Según el Monitoreo de la libertad de expresión realizado por FOPEA, desde el 2008, Salta es la provincia después de Buenos Aires con más agresiones directas a la prensa. Un resumen de las causas que el organismo registró en nuestra provincia durante el 2013. (Andrea Sz)
El informe fue realizado por un equipo a cargo de Mónica Baumgratz, coordinadora del Programa de Monitoreo de la Libertad de Expresión en la Argentina y corresponde al año 2013. Uno de los objetivos de este programa es “Establecer una red federal de periodistas que detecte e investigue casos de violaciones a la libertad de expresión”, para ello FOPEA organiza una red de monitores en las provincias. En Salta el periodista Martín Rodríguez De La Vega, fue el corresponsal encargado de esta tarea.
Durante el 2013 el Monitoreo de la Libertad de Expresión de FOPEA registró 194 ataques en todo el país y el mayor porcentaje se dio en provincias del interior y a trabajadores hombres. En nuestra provincia de acuerdo al informe se registraron 11 casos, pero el interactivo interanual desde 2008 hasta 2013, suma 59 casos totales. Los registros de FOPEA señalan que acá ocurrieron 6 casos en 2008, 8 en 2009, 14 en 2010, 13 en 2011 y 7 en 2012.
En cuanto a los tipos de ataque el mayor porcentaje corresponde a agresiones físicas y/o psíquicas con un 33,5 %, le sigue con un 16,8% el hostigamiento, 14, 2% atentados contra la propiedad, 12, 7% restricciones al acceso a la información, 9,6% amenazas/ amenazas de muerte. En la lista también se encuentran la censura, detenciones arbitrarias, discriminación con pauta oficial, hostigamiento judicial y policial, e impedimentos de coberturas.
En cuanto al tipo de medio que sufre estos ataques, el informe señala que la radio es la más afectada con un 31%, seguida de la televisión con un 26% y diarios con un 20%. Mientras que el cargo o función del trabajador más agredido lo encabezan los periodistas de televisión, seguido de periodistas de radio y diario, le siguen camarógrafos y fotógrafos. El informe además realiza una descripción de quienes perpetuán los ataques, dejando en evidencia que muchas veces resulta difícil visualizarlos directamente, ya que el mayor porcentaje es de tipo agresor desconocido, con un 28,6%; les siguen en la lista la fuerza pública y personal policial, funcionarios municipales, propietarios de medios, activistas y militantes políticos.
Ataques locales
De los 11 casos que registró el Monitoreo de la Libertad de Expresión en Salta durante el año pasado, 6 corresponden a medios y trabajadores del interior provincial. El primero de ellos ocurrió el 19 de marzo en Tartagal cuando el periodista Víctor Cortéz, del canal VideoTar, denunció el incendio intencional de su automóvil. Cortez consideró que el hecho estaba relacionado con su actividad periodística ya que en esa semana había publicado un informe sobre las bocas de expendio de droga en Tartagal. Lo llamativo del caso fue que su automóvil fue movido del lugar donde estaba estacionado y dirigido hacia la casa del jefe de la Unidad Regional Nº 4 de la Policía de Salta.
El otro de los casos ocurrió en La Merced, el 11 de junio, cuando el periodista Daniel Rodríguez, conductor de un programa matutino en Radio Amir, fue atacado a la salida de la emisora, por Héctor y José Palomo, hijos del hombre procesado de abusar sexualmente de sus nietas. Por el hecho, mujeres de La Merced -repudiando al abusador y en apoyo al periodista- conformaron una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia.
El caso de Samuel Huerga periodista y militante del Partido Obrero en Orán, fue otro de los hechos que FOPEA registró. El dato fue que Huerga fue desvinculado de sus funciones docentes en el programa Conectar Igualdad, donde trabajaba hacía 7 años. Presuntamente sus investigaciones periodísticas publicadas en Radio Cadena NOA, fueron las causas.
Otro de los casos ocurrió el 14 de agosto de 2013, la movilera Cristal Pardo, trabajadora de la emisora AM 840, fue agredida por Jorge Jovanovich, hermano del secretario de Seguridad provincial, primo hermano del ministro de seguridad salteño, Eduardo Sylvester; y primo del intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. Pardo se había dirigido hasta el lugar para constatar las denuncias por trabajo infrahumano en un peladero de nueces.
El otro caso también de un periodista tartagalense tiene que ver con el hostigamiento por parte de autoridades policiales bolivianas contra Armando Álvarez, de FM Tartago. El periodista fue detenido el lunes 16 de septiembre en San José de Pocitos luego de que Luna Ugarte, una referente política de Salvador Mazza, lo denunciara ante la Policía local. Según relató Álvarez a FOPEA, él estaba realizando una investigación periodística y por ese motivo fue hasta la casa de Ugarte para intentar lograr su testimonio. Luego de presentarse y explicar el motivo de su presencia, fue maltratado por la mujer y sus familiares, quienes además intentaron arrebatarle la cámara fotográfica; luego llamaron a la policía, que lo llevó detenido al puesto policial local. Álvarez fue trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde, según relató, fue insultado y golpeado por los policías.
El último de los casos registrados en el interior provincial ocurrió en San Carlos, cuando el periodista Alejandro Tula denunció que el intendente de esa localidad lo despidió de manera abrupta luego de haber criticado cuestiones vinculadas a su gestión municipal.
Completan los 11 casos, los ataques que sufrieron periodistas y trabajadores de medios de la capital salteña. Santiago Kalinsky, de FM La Cigarra golpeado por efectivos de la policía provincial mientras cubría una manifestación; Adrián Valenzuela de Radio Vos 90.1 quien encontró un papel con la escritura “vas a morir”; las amenazas telefónicas anónimas recibidas en el Nuevo Diario: “Dejen de publicar cosas sobre el doctor Sosa y el doctor Medina, porque no saben lo que les puede pasar”; y las denuncias de censura que realizaran Daniel Quercia y Fernando Díaz cuando fueron sacados del aire en la radio Cadena Uno.
“El reino de la censura indirecta”
Es como titula un análisis sobre el Monitoreo, Fernando J. Ruiz, co-fundador de FOPEA, en el agrega “Todavía hay demasiadas zonas del país donde el periodismo profesional casi no tiene condiciones para desarrollarse… existe el riesgo de que el periodismo sea una zona que empiece a ser cada vez más ocupada por personas que lo que menos quieren es hacer periodismo. Cada vez más, empresarios ingresan al mundo de los medios por las razones incorrectas. Quieren proteger políticos, proteger negocios, y seguramente las dos cosas al mismo tiempo. Esos nuevos dueños serán los que definan la libertad que tendrá su redacción, por lo tanto hay poco para esperar de ellos”.
Ruiz señala en su análisis que “Desde el 2008, Salta es la provincia, después de Buenos Aires, con más agresiones directas a la prensa. La realidad de la provincia es muy diversificada, por lo que son situaciones muy diferentes y en una gran variedad de localidades”.
Culmina su análisis detallando varios casos de censura en medios de todo el país, denunciando además el comportamiento agresivo de las fuerzas de seguridad y los ataques a la prensa por cubrir temas vinculados al narcotráfico.
