Hubo una inesperada rebelión de diputados de la UCR que incrementan los cortocircuitos en la coalición de gobierno. Dos legisladores se fueron del bloque molestos por los beneficios a opositores. Crearon el bloque Bicentenario.
Un grupo de diputados de la UCR ya no esconde su malestar por el funcionamiento de la coalición de gobierno. El disgusto y las diferencias de parte de ese sector con la conducción del interbloque de Cambiemos, hasta ahora sólo reconocido en conversaciones fuera de micrófono, empieza a manifestarse de maneras diversas, algunas más directas, otras más sutiles.
Por un lado, dos diputados de Tucumán decidieron abandonar el bloque de la UCR, en lo que representa, aunque muy pequeña, la primera escisión dentro del oficialismo. Se fueron enojados porque se consideran, según afirman, víctimas de un trato injusto de parte del Gobierno y de la conducción de la bancada respecto de diputados de otras provincias e incluso de legisladores de bloques opositores.
Por otro, Jorge D’Agostino, secretario general del bloque y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, decidió profundizar la división que genera el debate interno acerca de la relación del Gobierno con los jueces federales de la Capital. En línea con la ofensiva que lanzó Elisa Carrió, el diputado reclamó que el Consejo de la Magistratura envíe las declaraciones de los doce magistrados que instruyen las principales causas de corrupción, una batalla que la conducción del oficialismo en Diputados todavía no asumió como propia.
Los tucumanos que dejaron el bloque de la UCR son Juan Casañas y Teresita Villavicencio. Hace dos semanas presentaron una nota al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, para formalizar la ruptura y crear el nuevo Bloque del Bicentenario. En los documentos de la Cámara, que figuran en el sitio oficial, no dieron cuenta de la escisión.
Según dijo Casañas a LA NACION, ya no forman parte del bloque radical ni tampoco del interbloque Cambiemos. Fuentes cercanas a Mario Negri, presidente del bloque radical y del interbloque, y a Nicolás Massot, jefe de la bancada de Pro, afirmaron que Casañas y Villavicencio ya no están en el bloque radical, pero siguen dentro del interbloque Cambiemos.
Las verdaderas razones de la ruptura están en discusión. «Creemos que de esta manera vamos a representar mejor los intereses de nuestra región», dijo Casañas. Allegados a Negri minimizaron el tema y dijeron que el diputado rompió porque no se le dio la presidencia de la Comisión de Agricultura, que Pro prefirió ceder al massismo.
Lo que está detrás de la decisión, según dijeron otros diputados de buena relación con el tucumano, es el malestar de un grupo de legisladores radicales del interior. Se quejan de que el gobierno nacional privilegia la relación con los gobernadores y con las bancadas de la oposición que pueden actuar como aliadas, en detrimento de los dirigentes de la UCR. «Estamos mal con Pro. No te dan bola si estás adentro de Cambiemos. A Massa y a Bossio les va mejor cuando piden algo», dijo a LA NACION un diputado radical del interior.
Además del reparto de cargos en comisiones, el malestar radica en nombramientos que hace el Gobierno en dependencias provinciales de organismos nacionales, como PAMI, Anses, Vialidad y Desarrollo Social. En Entre Ríos, concretamente, el encargado de Vialidad Nacional es el ex diputado kirchnerista Osvaldo Elorriaga, que responde al gobernador peronista Gustavo Bordet, uno de los que apoyó el acuerdo con los fondos buitre. En Desarrollo Social trabaja Juan Maya, del Frente Renovador. Además de Tucumán y Entre Ríos, las tensiones también se dan en La Pampa, donde el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, anunció que Pro va a ir con lista propia en las próximas elecciones.
En este contexto de tensiones, la presentación de D’Agostino para investigar a los jueces federales mete una cuña más en la relación con el ala pragmática de Pro. El pedido es un proyecto de resolución que deberá debatirse en la Comisión de Justicia, presidida por el radical Diego Mestre, y luego aprobarse en el recinto. Si avanzara esta propuesta sería la primera vez que la Cámara de Diputados requiere el detalle de los bienes de los jueces federales.
Fuente: La Nación
