Los dos diarios oficialistas dan versiones encontradas sobre la postura del gobierno ante los asentamientos. Uno dice que dialogarán. Otro, que se viene el desalojo por la fuerza.
Punto Uno titula: “Llamado al diálogo: Parodi se referirá a los asentamientos”. El Nuevo Diario titula: “el gobierno reiteró que no negociará y Troyano pidió el desalojo de los terrenos ocupados”.
Parece que el segundo medio tiene razón. «Permitir la ocupación sería una enorme arbitrariedad para aquella enorme mayoría de familias que espera su vivienda respetando la ley y sin alterar el orden público», dice el comunicado del gobierno. Nada dice de por qué en seis años de gestión los funcionarios gastaron más recursos en hacer monoambientes para los niños bien, en vez de sanear el enorme déficit habitacional que padece la provincia.
Ahora la única solución transitoria que saca de la magna el gobierno es el desalojo por la fuerza (con la policía súper paga).
El diario chiquto indica que el fiscal Maximiliano Troyano recibió la denuncia del Gobierno Provincial y solicitó al juez Hugo Esteban Fernández que proceda a desalojar los terrenos. El asesor legal de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, Gustavo Dip, fue el que radicó la denuncia inmediatamente constatada la usurpación.
Los terrenos a “desalojar” son los que pasaron a ser de la provincia, cuando a fines del 2012 la Legislatura salteña determinó la expropiación de las 39,6 hectáreas ubicadas detrás de los barrios San Remo y Parque La Vega.
La situación es compleja, y los asentados están ahí esperando una respuesta del gobierno que, parece, no llegará: “Vivimos como podemos. Nos turnamos para higienizarnos en la casa de algún familiar y ahora estamos complicados con la comida porque los policías no dejan que entremos alimentos al predio”, contó Silvia, una ocupa, a El Tribuno.
El gobierno que prometió cambiar todo, ahora debe enfrentarse a las consecuencias de no haber cambiado nada.
