La tarde del jueves la justicia confirmó que Romero puede ser citado a declarar. Los máximos magistrados de Salta resolvieron una controversia planteada por los defensores de Romero que alegaban la imposibilidad de que un Senador preste declaración indagatoria, según legislación provincial. (Gonzalo Teruel)
La Corte de Justicia descartó un planteo de la defensa del ex gobernador y recordó que “resulta aplicable una ley del Congreso, la 25.320, porque el imputado es un Senador de la Nación y que el artículo 31 de la Constitución Nacional establece la supremacía de las leyes nacionales respecto de las provinciales”. En su última edición, Cuarto Poder denunció la protección judicial a Romero. Protección que, pese al reciente fallo en contra, se mantiene. Son varios los procesos judiciales que tienen por protagonistas al ex gobernador y su entorno y que aún esperan resolución.
Hasta el jueves, los expedientes 20368/10, 20565/10, 78945/10, 115649/10 se encontraban bajo responsabilidad de la Corte de Justicia. Los 2 primeros desde octubre de 2011 y los otros desde noviembre de ese año y abril de 2012. El trámite 78002/10 llegó a dominios de los superiores magistrados también en octubre de 2011 y tiene un proceso zigzagueante a la espera de confirmación al igual que el 115288/10, mientras que el 102884/12 está pendiente de aceptación.
“Caso La Ciénaga”
El expediente 78002/10 fue tramitado por el Juzgado Formal de 4ª Nominación y tiene por imputados a Juan Carlos Romero y sus colaboradores Víctor Manuel Brizuela, Javier David, Lucas Amado y Rubén Fortuny. Es el paradigmático “Caso La Ciénaga” en el que un grupo de funcionarios -encabezados por Romero- utilizaron información de carácter reservado para la obtención de lucro personal al permitir que el predio de 90 hectáreas pasara a manos privadas a un precio infinitamente menor al de mercado.
A la fecha, la Corte debe resolver si acepta las excusaciones de 2 de sus miembros: Abel Cornejo y Guillermo Catalano que desean sumarse a Susana Kauffman de Martinelli que ya fue excusada. Al excusarse los miembros de la Corte, debiera llamarse a conjueces y eso dilata la resolución de la causa.
“Caso Dinarco” o “Caso Estancia El Carmen”
En el Juzgado de 4ª Nominación fue instruido, también, el proceso 78945/10 o “Caso Dinarco” o “Caso Estancia El Carmen”. El delito que se investiga es el mismo que con las tierras de La Ciénaga: la utilización con fines de lucro de información o datos de origen reservado. Romero y su entonces “superministro” Gilberto Oviedo están imputados por la adquisición irregular de 8 mil hectáreas para la obra de la Autopista Circunvalación Oeste.
Por esta causa el ex gobernador fue citado a indagatoria. Apeló y la Corte resolvió -después de un año y medio- que Romero puede ser indagado. Como Kauffman y Catalano se excusaron, los conjueces Ángel Amadeo Longarte, Héctor Guillermo Alavila dictaminaron. El trámite estuvo listo para ser sometido a votación desde el 30 de abril.
“Caso Mercado”
El Juzgado Formal de 1ª Nominación inició otros 2 procesos contra Romero y su entorno. En el “Caso Mercado” -detallado la semana última por este semanario- están imputados por “Fraude a la Administración Pública” Romero, Wayar, Brizuela, David y Fernando Yarade mas las escribanas María Carolina Dellmans Pacheco y Laura Inés Wayar. La empresa Mercado SRL compró unas tierras que curiosamente vendió en menos de una semana a la provincia obteniendo en ese “pasamanos” una ganancia de $3 millones. Ante un par de apelaciones, la Corte resolvió el 28 de mayo que los jueces de la Sala 3ª del Tribunal de Impugnación deben intervenir.
Con similar delito imputado, el expediente 115649/10 indaga el supuesto fraude por parte de Romero y sus colaboradores en la compra de 20 hectáreas en la localidad de Dragones a la empresa Desafío del Chaco SA por 500 mil dólares. Antes, las 5.277 hectáreas de esa empresa agropecuaria habían sido compradas en 800 mil dólares. También se investiga en este proceso al círculo del ex vicegobernador Walter Wayar por una irregular adquisición de un terreno en Cachi. Por decreto, la provincia vendió en $5 mil un predio de 1 hectárea en el centro la localidad vallista a Felipe Delfín Wayar que después lo donó a su hijo Walter Raúl y sus hermanos.
Estuvo a voto de jueces y conjueces -excusados Kauffman y Catalano, designados Longarte y Alavila- desde el 30 de abril.
“Caso Cerrillos” y “Caso Mosconi”
Otras denuncias contra el senador y su círculo íntimo fueron radicadas en el Juzgado Formal de 7ª Nominación y desde octubre de 2011 tienen trámite en la Corte de Justicia.
También por Fraude a la Administración Pública, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público se investigan el “Caso Cerrillos” y el “Caso Mosconi”. En el caso del Valle de Lerma se investiga la compra, por algo más de $2 millones, de 18 hectáreas por parte de la desaparecida oficina de Familia Propietaria a una empresa que había comprado 2 semanas antes ese inmueble a sólo $80 mil.
En el caso de la localidad norteña, la provincia compró 3 días antes de la finalización del gobierno romerista 3 predios -catastros 10917, 10918 y 10920- por casi $1,5 millones. Esos terrenos fueron adquiridos un día antes de su enajenación al patrimonio salteño por parte de la empresa La Magdalena SRL a $450 mil. En estas operaciones inmobiliarias intervinieron Gustavo Daniel Martín y su esposa Luciana Olmos en representación de La Magdalena y Mashur Lapad, Brizuela, David y Raúl Romeo Medina en nombre de la provincia.
El máximo tribunal de Salta debe decidir desde el 30 de mayo si acepta la indagatoria a Romero, prevista en la ley 25320, o si por el contrario sostiene la inmunidad del congresista. El fiscal de Corte, Ángel Jerez Cichero, dictaminó a favor de hacer comparecer al ex mandatario.
“Caso Boroquímica” y “Caso Dash”
En el Juzgado de 7ª, además, se iniciaron otros escandalosos archivos penales. El “Caso Boroquímica” tiene por protagonistas a Brizuela, al reconocido abogado Raymundo Sosa y a Julio César Palombini. El letrado compró -Brizuela fue el escribano que certificó las operaciones- 2 predios por $160 mil dólares y se los vendió al IPV en $580 mil dólares. Más grave aún. La provincia fue doblemente estafada: pagó de más por unos terrenos que no son aptos para la edificación de viviendas porque están contaminados por la Boroquímica.
El “Caso Dash” es considerado en Ciudad Judicial como el antecedente directo de “La Ciénaga” y desnuda irregulares e ilegales operaciones inmobiliarias en el gobierno de Juan Carlos Romero. También con Brizuela como escribano, Dash SA compró una finca en la localidad de El Galpón por $190 mil. A continuación, donó y vendió al IPV 2 fracciones del predio, 21% y 21,99% respectivamente, pero por casi $1,6 millones. Es decir que la provincia se quedó, por $1,6 millones, con menos de la mitad de una finca que valía menos de $200 mil. El bochorno se completó con la adquisición de la otra mitad de la finca a sólo $100 por parte de Estancia El Carmen SA. La mitad de un terreno le costó a la administración de Romero más de $1,5 millones; la otra mitad le costó a la empresa de Romero -controlada por su hijo, Juan Esteban- apenas $100 mil. Como escribana de gobierno intervino Laura Inés Wayar.
De nuevo, el máximo tribunal decidió aceptar la indagatoria a Romero y terminar con la inmunidad del congresista. La jueza Kauffman se excusó porque su marido -el diputado Guillermo Martinelli- es apoderado legal de Walter Wayar; el juez Cornejo lo hizo por enemistad con el abogado Sosa y el juez Catalano por amistad con ese mismo imputado.
“Caso Hangar”
Un último oficio espera resolución judicial contra el ex gobernador. En el Juzgado Formal de 3ª Nominación se tramita el “Caso Hangar”. Pocos días antes de dejar la gobernación, Romero cedió en comodato parte del predio de la Dirección de Aviación Civil a la empresa La Represa SA, encabezada por su hijo Juan Esteban, para la construcción de un hangar. Juan Carlos Romero, entonces, benefició a Juan Esteban Romero con la cesión de un bien público. Según surge del expediente, la verdadera beneficiaria de esta operación es otra empresa: Avión Sur SA, propiedad del ex gobernador en al menos un 51%, que guarda su aeronave en ese hangar. Juan Carlos Romero benefició, entonces, a Juan Carlos Romero. Además de los Romero están implicados en la causa Medina y el ex titular de Aviación Civil, Ricardo Funes. El -entonces y todavía- titular del Senado, Mashur Lapad, fue quien rubricó el decreto de cesión pero dijo que “no sabía lo que firmaba” y la justicia por ahora le cree. La Corte deberá resolver los planteos de nulidad presentados por la defensa de Romero y su entorno.
El caso de la Corte de Justicia
Los jueces Posadas, Ferraris y Catalano terminan este año su mandato como miembros de la Corte de Justicia. Todavía a modo de rumor, ya se escuchan los nombres de sus posibles reemplazantes pero en despachos judiciales y políticos esperan los resultados electorales para confirmarlos. “Si Romero hace una buena elección podrá sostener magistrados más o menos afines pero si es derrotado por amplio margen, será el gobernador Juan Urtbey el que avance en la formación de una Corte que pueda comprometer al ex gobernador”, reseñó un operador político con oficina en Ciudad Judicial.
