Así lo manifestó la médica Miranda Ruiz quien sufrió una persecución política y judicial por ser la única no objetora de conciencia en el norte provincial.
Se cumple un año de la aprobación en el Congreso Nacional de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de un intento fallido de aprobación y después de un largo y amplio debate.
Pese a que una ley establece su realización son pocos los profesionales médicos que realizan la práctica amparándose en la objeción de conciencia. Tal como ocurre en provincias de raigambre católico como Salta.
Por eso la médica Miranda Ruiz quien llegó a tierras norteñas para cumplir con el propósito último de su profesión se convirtió en un blanco de persecución por parte de grupos antiderechos.
“En un momento sentí que si hubiese estado en la Edad Media me habrían quemado”, dijo la médica al recordar su detención en el hospital y posterior traslado a un calabozo, donde permaneció varias horas. Además de atender a mujeres en Tartagal, recorre varios kilómetros por semana para asistir a familias en localidades más alejadas que carecen de hospitales.
Su historia fue reflejada en un artículo publicado en The Associated Press. “Cubro más del 90% de la demanda (de abortos), por eso mi detención haría imposible el cumplimiento de la ley donde trabajo”, dijo Ruiz. La médica trabaja en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, una localidad del departamento de San Martín, situada a unos 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires y poblada por comunidades de escasos recursos.
