Argentina y Salta se encaminan al cuarto año consecutivo de caída del salario real en un contexto de pandemia y con niveles de empleo que aún no se recuperan del parate de 2020. 

De 2015 en adelante, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores fue cercano al 30% y todo indica que este año se añadirían otros tres puntos al desplome. Los ajustes tarifarios en carpeta sumados a las restricciones operativas que ya son una realidad en algunos distritos, reforzarían la pérdida del primer año de pandemia. 

En el plano local, las cifras presentadas por el gobierno provincial en el proyecto de presupuesto 2021, al igual que ocurrió con el presupuesto nacional, están lejos de la realidad, ya que proyectan una inflación del 29% cuando el propio Banco Central (a través del relevamiento de expectativas de mercado) la estima en el 50%. Los indicios de que el año en curso irá en la misma dirección que los anteriores pueden corroborarse en la ley de leyes: las partidas para salarios solo crecen un 14% mientras la inflación pronosticada está por encima del triple. El incremento ni siquiera compensa la inverosímil proyección del 29% sobre la cual el gobierno elaboró el proyecto y se sumará a los 15 puntos de caída del salario durante 2020.

A estas condiciones hay que agregar el eterno agravante de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la región NOA siempre se ubica algunos puntos por encima del promedio nacional. Las últimas mediciones correspondientes al mes de marzo de 2021, colocan a la región casi 5 puntos por encima de la media en la relación interanual. Esto es, 44,9% de marzo 2020 a marzo 2021, frente a 40,4% en el orden nacional durante el mismo período.

En los barrios populares, sin embargo, el esquema inflacionario puede diferir considerablemente. El Índice Barrial de Precios (IPC) elaborado por el Instituto de Investigación Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) arroja para el mes de marzo que la canasta básica alimentaria (que fija la línea de indigencia para una familia tipo) llegó a $25.697,51, mientras que la Canasta Básica Total (que fija la línea de pobreza) alcanzó los $61.417,05 para una familia tipo. La variación mensual respecto del mes de febrero, fue de 6,57% muy por encima del 4,8% fijado por el INDEC.  

En cuanto al empleo en tiempos de pandemia, los números dan cuenta de un leve repunte en lo que va del año, pero que no llega a suplir la drástica caída del año pasado. Para el INDEC, la población salteña económicamente activa es de 286 mil personas, de las cuales 255 mil están con trabajo, pero de esos, 40 mil personas son subocupadas, o sea, trabajan pocas horas al día, aunque manifestaron estar conformes con esa situación y no buscan otro empleo. 

En Salta, el sacudón se sintió con más fuerza durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, momento de mayores restricciones por la cuarentena obligatoria, en el que el índice de desempleo se disparó a 13,9%, luego de que en los primeros tres meses del año el índice fuera de 10,7, número similar al registrado ahora.

El desempleo en Salta, por otro lado, llegó entre julio y septiembre al 10,9%, lo que representa unos 31 mil desocupados, a los que hay que sumarles otros 64 mil subocupados demandantes de empleos, lo que indica que, solo en el conglomerado urbano de la ciudad de Salta y alrededores, 95 mil personas se encuentran dentro del mercado laboral activas en la búsqueda.

Los números de pobreza en la provincia cerraron el año pasado en un lapidario 45,5%, una escalada que tuvo su punto de agudización en los últimos años de gestión macrista y aumentó aún más en pandemia. En el segundo semestre de 2017, Salta registraba una pobreza del 24,8%, que a partir de ahí iría siempre en alza hasta casi se duplicarse al final del gobierno de Mauricio Macri alcanzando el 45,5 ya mencionado. Son actualmente 265.982 los pobres en el área metropolitana salteña, 22.766 menos que en la primera mitad del año pasado, cuando el total ascendía a 248.748. Con baja y todo, sigue siendo una cifra elevada, que se agrava con los 66.012 indigentes. Los hogares debajo de la línea de la pobreza llegan a 56.464 (31,2%), mientras que en la indigencia son 14.098 (7,8%).

En comparación con las otras provincias de la región, Salta hasta esta medición ostentaba el triste privilegio de tener el porcentaje más alto del NOA, pero ahora tiene el segundo mayor índice, solo superado por Tucumán, que registra un 43,5%.

En ese contexto, los anuncios oficiales saben a poco. En marzo de este año la provincia otorgó un aumento del 40,5% para la administración pública que se pagará de manera escalonada en los meses de: febrero, con un aumento del 12,5%; mayo, en un 8%; julio en un 10% y setiembre en un 10%. Tampoco parecen muy auspiciosos los anuncios de reactivación de la obra pública. Según datos recopilados por la bancada del Partido Obrero, se prometieron $40 mil millones, pero solo 12 mil viene de las arcas provinciales. Además, son prácticamente inexistentes las partidas para el plan “Mi lote”, al cual se inscribieron 32 mil familias, la mitad de las que están sin techo en la provincia. Mientras tanto, por la explotación privada de las tierras públicas de Salta Forestal, se prevé apenas recaudar un 1% del valor de la producción cuando la ley establece el 10%. El impuesto inmobiliario rural será apenas el 1% de los recursos porque los grandes terratenientes pagan sobre valores 30 veces menores a los de mercado.

Salarios, siempre por detrás de la inflación

Resulta inimaginable que el índice de precios al consumidor de los próximos meses sea inferior a 3% por mes. Si se lograra frenar la inflación y el incremento mensual (como máximo) fuera de 2% de acá hasta diciembre, el SMVM nunca alcanzaría al valor de la canasta Básica Alimentaria para 4 personas, estaría otro año más por debajo de la línea de la indigencia.

No llegaría a cubrir ni dos quintas partes de la Canasta Básica Total que establece la línea de la pobreza. En el caso de los planes como Potenciar Trabajo (que tienen la mitad del SMVM hasta febrero de 2022), nunca alcanzarían los $15.000, una cifra ínfima que no permite ni la mínima subsistencia.

Según el informe el INDEC de la Evolución de la distribución del ingreso (EPH) al cuarto trimestre del año 2020 tenemos en nuestro país un 70% de la población que percibe como ingresos menos que un SMVM, menos que $21.250.