La gestión de «Kila» Gonza tenía un sistema de vales, igual que un almacenero. La caja municipal recaudaba en efectivo pero a lo recaudado no se lo depositaba en cuentas bancarias oficiales.

Apenas asumió la gestión, el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, denunció a la administración anterior y acusó directamente al ex lord mayor conocido como Kila Gonza. «Utilizaban los recursos municipales con absoluta discrecionalidad», declaro en cuanto medio se le cruzó.

Ante tales acusaciones la fiscal Simensen de Bielke requirió la elevación a juicio de una causa penal que se originara en distintos puntos. Uno de ellos tiene que ver con la denuncia de Saravia. El informe de auditoría sirvió como prueba. A eso se le sumó la denuncia penal hecha con anterioridad por el presidente de Auditoria de la Provincia y denuncias realizadas por los concejales.

Al parecer, la gestión tenía sistema bastante pintoresco de manejo de fondos. Un sistema de vales, tipo almacenero, donde giraban sumas importantes, de las que no rendían cuentas. La caja municipal recaudaba en efectivo, pero a lo recaudado no se lo depositaba en cuentas bancarias. También se prestaba dinero mediante pagares, se hacían contrataciones irregulares, gastos sin respaldo y se le cargaba combustible mediante cuentas municipales a vehículos que no lo eran.

Mediante esos vales, firmados por el Secretario de Hacienda, fue a parar a la compra de una camioneta, que no formaba parte del parque automotor municipal a la llegada de la nueva gestión y a la fecha no se sabe dónde fue a parar.

La denuncia por parte de Ferraris tuvo que ver con que el municipio no le brindó a la Auditoría General de la Provincia los informes requeridos de manera pertinente. Con lo que se ganó la denuncia del organismo por incumplimiento del deber de informar al organismo de control. La documentación faltante eran las ejecuciones presupuestarias, de dinero ya gastado, el presupuesto 2019 y la documentación de casi todas las obras publicas de envergadura.
En la causa que requirió elevación a juicio, la municipalidad de San Lorenzo está constituida en querellante y en actor civil.

«Es saludable que la justicia condene a quienes cometen delitos» dijo Manual Saravia esperando resultados contundentes por parte de la Justicia salteña.

Para lograr denunciar a Gonza, Saravia mandó a hacer una auditoría externa, que, aunque no dijo cuanto le costó al municipio, aseguró que fue mucho menos que el perjuicio que sufrió el municipio con la gestión anterior.

Como si esas dos denuncias no fueran suficientes, el imputado exintendente recibió otra, esta vez por parte del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dávalos, quien ya presentó en el Ministerio Público Fiscal toda la documentación probatoria que indica que el ex jefe comunal habría defraudado a la administración pública por más de siete millones de pesos.
La denuncia de Dávalos comenzó con un pedido de informe que el cuerpo hizo a Ceremonial y Protocolo de la comuna. El pedido era que rindan cuentas y envíen copia de lo actuado en los últimos tres años. Ahí saltó que en el último período del ex intendente, a través de esa área se realizaron dos compras de «juguetes», una por 412000 pesos y otra por 215000 pesos, que no tuvieron proceso licitatorio y ni siquiera facturas de las compras. Lo que está estipulado obligatoriamente por la Carta Orgánica municipal a partir de los 300000 pesos.
Las dos órdenes de pago van a un mismo proveedor, y aunque el sello es el mismo, las firmas no coinciden.
A partir de este llamativo hecho, el Concejo Deliberante pidió otro informe en donde solicitaban que se dé cuenta cómo se habían contratado camiones y a qué precio y el mismo informe, pero de 2019. Allí se encontró el mismo modus operandi que con la compra de juguetes, aunque con un monto bastante diferente. Contrataron por más de 6500000 pesos, sin facturas y sin licitación previa.

La única factura aparecida fue de 230000 pesos, a nombre de «Minera Santa Rita SRL», sin tener en cuenta que la única prestataria con ese nombre en Salta es una SA. Aunque lo más llamativo de la factura no era la denominación errónea, sino que el sello de quien fue a cobrar decía Javier Haddad y, al igual que en el caso anterior, las firmas no coinciden.

Las órdenes de pagó a nombre de la Minera Santa Rita, vaya a saber uno si se trata de una SRL o una SA, siempre excedieron los 300000 pesos. Incluso una de ellas llega a los dos millones de pesos, con retiros únicamente en efectivo, no en trasferencia o cheque, algo que corresponde hacer de acuerdo a la Carta Magna municipal.

En las órdenes de pago tampoco se especifica para qué se contrataban esos servicios de “camiones”, traslado de áridos, levantar ramas o escombros u otras tareas.
Cuando Gonza perdió las elecciones armó su propia empresa familiar de áridos con tres camiones y dos tractores, que utilizó para prestarle servicios al municipio cuando retornó en el período 2015-2019. No conforme con eso, una de las órdenes de pago detalla «arreglos camión rojo», sin especificar ni qué tipo de arreglo, ni la patente del vehículo. Y lo llamativo es que el municipio sólo tiene camiones verdes y ninguno rojo. El valor del arreglo del camión rojo ascendía a 1500000 de pesos.

La que sí tenía un camión rojo era la empresa de Gonza, Dávalos detectó eso y lo denunció en el Concejo, pero al salir de sesión el camión ya era amarillo.

La denuncia de Saravia, por otra parte, incluye al hermano del ex intendente, el concejal Aldo Gonza y su secretario de Hacienda, Rogelio Guaymás, por la desaparición de cuatro millones de pesos de una caja chica paralela. La mecánica utilizada en ese caso era firmar recibos «truchos» indicando someramente para qué se retiraba el dinero. Se encontraron 90 de esos recibos, en los que, los montos superaban el millón de pesos, con justificativos tales como «elecciones», «lota», «tablets» y a veces los recibos ni si quiera llevaban una explicación, sólo el nombre del hermano del intendente, «Aldo».

Finalmente, está la denuncia sobre la emisión de licencias de conducir sin cobro y en favor de «amigos del poder» del Municipio. El mecanismo en este caso habría sido la doble facturación, los carnets se cobraban, pero no se rendía el dinero con los comprobantes.
Para completar su frondoso expediente, el Kila Gonza, en su carácter de máxima autoridad del municipio, realizó un contrato de cesión por el plazo de 99 años en beneficio personal, para gozar de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo a cambio de una suma de dinero, irrisoria e incompatible con la función ejercida.
Luego de todo esto, el Juzgado de Garantías N° 5, resolvió no hacer lugar al pedido de nulidad de juicio y sobreseimiento presentados por la defensa técnica de los acusados y dispuso la remisión a juicio de la causa que tiene como imputado al ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público (cinco hechos) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real y en carácter de autor.
También fueron imputados el ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos), todo en concurso real y al exconcejal Aldo Dalmiro Gonza, por el delito de peculado en calidad de partícipe primario.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado en octubre de 2020 por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien pidió que se tenga por ofrecida la prueba, sin perjuicio de ampliarla en la etapa procesal oportuna y sumó las denuncias hechas por el intendente actual, José Manuel Saravia Arias; por el expresidente del Concejo, Juan Pablo Dávalos y el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris; distintas declaraciones testimoniales e informes técnicos, entre otros numerosos elementos.
La Fiscal también entendió que sin la participación de Rogelio Higinio Guaymás que, incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal, disponiendo en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, los hechos no podrían haberse llevado a cabo. Como también entendió que las maniobras no pudieron concretarse sin la participación necesaria de Aldo Dalmiro Gonza, quien retiró fondos municipales a los que no tenía acceso como concejal, mediante la firma de vales.
Así las cosas, la Justicia tiene la palabra. (