A 5 años de marchas, la Comisión de Familiares contra la impunidad da su visión ante la eventual creación de una Policía de Investigaciones. “Están dando muchas facultades al sistema judicial para acusar”, consideraron. (Andrea Sztychmasjter)
La plaza 9 de julio se convirtió en el lugar donde el pedido de justicia de cada uno de los integrantes de la Comisión se materializó y tomó fuerza. Cada viernes ese espacio de encuentro muestra la cara de una Salta que no todos quieren ver en esta provincia donde la justicia no es para todos.
Con los más de 100 casos que forman parte de ella, y con la creación de otras comisiones en Orán y Metán, los familiares han encontrado un lugar de contención y expresión, una forma colectiva de incomodar al poder. ¿Qué hacer ante la impunidad y ante la mirada indiferente? Ellos, las víctimas, han tenido que “ir hasta el fondo” y denunciar públicamente a jueces y funcionarios.
“Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Merecer la vida es una virtud, es dignidad, es una actitud de identidad más definida. Cumplimos 5 Años de Lucha por Memoria, Verdad y Justicia”, fueron las palabras de Marcela López, madre de Marco Córdoba, para difundir las actividades que realizó la comisión a 5 años de existencia.
Su esposo, Raúl Córdoba, referente de la Comisión, comentó que sólo 17 casos llegaron a juicio oral y público, a pesar que el año pasado reunían 170. En lo que va del año el número de llegó a 194.
¿Para quién?
Fue el propio gobernador Urtubey quien en las sesiones legislativas de abril anunció la presentación de este proyecto de ley para la creación de una Policía de Investigaciones “para tener una fuerza ágil y profesional”. Luego el gobierno informó que esa Policía de Investigaciones iba a depender orgánicamente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad y funcionalmente del Ministerio Público Fiscal, como auxiliares y colaboradores de las Fiscalías Penales. Estaría conformada por efectivos de la Policía de Salta, instruidos especialmente por el Instituto de Formación y Capacitación del Ministerio Público Fiscal, que se creará para brindar formación en cuestiones técnicas especializadas de tareas investigativas, de derecho y de políticas criminales.
Antes de retirarse de su cargo, el ministro Alejandro Cornejo se encargó de explicar algunos detalles sobre la creación de esta policía, la cual tendrá a su disposición 100 efectivos elegidos a través de una Junta calificadora. Pero todos ellos ya deberán formar parte de las fuerzas ya sea en Criminalística o en la Brigada y 35 de ellos capacitados por el FBI.
¿Quien investiga?
Raúl Córdoba, señaló que la Comisión no fue citada todavía por la Cámara de Diputados para dar su visión sobre la eventual creación de una Policía de Investigaciones. Sin embargo, desde su experiencia consideró que sí debe haber “una profesionalización” de las fuerzas de seguridad.
“Desde la experiencia que presenciamos los juicios como el caso de Noelia Rodríguez, en donde las fuerzas fueron procesadas por la investigación, o el caso de la turistas francesas y otros casos de la comisión en donde los policías son llamados a declarar para aportar pruebas en el juicio, existe la clásica respuesta de ‘no me acuerdo’, ‘pasó mucho tiempo’, ‘no tengo precisión’. Es gente que se quedó atrasada en el tiempo, eso se ve”, señaló Raúl en referencia a la urgencia de capacitación que según su visión deben tener las fuerzas armadas.
Una de las críticas que realizó al proyecto presentado por el Ejecutivo provincial y que ya cuenta con media sanción del senado, refiere a la no renovación del personal que trabajará en este nuevo cuerpo:
“Ellos van a traer la misma gente que ya está en la Brigada de Investigaciones, es un grupo que se separa, no ponen gente nueva, ellos lo llaman como personas que ‘ya tienen experiencia’. Pero la Brigada estuvo involucrada en muchas investigaciones que no han salido bien, así lo dice la memoria de muchos casos, como las torturas de Güemes. Pero lo que nosotros hemos visto es que por ejemplo el sistema judicial baja una orden y dentro de la policía no se la cumple, o tarda o no se hace la investigación a fondo, todo eso produce un retroceso administrativo. Ellos (jueces y fiscales) no quieren depender de otros cuadros (policía). Ellos quieren autoridad para hacer ellos la investigación, es lo que quieren hacer con esta nueva policía”.
En concordancia con lo manifestado por la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta quienes en una carta advirtieron que con la aprobación de esta policía se “validaría legalmente el desarrollo de tareas de inteligencia absolutamente prohibidas” y que otorgarían facultades que permitirán actuar a este nuevo estamento “sin formación de una causa penal”. Y con lo declarado por el diputado Guillermo Martinelli, quien mencionó que con este proyecto se crearía un superministerio fiscal, Raúl cuestionó las facultades que se les otorgaría al sistema judicial:
“Les estas dando muchas facultades al sistema judicial para acusar, ¿y a la defensa que le queda para defenderse?, si el fiscal va a tener más poder que la querella. ¿Un abogado defensor oficial cómo va actuar si el fiscal tiene más poder que el propio abogado defensor del acusado?, se preguntó, “eso es lo peligroso, por eso desde la comisión creemos que se debe encontrar un punto medio”.
Siempre buscar
Dos juicios emblemáticos por “homicidio” ocurridos en nuestra ciudad este año se realizaron sin que los cuerpos de las victimas aparezcan. El de la joven madre Marcela Mamani, constituyéndose cómo el primero en nuestra provincia con estas características, y el de Noelia Rodríguez en Guachipas. Los familiares de ambas mujeres forman parte de la Comisión, y en ambos casos se denunció la tardanza en la búsqueda de las mujeres y en la posterior obstaculización de la investigación a través de diferentes elementos.
Raúl Córdoba entonces señaló: “En los casos de Noelia Rodríguez y de Marcela Mamani, no se actuó con celeridad en la investigación. En ambos hoy las dos personas que están condenadas no aceptaron que mataron. Entonces ¿qué paso en el proceso de investigación? Estas personas fueron aprendiendo cómo es el sistema judicial. Si ellos se guardan información en el tiempo saben que les va a favorecer por ejemplo para pedir prisión domiciliaria o una reducción de condena”.
Justicia, que le dicen
Javier Aramayo, pareja de Marcela, hoy condenado a la pena de 16 años de prisión, desde 2010 tenía la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del domicilio en villa Asunción, por reiterados actos de violencia de género. Aunque antes de escuchar su sentencia “El Indio” Aramayo declaró “Yo no maté a nadie”, todos los indicios y testimonios de familiares y vecinos de Marcela hicieron que el fallo de los jueces Pablo Farah, Carolina Sanguedolce y Ángel Longarte, de la Sala III en Feria del Tribunal de Juicio, lo encontraran “autor material y penalmente responsable de delito de homicidio».
Aunque en los fundamentos del fallo se puede leer: “…cobra plena significación la situación de violencia de género en la que se encontraba inmersa la victima a expensas del acusado, conforme dan cuenta los numerosos antecedentes que registra en contra de Javier Aramayo por ante los fueros Penal y de Familia, respectivamente”. Y aunque Marcela en el informe social había dejado informado que Aramayo la había amenazado de muerte, diciéndole que le iba a pasar lo mismo que a su expareja, y que luego también terminaría absuelto, como ocurrió con la imputación que tenía Aramayo por la muerte de su expareja, no se decidió encuadrar el caso bajo la figura de femicidio.
La Justicia se valió de este argumento para no condenarlo a perpetua, tal cómo se lee en los fundamentos: “conviene dejar sentado que el factum constituye un hecho de violencia hacia la mujer no obstante se cometió en febrero de 2012 (cuando Marcela es vista por última vez) cuando aún no se había incorporado el agravante de femicidio al código penal (reformada en diciembre de 2012)”.
¿Para qué está la policía?
En 2013 Salta fue elegida sede del Primer Encuentro Nacional de Madres en Lucha contra las drogas del que participó la Comisión salteña de Madres en Lucha contra el Paco, grupo que también forma parte de la Comisión de Familiares contra la Impunidad. En aquel encuentro las madres aprovecharon ese espacio para denunciar que en “Salta hay droga y al igual que en otras provincias, la policía es la que la vende, hay zonas liberadas y fronteras abiertas”.
Alselma Ríos, de “Madres de chicos con adicciones”, con un hijo de 28 años que tiene problema con las adicciones se hace presente en las marchas cada viernes en representación de muchas otras madres que no pueden asistir. “Yo una vez por la radio le dije a la Román Ru (secretaria de salud mental y adicciones) que ella no estaba dando los gabinetes psicológicos y desde ahí nos mandaron una vez los gabinetes a domicilio, pero nunca más volvieron”, recordó.
Por otro lado, Angélica Peñalva, tía de la joven Luján Peñalva al referirse a la creación de esta nueva policía señaló que ve que nada nuevo se vislumbra: “Es todo más de lo mismo, bajo el mismo poder corrupto que ya sabemos está sujeto a hacer de la justicia y las leyes un manejo a conveniencia. Se podrán crear muchas policías eso no va a cambiar nada, mientras sean los mismos dedos corruptos que la manejen, continuamos sujetos a la misma mugre, pese a que somos tantos los que esperamos justicia”.
