cuestionamientos sobre la congruencia de las acciones de Zapata con su cargo como representante de los intereses de la provincia en el Congreso Nacional. Su supuesta defensa de los intereses de la industria tabacalera ha generado críticas sobre su verdadero compromiso con el bienestar de los salteños.


Zapata hasta las manos


La denuncia penal presentada contra Zapata por el senador provincial, Enrique Cornejo no es menor y tiene sobradas evidencias en su contra.


Al respecto declaró en Interactiva Noticias: “La verdad que él es una persona que se caracteriza por no guardar la forma, por expresarse indebidamente, es un irrespetuoso, y la verdad que yo creo que los salteños no nos merecemos un legislador nacional con esas conductas. Él manifiesta que es medalla de oro de la universidad, siempre quiere descalificar al resto de las personas. Está muy nervioso, no dice la verdad real, no dice bien cómo son los hechos, y se victimiza, permanentemente”.


Aclaró que Zapata pese a haberlo manifestado, no es productor tabacalero: “Él nunca perteneció a la Cámara del Tabaco, él fue uno más de nuestros técnicos, allá por el año 2013, él era gerente de la Cámara del Tabaco de Salta, yo había ingresado como Síndico titular, que lo sigo siendo hasta el día de hoy, y la verdad que, debido a su comportamiento, a su carácter, a su bajo rendimiento laboral, y era una persona muy irrespetuosa, la verdad que debo decir que ante su constante falta de respeto, la Comisión Directiva decide prescindir de su servicio y se lo indemniza, pero él, productor tabacalero nunca fue, dirigente tampoco, él era un empleado”.
“Junto con los directivos tabacaleros de mi provincia y de las restantes provincias, venimos trabajando hace años atrás para intentar modificar esta problemática, y cuando asumió el presidente Milei, nos generó una gran expectativa, porque con el gobierno anterior no tuvimos respuesta alguna. Entonces, la verdad que la producción tabacalera está sorprendida de que un legislador de la provincia de Salta haya ido en contra de los intereses de lo que indicaba esta Ley Ómnibus”, destacó el denunciante.


Apuraron a Sáenz


Durante la última sesión en la Cámara Alta, el legislador Enrique Cornejo, representante del departamento Güemes, lanzó una afirmación que sacudió el recinto: “El gobernador recibió un llamado para no hablar”. Estas palabras advirtieron algo que sobrevolaba y confirmaron una situación en la que el poder económico de Sarandí intenta influir en las decisiones políticas.


Cornejo destacó la determinación del gobernador: “Estas empresas están acostumbradas a ejercer estas medidas, pero no es el caso de nuestro gobernador, que se puso el poncho y nos va a defender”.


El propio Gustavo Sáenz confirmó estas presiones en una entrevista con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia de Buenos Aires: “Me dijeron ‘no te metas’”. Aunque no fue directamente amenazado, recibió “consejos” para no intervenir en un tema que involucra a un poderoso titular de una tabacalera, Pablo Otero, conocido como “El señor del tabaco”.


Según informes, empresas como Tabacalera Sarandí han eludido el pago del impuesto interno mínimo desde 2017, permitiéndoles ofrecer sus productos hasta un 50% más baratos que sus competidores. Esto despertó comparaciones con épocas oscuras del pasado, como señaló Longobardi al equipararla con “la época de Yabrán”.


Ante estas presiones, Sáenz expresó su preocupación: “No me podía quedar de brazos cruzados”. La situación ha generado un debate sobre la evasión fiscal y la necesidad de reformas impositivas.


Por otro lado, Cornejo expuso cifras alarmantes sobre la evasión fiscal en el sector tabacalero. “Las empresas que no pagan generan una pérdida para el Estado de $21.917.000.000 de pesos al año”, señaló.


Salta dejaría de percibir $7000 millones
Al respecto el ministro de Producción y Desarrollo de la Provincia, Martín De los Ríos, precisó las cifras millonarias en pesos que se dejarían de percibir. Dicho esto, el ministro sentenció que, en esta cuestión del tabaco, “se necesita restituir el estado de derecho” a partir de la liquidación del paquete de cigarrillos que afecta a todas las provincias. Por último y en cuanto a número, dijo que sumando lo que el Fondo Especial del Tabaco dejará de percibir, junto a la inflación y lo que no se va a coparticipar en cuestiones de impuesto interior, “creemos que Salta dejará de recibir entre 6 y 7 mil millones de pesos, son 700 millones de dólares”, concluyó.


La industria del tabaco y la Ley ómnibus


Según Clarín la Casa Rosada eliminó el ítem tabacaleras porque preferían que el tema se tratara por separado para dar más profundidad al debate.


Actualmente -y desde el 2017- Tabacalera Sarandí no paga el impuesto interno mínimo fijado para ese sector. El beneficio se le otorgó porque según la Justicia estaban en desventaja por ser pyme, frente a las empresas multinacionales.


Sobre ese tributo, se trata de un monto fijo de $517,5 por atado de cigarrillos. La intención de este impuesto es recaudatoria y extrafiscal, ya que apunta a encarecer los paquetes de cigarrillos para desincentivar el consumo.
En desventaja están otras pymes como Bronway, Formen, Tabes y Cigarrillos y Tabacos SA, que, si bien en un primer momento lograron las mismas medidas judiciales que Sarandí para no pagar el impuesto, actualmente si lo tributan.
En ese sentido, el artículo 189 y subsiguientes de la Ley ómnibus modificaban ese escenario; y en resumen haría que todas las empresas empezaran a pagar ese tributo por igual.


“Nadie se hace cargo”


El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, quien aseguró que “nadie se hace cargo” de los cambios en torno al sector tabacalero y los cambios en la Ley de Bases.


“Nadie se hace cargo de la continuidad del privilegio para el Sr. Tabaco. No fueron los funcionarios del Gobierno, tampoco los diputados del PRO ni de LLA. La mano invisible…”, ironizó.


A su vez, mediante redes sociales dijo que los gobernadores de provincias tabacaleras “solicitamos que se incluya de nuevo en el capítulo fiscal de la “Ley Bases” la regulación del impuesto al tabaco y que se discuta en el Congreso… Así queda claro de quién es la mano, y que den la cara los responsables ante los jubilados, y todos los argentinos de bien que están soportando estoicamente el ajuste, con la esperanza de que se terminen estos privilegios”.

Pesada denuncia


Representantes de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, denunciaron penalmente, por la comisión de los delitos de cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos, y el que en definitiva surja de la investigación contra Pablo Marcelo Otero, empresario, el de la Tabacalera Sarandí.

La base de la denuncia presentada en el Juzgado Criminal y Correccional de Buenos Aires, hace foco en una maniobra ilícita que tuvo como objetivo el fracaso de la modificación de la Ley del Impuesto Interno contenida en la Ley Bases, y habla de un email, como prueba, en donde el diputado Carlos Castañeto habría recibido la suma de 4 millones de dólares por parte de Pablo Otero para repartir entre algunos miembros de su bloque y para dos diputados del PRO (uno de ellos sería Zapata), que habrían existido, según la misiva, dos pagos, uno al principio de la gestión y otro contra el resultado de la misma, que el primer pago estuvo a cargo de una persona llamada Sabrina Lucci, quien sería la amante de Otero, y que habría sido acompañada por Roberto Modia. En la presentación ante la justicia, presentan pruebas, donde hacen mención al pago recibido, que habría tenido lugar en una cochera de Avenida Caseros 3057, el 15 de febrero de este año, en Buenos Aires, según se informó en La Nación.
El segundo de los pagos, según la misiva, estuvo a cargo de Javier Lapalma, quien sería un empleado de Otero y se efectuó a través de un hombre de confianza de Castagneto que ostenta un alto cargo en la actual AFIP llamado Ezequiel Lebed. Sobre Lapalma, trascendió que sería un alto comandante de Gendarmería Nacional.


Además, en dicho correo electrónico, adjunta información, sobre el pago de una suculenta “coima” que se dividían en tres cuentas, que posee Otero en EE. UU; (una del UBS, la otra es del BNY, Itaú Unibanco Sociedad Anónima, con sede en Bahamas), aportando en los mismos hasta el número de los Swift (‘Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales).


Asimismo, en la denuncia, explayaron que Pablo Otero tendría una suma superior a los 300 millones de dólares sin declarar en el extranjero en Brasil y Estados Unidos que estarían sin declarar y triangula operaciones con empresas off shore. Las operaciones de triangulación de dinero que desnudarían lavados de activos y otros eventuales ilícitos, que deberían darle intervención al departamento de Estado de los EEUU y del tesoro de ese país sino la profundización a partir de la PROCELAC y la UIF, se materializan a partir de determinadas sociedades off shore
El correo informa que el dinero con el que se habría pagado la suculenta coima partió desde tres cuentas que tendría Otero en Estados Unidos y que fue traída la Argentina a través de dos entidades financieras.