Greenpeace reclamó por un proyecto de ley sobre delitos forestales. La organización ambientalista denunció que la iniciativa “está trabada” en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja.
La iniciativa fue presentada por la organización ambientalista junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y “está trabada en la Comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña”, denunciaron.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Según detalló el portal Parlamentario.com el proyecto establece una pena de dos a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de dos a seis años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
