El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta dará a conocer hoy la sentencia del séptimo juicio que por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Salta, con seis imputados y 18 víctimas, entre las que se encuentra el ex gobernador Miguel Ragone.
Medios nacionales se hacen eco de la sentencia que tendrá lugar hoy en Salta, el juicio empezó a fines del año pasado y acumula diez expedientes. Uno de ellos investiga el secuestro, la desaparición y el asesinato de Miguel Ragone. Hay seis represores imputados, varios de ellos con pedidos de perpetua. Se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado.
Reproducimos a continuación una nota de Telam junto a Infojus:
La audiencia está programada para las 15.30, hora en que los miembros del tribunal, los jueces Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi, ofrecerán a los acusados la posibilidad de expresar sus últimas palabras. La semana pasada, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Francisco Snoppek y Juan Manuel Sivila, solicitaron prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para el ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil; y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, además del comisario retirado Antonio Saravia. Además, requirieron para los ex comisarios Abel Guaymás y Néstor Liendro las penas de dos años de prisión efectiva e inhabilitación especial por cuatro años, por considerarlos autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Los tres últimos ex policías son los imputados por la causa Ragone II, contenida en el expediente 4129 y la última en incorporarse a este proceso oral y público, y que además es la segunda que investiga el secuestro, la muerte y la desaparición del ex gobernador, ocurrida el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento a Güemes, en la ciudad de Salta. En tanto, la querella que representa a las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Salta, integrada por los letrados Martín Ávila y Gastón Casabella, solicitó para Saravia prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; y las penas de dos años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación para Guaymás y Liendro.
El mismo pedido realizó la querella de la familia Ragone, representada por Matías Duarte. Se trata del séptimo juicio que por delitos de lesa humanidad se desarrolla en Salta, que consta de diez causas con 18 víctimas de las cuales cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976. Las víctimas fueron Carlos César Martínez, Ramón Díaz Romero, Esteban Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú, y Lucrecia Barquet. A ellos se le suman Hugo Maza, Miguel Ragone, Santiago Arredes, Margarita Martínez de Leal, Rubén Yañez Velarde, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez.
Al principio eran doce los expedientes que se iban a tratar en este proceso, pero debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años, cayeron dos causas. Los delitos que se investigan son los de homicidio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento, en las distintas causas analizadas durante este proceso oral y público.
Operativos especiales
Según expresó el fiscal Sivila a Infojus Noticias, además del caso Ragone hay otros dos casos emblemáticos. “Uno, es el grupo de sindicalistas de la UOM y del gremio vitivinícola de Cafayate, que fueron detenidos el 24 de marzo de 1976. En un operativo especial, los llevaron a una sede del Ejército y luego a una cárcel. Lo novedoso es que muchos de ellos pasaron por un Consejo de Guerra, el único de la región. Se los acusó de tenencia de armas. Algunos fueron absueltos y otros, condenados. Pero a ninguno de ese grupo lo desaparecieron o lo mataron. De un grupo de diez, llegaron vivos al juicio cinco víctimas”, explicó. La fiscalía expondrá los alegatos esta semana mientras que la próxima estará a cargo de las querellas.
El otro caso, dijo, se relaciona con otro operativo donde actuaron distintas fuerzas represivas. René Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, militantes montoneros, fueron asesinados el 20 de abril de 1975, en la ciudad de San Lorenzo. Fue un procedimiento similar al de la matanza, esa misma noche, en Rosario de Lerma, de los militantes Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia, Marcos Estopiñán y Liendro Estopiñán. La versión oficial de la Policía fue que se trató de enfrentamientos. “Durante el juicio se probó que fueron ejecuciones sumarias y esos enfrentamientos fueron fraguados. Otra cuestión importante es que a Terán y Díaz Romero los empiezan a perseguir en Jujuy con intervención de la policía jujeña pero los siguen hasta Salta. Allí participan la policía federal y la salteña en un operativo conjunto para eliminarlos”, dijo Sivila.
Los ausentes
Quedaron pendientes los casos de Graciela Beatriz Juárez y Gerardo David Giménez Bravo, desaparecidos desde 1976. Pero no fue posible debido a la muerte del único acusado por estos hechos, Carlos Alberto Mulhall, quien fue jefe del Ejército en Salta y falleció el 21 de noviembre. Graciela cursaba 3° año en el Colegio Comercial N° 2 y alfabetizaba adultos; fue secuestrada al salir de clases, en agosto de 1976. Al día siguiente su casa fue allanada por el Ejército y su madre fue detenida. En el expediente consta que, señalando una fotografía de Graciela, el oficial a cargo les dijo a los soldados que lo acompañaban: “Ven, ésta es una montonera enemiga de la patria”. Gerardo fue secuestrado por un grupo de cinco o seis hombres, algunos de civil, otros uniformados, el 9 de octubre, a la madrugada, desde su casa. Militantes de organismos también lamentaron que en otras causas se esté llegando a los juicios tras el fallecimiento de sus denunciantes. Es el caso de la histórica dirigente de derechos humanos Lucrecia Barquet, del ex juez de Corte Ricardo Munir Falú y del sindicalista del vino Pedro Salomón.
