Tras ocho años de sospechosa inacción y de silencio oficial cayó uno de los alfiles de la corrupción en el norte provincial. ¿Qué tiene para decir la clase política del caso Méndez?

Un nuevo capítulo se sumó esta semana al historial de escándalos municipales del interior profundo. A más de una década del inicio del proceso de descentralización impulsado por la gestión «U», los jefes comunales devinieron en tristes protagonistas de estrépitos y polémicas de toda índole.

Alcanzada por una crisis sociosanitaria y sumida en un atraso histórico, la localidad de Salvador Mazza en el extremo norte provincial, fue escenario de un nuevo bochorno institucional que repercutió en la plana mediática nacional. Tras una serie de allanamientos en el edificio municipal y en propiedades del intendente Rubén Méndez, se secuestraron colosales sumas de dinero, además de rodados de alta gama, armas y otros bienes. El botín confiscado al patrón norteño se estima, sólo en dinero líquido (dólares, euros y pesos argentinos), por encima de los $200 millones. El monto equivale a 5 mil sueldos de intendente (se presume que ronda los $50 mil), para lo que serían necesarios 416 años de trabajo ininterrumpido al frente del ejecutivo. Una absoluta incongruencia.

A eso deben sumarse dos vehículos importados BMW de alta gama y una camioneta Ford F-150 Raptor por un valor aproximado de $56.835.000. Según se especifica en la denuncia presentada el 2 de septiembre pasado, el jefe comunal y sus allegados no podían justificar cómo habían adquirido esos vehículos ya que “los haberes que percibe como intendente ascienden a la suma de $50.000 aproximadamente”.

Según expresó la fiscala, los hechos podrían encuadrar en nueve delitos, entre los que se destacan: asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Algunas de estas figuras ya se habían invocado en la imputación que recayó sobre el alcalde el 24 de febrero pasado, luego de una denuncia presentada por el concejo deliberante.

A ocho años del escándalo que culminó con el desplazamiento del prostibulario Carlos Villalba y la intervención de Mercedes Junco, los pociteños ven repetirse la historia y se preparan para una nueva transición institucional.

 

Justicia amiga

Entre las múltiples cuestiones que llaman la atención del caso Méndez se destaca la impasibilidad del poder político y de la casta judicial. A muy poco de haber asumido, Méndez se topó con fuertes cuestionamientos y denuncias por parte de los ediles, algunas de las cuales aún tramitan en la justicia. Centenares de pedidos de informe no respondidos y varias cuentas sin rendir pusieron al jefe comunal en el centro de los señalamientos. En concreto, no hubo etapa de su gestión que no haya estado atravesada por denuncias y escándalos de grueso calibre.

En 2017, por ocho votos de nueve, el concejo deliberante aprobó su destitución argumentando la ausencia de actas municipales, presupuestos, numerosos conflictos con los empleados municipales y por denuncias de violencia de género. El caso fue llevado por el propio Méndez hasta la corte de Justicia de Salta donde durmió hasta caducar en 2019. No es para ignorar el grado de complicidad del órgano mayor de justicia, que demostró ser ampliamente diligente en cuestiones de mucho menor rango. Otras denuncias de distinta naturaleza también tuvieron el mismo derrotero en la justicia ordinaria.

Sin embargo, fue el poder político el sustentáculo de las acciones de Méndez, tanto en la gestión «U», como en la actual. En todos los estamentos del estado y la opinión pública sobrevuela el mismo interrogante: ¿En serio nadie se percató de semejante fraude?

 

Protegido del Grand Bourg

Tras haber completado el mandato de su antecesor Villalba, Méndez se alineo rápidamente con el gobernador Juan Manuel Urtubey. En mayo de 2015 Méndez fue reelecto como intendente por el Frente Justicialista Renovador para la Victoria, una alianza que por entonces se referenciaba en el kirchnerismo. Dos meses después de haber asumido su segundo mandato, Méndez se reunió con el ministro de Gobierno, «Juampi» Rodríguez, y anunció su postura de cara a las elecciones nacionales de aquel año. “El Municipio de Salvador Mazza, en el norte salteño, trabaja por el triunfo del Frente para la Victoria y cree en el triunfo de los pre candidatos a diputados nacionales por la lista Celeste y Blanca ‘Néstor Kirchner’, que encabeza Javier David, y en la continuidad del proyecto nacional con Daniel Scioli”, declaró. Por su parte, el ministro Rodríguez destacó a Méndez como “uno de los referentes más importantes que tiene nuestro frente”.

Entre 2014 y 2019 fueron numerosas las denuncias que recayeron sobre el intendente norteño, no obstante, nunca llegó a concretarse su detención. Para Salvador Mazza se presupuestaron numerosas obras en el marco del Fondo de Reparación Histórica, de las cuales sólo se llegó a concretar una. En ocho años de gestión, los vecinos de la ciudad fronteriza apenas alcanzaron a presenciar la construcción de una comisaría.

De 2019 a la fecha las cosas no parecen haber cambiado demasiado. A pesar del enorme aparato de inteligencia que el ministro de Seguridad y ex-coronel del Ejército Juan Manuel Pulleiro tiene a su disposición, jamás pudo echar luz sobre lo evidente. La corruptela que tenía lugar frente a las narices de la administración provincial sólo fue develada por la participación de fuerzas federales.

La justicia deberá resolver ahora si, además de malversar fondos, el destituido intendente no se repartía entre la función pública y otras actividades ilegales, puntualmente contrabando y narcotráfico. Una de las denuncias más recientes, de hecho, fue presentada en abril de este año por el propietario de una finca sobre la cual Méndez había construido un paso vecinal fronterizo. Una práctica aparentemente extendida en las localidades de frontera, ya que el intendente Sergio Oliva de Aguas Blancas fue denunciado por hacer exactamente lo mismo con maquinaria del municipio. Vale entonces preguntarse ¿Pueden haber pasado desapercibidas semejantes artimañas para el gobierno provincial y puntualmente para el ministro de Seguridad?, ¿En qué punto la indiferencia pasa a ser lisa y llana complicidad?

 

Narcoamigos

El 14 de febrero de 2016, Gendarmería detuvo en la localidad santiagueña de Monte Quemado a un camión Mercedes Benz que llevaba 267 kilos de cocaína. La camioneta que iba adelante del transporte abriéndole paso logró escapar, pero quedó en el aire la identidad del sospechoso de conducirla: Mauricio Gerónimo, concejal de Salvador Mazza y hombre cercano al intendente Méndez.

Los investigadores fueron a buscar a Gerónimo pero no lo encontraron. En videos grabados desde la clandestinidad y en mensajes vía Facebook al diario local Noticias Pocitos, Gerónimo refirió: “Es Méndez. Me cagó, pero lo voy a aclarar”. Recién en abril de este año fue condenado a 14 años de prisión en la causa bautizada como «febrero blanco».

En mayo de 2018, la Policía de Tucumán cerró una larga investigación por narcotráfico con 16 detenciones en su provincia. Las pruebas marcaban, sin embargo, que el origen de la maniobra estaba en Bolivia, desde donde la banda traía la cocaína al país de la mano de un ciudadano norteamericano. La droga era trasladada en vehículos hacia la capital tucumana para distribuirla en distintos barrios.

Uno de los narcos era el estadounidense. El otro, Jesús Enrique Méndez, era el hermano del intendente de Salvador Mazza. Cuando los medios le consultaron al respecto el jefe comunal apenas atinó a decir: «si las hizo, las tendrá que pagar».

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