El visor de la justicia federal está puesto sobre el mecanismo de cobranzas anticipado del boleto urbano, próximo a ser extendido a toda Salta. A mediados de este año, un leading case o causa molde, se llevará a cabo en la Justicia Federal de Córdoba. Tendrá en el banquillo a directivos de la misma firma encargada del servicio prepago de transporte en nuestra provincia. Válido como anticipo.
Por: Federico Pérez.
“En CBI 2 están los directivos de Atos”, le confirmó este fin de semana a “Cuarto Poder” el fiscal general ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, Carlos Gonella, al tanto de los negocios en Salta de esta firma. En agosto próximo, un mes después que esta misma empresa (¿?) extienda acá el sistema de cobro anticipado de boletos de transporte, sus principales ejecutivos estarán sentados en el banquillo en una causa por lavado de activos e intermediación financiera irregular.
Ellos son los integrantes de la cúpula directiva de Atos, el licenciado en Economía Juan Luis Dabusti, DNI 14.745.464; el licenciado en Informática Raúl Alberto Toscano, DNI 13.062.234; y el ingeniero electrónico Carlos Fernando Abril, DNI 17.645.860.
En los tribunales federales cordobeses se intentará dilucidar, entre otras maniobras, la interrelación entre Atos/Siemmens y la financiera CBI con dinero adelantado por los usuarios del transporte urbano al sistema de tarjeta Red Bus. “En un principio, era por 24 horas y luego se extendió a 72 horas”, especificó Gonella en referencia al tiempo que mediaba entre que Atos recaudaba por boletos y lo depositaba en esta cueva, y la posterior tardanza en ingresar este dinero a las arcas públicas.
En la causa CBI 1, concluida a fines de 2019, una ex empleada de la financiera mediterránea, Marcela Barreiro, aseguró que se habían pagado coimas al municipio capitalino por montos cercanos a los $ 400.000 por mes. A lo que el Fiscal, ex Representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de activos (GAFI), le anticipó a este periódico que “hay más elementos probatorios” que abonan con mayor profundidad lo dicho por esta testigo. Es decir, sobre el presunto pago de “peaje” a funcionarios.
Gonella le especificó a “Cuarto Poder” que en la etapa de instrucción de esta escandalosa causa, se puso el foco en el tipo de logística como la acordada entre Atos y la financiera CBI (que también incluyó convenios similares con Toyota y otras compañías de primera línea). La causa, cuyo 2° tramo comenzará en agosto, es un “leading case” o juicio modelo. O sea, podría extenderse a casos similares de lavado de activos y/o intermediación financiera irregular en otras partes del país. Por ejemplo, ya se relevaron pistas que llevan hasta la provincia de Mendoza.
El detonante fue la extraña muerte, aún en la nebulosa, del financista Jorge Suau. El Vicepresidente de CBI fue hallado sin vida un 13 de febrero de 2014, en la capital cordobesa. Luego del deceso del empresario y la investigación posterior sobre sus pertenencias se develó la interconexión entre esta mesa de dinero y firmas como Atos, Centro Motor Toyota, Toyota Compañía Financiera, Yacopini Inversora S.A. y el grupo empresario Dinosaurio, entre otros.
Cuenta regresiva hasta julio
En Salta, la empresa Atos tiene un acuerdo con la Sociedad Anónima Estatal de Transporte Automotor para proveer del soporte electrónico en el cobro anticipado de boletos. Por esta prestación, la firma investigada por sus hilvanados financieros en Córdoba retiene el 6,4 % del total recaudado, lo que en 2019 le permitió embolsar casi $ 113 millones. Aún así que la cobertura de terminales de autocarga no llega al 10 % del total del área servida, y ni qué hablar del mal funcionamiento de estas vetustas y escasas máquinas.
Es posible que ni una UTE formada por el chevallier Auguste Dupin, Hércules Poirot y Sherlock Holmes, logre develar un misterio reciente con las máquinas de Atos. Dos ataques a terminales de recarga, sucedidos en la última noche de 2019, en plena Plaza central de la localidad de Campo Quijano y la otra en la vereda de una comisaría en el capitalino barrio Limache! Ninguna pista sobre los posibles sospechosos, pero es lo de menos, ya que igual motorizaron pedidos de recursos ante el Ejecutivo provincial para cubrir sendos “perjuicios”.
Mientras que en la Universidad Nacional de Salta, la agrupación Franja Morada reiteró esta semana su reclamo por la instalación de máquinas de autocarga dentro del campus (que mantienen el precepto de operar sólo de a ratos), como también el motivo, destino y uso de datos privados de los estudiantes que el rectorado cedió a Atos/SANATEA (SAETA).
A la par que sectores defensores de los derechos de género le reclamaron esta semana precisiones al Ministerio de Seguridad por el uso de botones antipánico, los que en principio había adquirido el Ejecutivo para prevenir hechos de violencia contra la mujer, pero al parecer una partida quedó para la Autoridad Metropolitana de Transporte. De la AMT se la orientó al resguardo de los choferes en el área metropolitana que cubren el turno noche. Desde su sede en Bezons, Francia, Atos publicita entre su cartera de servicios herramientas y procedimientos en materia de seguridad y defensa.
En la justicia federal de Córdoba, los directivos de Atos deberán responder en agosto de 2020 por operaciones que superaron los $ 2.000 millones del boleto urbano prepago derivados al circuito ilegal.
Pese a este andar destartalado y oneroso, el Ministerio de Gobierno de Salta se puso como meta llegar a julio de 2020 con el sistema instalado para el cobro anticipado de boleto en todo el territorio gaucho. Un mes antes del juicio a celebrarse en el fuero federal cordobés, la actual gestión parece haber designado a Atos –cuyos directivos estarán cerca del banquillo- en un avance a contrarreloj, mientras quedó en segundo plano si se hará por llamado a licitación o bien a sola firma. Es lo de menos.
El planteo acusatorio
En la imputación que llevará en agosto próximo a los ejecutivos de Atos a los estrados –en la justicia federal de Córdoba- se incluyeron una gran cantidad de pruebas e indicios que los vinculan con CBI. A tal punto que, según le confió Gonella a “Cuarto Poder”, hubo una audiencia preliminar a mediados de febrero último para un “tracking” que delimite los testimonios que se oirán en las audiencias del octavo mes de 2020. En principio, eran más de 100 testigos y se acotó a poco más de la mitad para no extender demasiado el juicio.
En la imputación a los ya mencionados ejecutivos de Atos, -Dabusti, Toscano y Abril- la Procuraduría contra el Lavado de Activos (ProCELAc) detalló que utilizaron la cuenta corriente N° 13567/2006 denominada “puente – tránsito – recaudadora”, por la que fue posible ingresar “los valores provenientes de la actividad de intermediación financiera clandestina de CBI y monetizarlos”.
Por medio de este ardid realizaron operaciones (elusión) por “$ 2.065.645,39 (pesos dos millones sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco con treinta y nueve centavos) maniobra que al ser advertida por personal de la firma Siemens IT motivo la realización de un pago espontáneo”. Cabe aclarar que la marca comercial “Siemens IT” está controlada por Atos para sus operaciones en Argentina y América Latina, pero no implica responsabilidad de la homónima compañía tecnológica alemana.
En efecto, como indicó Gonella, Atos recaudaba y durante 24 horas tenía la potestad de volcar en una cuenta corriente –llamada Fondo de Transporte- en la financiera CBI, la que la propia Atos “debía crear por cuenta y orden de la Municipalidad de Córdoba”. La diferencia entre la comisión que esta misma empresa cobra a la lugareña SANATEA -6,4 % de la recaudación en bruto- y el 8,47% que cobraba a la Municipalidad de Córdoba estaba en la subcontratación de otra empresa (Rivelux S.A.) a la que destinaba el 2,15 %, más el IVA, de la recaudación bruta.
Todos estos detalles van a ser evaluados en este segundo capítulo que será desentramado en 5 meses más en los tribunales federales de la ciudad de Córdoba.
Un deceso y otras bajas
El pasaje al que hizo referencia el fiscal Carlos Gonella en la charla con este medio, fue el relacionado con el supuesto pago de coimas para habilitar el mecanismo en CBI que se registró en la primera parte del juicio, allá por abril de 2019. Hace menos de un año, en la justicia federal cordobesa, la ex secretaria administrativa de esta financiera, Marcela Barreiro, aseguró que el director de la compañía “no quería pagar más coimas a la Municipalidad” y que por ese motivo dio de baja el acuerdo con Atos/Siemens y Red Bus.
En aquella causa, la “responsable de los libros de actas de la sociedad que había constituido CBI Cordubensis” indicó ante la justicia federal cordobesa que “había un sistema en negro, denominado Sistema 2 donde se registraban las operaciones no declaradas”. Además, Barreiro admitió la destrucción de documentación que se hacía en esta financiera antes de varias inspecciones que realizaba la AFIP. Eso fue ante el estallido del escándalo que sucedió a la sospechosa muerte de Jorge Suau, el N° 2 de CBI.
En particular, la empleada administrativa dejó entrever la posibilidad que el director de CBI desechaba papeles, en función de algunos preavisos informales de contactos que tenía en el organismo tributario. Al evaluar lo declarado por Barreiro, el concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) se presentó ante la Justicia Federal y pidió que «se investiguen los dichos de la testigo y cualquier otro testigo que haya hecho referencia a la operatoria entre Siemens y CBI en relación a la recaudación y rendición a la Municipalidad de Córdoba del cobro de la tarjeta Red Bus», tal como publicó el 23 de mayo del año pasado el portal mediterráneo Enredacción.com.ar.
En su presentación ante el fuero federal, Quinteros, remarcó un pasaje de este relato y puntualizó que «ante la repregunta del fiscal sobre a qué se refería (Barreiro) con ‘costos extras’ y si podría precisar ‘a título de qué’, la testigo fue tajante y contundente al decir que refería a ‘coimas´”. El representante ponderó que «vamos a combatir enérgicamente cualquier práctica de este tipo, que son un cáncer para la política argentina, y perjudican de manera constante y sistemática a los vecinos”, en tanto que se comprometió a todo “esfuerzo para impedir que nos sigan robando”.
