La reciente declaración de la emergencia agropecuaria y ambiental por los incendios en el territorio provincial abrió el debate sobre la efectividad del estado crónico de alerta. Un recorrido por los distintos tipos de emergencia vigentes en la provincia y los que podrían decretarse en el futuro. 

Nicolás Bignante

Por el plazo de 180 días y en todo el territorio provincial estará vigente la emergencia agropecuaria y ambiental por los incendios desatados en los últimos días. La medida fue aprobada por el senado el pasado jueves y plantea una prórroga de tres meses más en el caso de ser necesario. El proyecto presentado por el oranense Juan Cruz Curá pasó en revisión a la cámara de diputados.

La nueva emergencia provincial forma parte de la aplicada tarea legislativa en materia de lucha contra los incendios, a la que debe sumarse una vergonzosa muestra de preocupación por escrito plasmada en un proyecto de resolución de la cámara de diputados. A grandes rasgos, el único aspecto que excede lo meramente declamativo en la declaración de emergencia es que se autoriza o faculta al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para el combate del fuego.

Al igual que en este caso, en cada una de las emergencias declaradas en la provincia en los últimos años escasean las políticas de impacto real. Las problemáticas persisten, los índices se agravan y el estado de emergencia se dilata en sucesivas prórrogas. Nadie parece dispuesto a asumir el costo político de levantar una medida provisoria de alerta hasta tanto no se hayan modificado las condiciones que fundamentaron su declaración. Y eso, como se sabe, puede llevar mucho más tiempo del previsto.

Emergencia Agropecuaria

En los últimos años transcurrieron varias emergencias agropecuarias en distintos puntos de la provincia. Las mismas están reglamentadas por la ley 6.241 y se definen como el estado que se produce cuando factores climáticos, telúricos, biológicos o físicos imprevisibles o inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren, la producción o la capacidad de producción de una región, dificultando gravemente la evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales. 

La sequía suele ser una de las causales más comunes de desastres agropecuarios, particularmente en los departamentos Rivadavia y San Martín. Actualmente se encuentra vigente el estado de emergencia en Cachi, para productores agropecuarios de los Parajes La Aguada, Las Trancas Banda Sur, El Algarrobal, Quilmes, San Miguel, Cachi Adentro, Fuerte Alto Banda Sur y Fuerte Alto Banda Norte, cuyos cultivos se vieron afectados por la caída de granizo. Son aproximadamente 170 los productores que sufrieron daños y 315 las hectáreas afectadas, mientras que la producción comprometida abarca poroto, pimiento morrón, pimiento para pimentón, tomate, alfalfa, vid y frutales. 

Emergencia penitenciaria

En junio de este año, el ministro de Seguridad y Justicia Abel Cornejo anunció la emergencia carcelaria con el fin de dar una respuesta a la insostenible superpoblación carcelaria. La medida se extenderá por tres años e incluirá, entre otras cosas, la incorporación de recursos para el Servicio Penitenciario de la provincia, la formación y capacitación de agentes en conjunto con la provincia de Jujuy, la construcción de la cárcel de Metan y un convenio de colaboración con Nación para el traslado eventual de detenidos a un cuartel del ejército en Tucumán.

Según datos aportados por el propio ministro, se encuentran detenidas entre 3900 y 4100 personas en la provincia, a las que deben sumarse otras 790 en comisarías. En 2008, el número de detenidos era de 1714, de manera que la población carcelaria aumentó desde entonces nada menos que un 139%.

Salta tiene capacidad para albergar a 1850 personas en los diferentes centros de detención, por lo que existe una superpoblación evidente y las instalaciones se encuentran claramente sobrepasadas. La alcaidía, en tanto, tiene capacidad para 350 alojados, aunque actualmente son más del doble.

El desborde carcelario que atraviesa la provincia no es otra cosa que una consecuencia de la decisión adoptada por la administración Urtubey, mediante la cual Salta adhirió al régimen penal de estupefacientes, que se conocería luego como proceso de desfederalización de los delitos de microtráfico. 

Emergencia en violencia de género

En septiembre de este año se prorrogó por 24 meses la vigencia de la Ley 7.857, que declara la Emergencia Publica en materia Social por violencia de género en la provincia de Salta. La declaración inicial de Emergencia tuvo lugar en septiembre de 2014 y luego fue prorrogada en 2016,2018, 2020 y ahora nuevamente.

Desde entonces, los índices de violencia de género en la provincia no mejoraron ni un ápice. Las denuncias radicadas ante comisarías y fiscalías fueron en aumento y los femicidios no disminuyeron en ocho años. Un informe detallado demostró que hasta el 31 de julio último ingresaron 3.524 causas por violencia contra mujeres en los juzgados de Violencia Familiar y de Género 1, 2 y 3 del distrito Centro, que incluye aquellos departamentos que no pertenecen a la sede de Cafayate, así como tampoco a los distritos Orán, Tartagal y J. V. González.

Las causas por violencia de género representan el 41% de los expedientes que reciben estos juzgados, que además tienen aquellos por violencia familiar (38%) y otros que ingresan como violencia, pero no están tipificados como tales y pasan a archivo o, si son de competencia penal, son derivados a fiscalías especializadas. Estos representan el 21%.

El proyecto para prorrogar la emergencia contó con dictamen de la Comisión Especial de Mujer, Género y Diversidad y la presidenta de la misma, la senadora por San Carlos, Sonia Magno, indicó que “resulta sumamente necesario el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y sin discriminación de ningún tipo”.

“En los últimos años han aumentado considerablemente los hechos de violencia y femicidios, en este marco se declaró la Emergencia Pública con el objeto de implementar las medidas necesarias para revertir todos aquellos patrones de violencia sexista que generan violencia”, señaló Magno y lamentó que “continúan los actos de violencia hacia las mujeres, por lo que se debe prorrogar la norma.

Emergencia Sociosanitaria

A comienzos de 2020, días antes de que se decretara el confinamiento por Covid-19, el gobierno de la provincia declaró la emergencia sociosanitaria para los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. La muerte de un número no esclarecido de niños wichís por desnutrición y/o deshidratación fue el detonante para la adopción de la medida.

A fines del mes pasado, la legislatura aprobó una nueva prórroga de la emergencia, esta vez por 180 días. Desde 2020 a la fecha fueron varias las comunidades del norte provincial que denunciaron no haber visto ningún avance en materia social, particularmente en la provisión de agua potable. Muchas de las obras prometidas, aún no han sido concretadas, como la red de cañerías para Misión Chaqueña, donde viven más de 1500 familias wichís.

Las críticas apuntaron contra el Ejecutivo por la falta de una planificación y políticas definidas para poder incentivar la radicación de profesionales de la salud en el interior provincial. Sin embargo, los legisladores entendieron en su mayoría que debían acompañar la nueva prórroga.

El diputado provincial, Jorge Restom, dijo que no pude sustentar un proyecto de emergencia sociosanitaria sin agua porque hay comunidades que no tienen este suministro todavía. 

De acuerdo a Restom, todos los Concejos Deliberantes del interior se expresaron en contra de una política sanitaria que lleva adelante el ministro de Salud de la Provincia. Además, Restom recordó que no hay profesionales médicos en los hospitales, una situación que se repite desde hace muchos años en el norte.

Otros pedidos de emergencia

Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferraris adelantó que la Provincia pidió al Gobierno nacional declarar en emergencia al Sistema de Transporte del interior del país. «El objetivo del pedido, es conseguir mayor financiamiento de parte del ministerio del Interior, a fin de evitar la medida de fuerza», subrayó Ferraris. 

Por otra parte, el presidente de AMT detalló que los gobernadores del Norte Grande, apoyaron la propuesta del gobernador Gustavo Sáenz quien pidió ampliar los recursos para el transporte del interior y que los mismos sean contemplados en el Presupuesto del año próximo. 

Esta semana, además, viñateros de los valles calchaquíes solicitaron la declaración de la emergencia por heladas tardías que afectaron los viñedos. Según los Socios de la Cooperativa Cooviagro Cafayate Salta, las pérdidas llegaron al 90 por ciento de plantas dañadas. Se estima que solamente en Cafayate, las pérdidas alcanzan alrededor de 600 mil kilos de uva entre medianos y pequeños productores.

En el ámbito municipal también cobró fuerza el pedido para la declaración de la emergencia Vial por el alto índice de siniestralidad. La iniciativa presentada en el concejo deliberante prevé que, mientras la emergencia se mantenga vigente, el 50% de la publicidad oficial sea destinada a campañas de prevención y capacitación en la temática.

Entre los fundamentos, la iniciativa menciona principalmente el incremento y gravedad de los siniestros viales, pero también agrega la congestión del tránsito, el colapso del sistema de transporte público y hasta el mal estado de veredas, avenidas, calles y puentes de la ciudad capital.