Desde Amnistía Internacional juntan firmas para que el gobernador Urtubey deje sin efecto el decreto que el mismo incorporó en 2012, cuando la Corte de Justicia falló en relación a la interrupción de un embarazo producto de una violación. “Son barreras arbitrarias y discriminatorias, ya que solo a las mujeres que viven en Salta se les aplica”, refleja el pedido.
La interrupción de un embarazo producto de una violación es legal en Argentina y el único requisito es una declaración jurada de la mujer. El 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo ha dejado clarísimo en la histórica sentencia del caso F., A. L. en donde también ha exigido expresamente “remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios de atención de los abortos no punibles (ANP)”, tanto al Estado nacional como provinciales.
Sin embargo, en la Provincia de Salta, mediante decreto 1170/12 el gobernador arbitrariamente incorporó un requisito adicional, la asistencia del defensor público o del asesor de menores e incapaces.
Uno de los casos que tomó relevancia en los medios y sirve de ejemplo de los derechos que vulnera el decreto de Urtubey, es el de la niña de 13 años embarazada de su padrastro, quien la había violado reiterada veces. El juez Soria y la Asesora de menores Flores Larsen, les habían impedido que se practique un aborto. Organizaciones fundamentalistas católicas salteñas también salieron a manifestar su oposición a que la niña aborte.
“Sumate a nosotrxs y exijamos juntxs al Gobernador de la Provincia de Salta Juan Manuel Urtubey, que derogue el Decreto 1170/12 y deje sin efecto la ‘Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de Toda Víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos No Punibles’ y que garantice el acceso al aborto no punible en su Provincia”, refleja el pedido de la organización internacional.
Para firmar entrar a http://www.amnistia.org.ar/abortolegalensalta
