La prensa nacional volvió a señalar cómo la justicia Federal Salteña obstaculiza las causas por los crímenes de la dictadura. Denunció que la Cámara Federal salteña apartó al fiscal de la causa en la que esta procesado el dueño del ingenio Ledesma por los secuestros de 29 personas entre marzo y julio de 1976.
La nota firmada por la periodista Irina Hauser de Página 12, puso énfasis en señalar que “A pedido del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y del administrador de la empresa, Alberto Lemos, la Cámara Federal de Salta resolvió declarar inválida la designación como fiscal ad hoc de Pablo Pelazzo, quien interviene en las causas en las que ambos están procesados por los secuestros de 29 personas entre marzo y julio de 1976 en Jujuy. El tribunal, que en decisiones anteriores había respaldado su actuación como fiscal auxiliar, se basó en una resolución de la Corte Suprema que en agosto último declaró ilegal el nombramiento de una secretaria como fiscal subrogante. Además, puso en duda la objetividad de Pelazzo porque con anterioridad fue querellante en causas contra represores en la provincia. Los organismos de derechos humanos locales evalúan la medida como un “retroceso” que busca obstaculizar las investigaciones y lograr “impunidad para los sectores dominantes”. El fiscal general apelará para que revise el fallo la Cámara de Casación Penal.
El fallo de la Cámara salteña aclara que todo lo actuado por Pelazzo hasta hora está a salvo y no es nulo, pero considera que no debe intervenir más como fiscal ad hoc. El texto está en sintonía con las denuncias que promovió el radicalismo contra fiscales subrogantes y ad hoc en causas de derechos humanos y de otras áreas y procuradurías, cuyas designaciones intentaron asociar con la procuradora Alejandra Gils Carbó, pero también se remontan a la gestión del ex procurador general Esteban Righi y pasaron por la de Luis González Warcalde. Aunque el fallo alude a las causas contra Blaquier, los organismos de derechos humanos de Jujuy temen un efecto dominó que afecte a otras causas.
Blaquier está procesado en dos expedientes: uno es por el secuestro de tres dirigentes sindicales, entre ellos el ex intendente Luis Arédez, médico y asesor de los empleados azucareros; el otro es por el secuestro de otras 26 personas (varios trabajadores azucareros y movimientos sociales) en las llamadas Noches del Apagón, entre el 20 y el 27 de julio de 1976. En el primer caso, su procesamiento está confirmado por la Cámara; en el segundo todavía no. La discusión sobre la permanencia de Pelazzo podría demorar la elevación a juicio oral.
Por lo pronto, el tribunal oral que está llevando adelante en Jujuy otro juicio contra seis represores del penal de Villa Gorriti firmó ayer una resolución garantizando la continuidad de Pelazzo en ese proceso. Lo resolvieron Daniel Morín y Fátima Ruiz López, pero votó en disidencia Federico Santiago Díaz, quien integra la Cámara salteña y suscribió el fallo contra Pelazzo junto con Jorge Villada y Roberto Louytaf Ranea.
El defensor de Blaquier, el ex camarista del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz, también había denunciado a Pelazzo ante la Justicia federal porteña, en una causa iniciada por el senador radical Mario Cimadevilla, por si fracasaba la estrategia provincial. De todos modos, cuando la Corte Suprema firmó en agosto un fallo que declaraba ilegal el nombramiento de la secretaria de la Procuración Alejandra Cordone Roselló como subrogante ante el propio alto tribunal, todos los pronósticos ya anunciaban que la decisión podría tener eco en otras provincias.
La Cámara de Salta –con jurisdicción en territorio jujeño– tomó los argumentos de la Corte y dijo que “hay un vicio legal formal insalvable en el acto de designación” de Pelazzo, por no tener cargo de fiscal concursado, con acuerdo del Senado, pero actuar como fiscal ad hoc. Según el tribunal se le dio esa función con la posibilidad de intervenir en una causa en reemplazo del fiscal titular, en forma “alternada o conjunta”. Su designación, concluyen, es “ilegal e inválida”. Dijo que los fiscales deberían subrogarse entre sí y, si no es posible, elegir un suplente de una lista de abogados. Según Pelazzo, “es un razonamiento equivocado, porque la Cámara analiza las reglas aplicables a los subrogantes, pero yo soy fiscal ad hoc (de apoyo)” y “los ad hoc han sido avalados por los tribunales de Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Tucumán”.
Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, explicó que Pelazzo fue nombrado por González Warcalde “de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, para integrar el equipo del fiscal Domingo Batule, quien desde 2006 elevó pedidos de ayuda a la Unidad de Derechos Humanos, que a su vez hizo reclamos a la Corte por las causas de derechos humanos de Jujuy en 2011”.
La Cámara agregó que Pelazzo fue querellante en casos de derechos humanos y dirige la Unidad especializada local. Todo esto lleva a la “sospecha de falta de objetividad”, dijeron los camaristas, que quieren cuidar “la imagen de ecuanimidad de la Justicia”. Para Pelazzo, sin embargo, no se demostró irregularidad alguna en su actuación y recordó que los fiscales si bien deben ser objetivos no son parciales, son acusadores. Incluso la misma Cámara había rechazado su recusación diciendo que los fiscales “no están sujetos a exigencias de imparcialidad”.
“Es un retroceso, es posible que se lleve el mismo planteo a otras causas”, dijo María José Castillo, querellante y abogada de la Secretaría de Derechos Humanos. Eva Arroyos, de HIJOS, señaló: “Es una noticia desalentadora, que pretende obstaculizar y lograr impunidad para los sectores dominantes. Los fiscales ad hoc han oxigenado el proceso de justicia cuando reclamábamos apoyo y personal para las investigaciones de derechos humanos. Sin ellos se pueden paralizar las causas”.
Pelazzo piensa seguir actuando mientras el fiscal general apela, y la Cámara de Casación revisa el caso.
