Luego de múltiples denuncias y persistentes violaciones de las medidas de protección impuestas, un hombre y su actual pareja fueron condenados por actos de violencia física y psicológica, así como por desacato a la autoridad judicial.
En Rosario de Lerma, el fiscal penal Daniel Alejandro Escalante, representando al Ministerio Público Fiscal, logró una condena en un caso de violencia de género, lesiones agravadas y reiterado incumplimiento de medidas judiciales. La Jueza Gabriela Romero Nallar, tras un juicio abreviado, sentenció a Iván Ignacio Cabezas a un año de prisión efectiva por desobedecer nueve órdenes judiciales y cometer lesiones agravadas contra su expareja, con quien tenía dos hijos. Se consideró la relación de pareja y la violencia de género como agravantes. Cabezas fue inmediatamente detenido.
Simultáneamente, Andrea Celeste Guanca, actual pareja de Cabezas, fue condenada a seis meses de prisión condicional por lesiones y desobediencia judicial, en concurso real. La investigación se originó a partir de múltiples denuncias de la víctima, quien sufrió hostigamiento constante, violencia física y psicológica, además del repetido desacato de las medidas de protección dictadas a su favor.
La víctima, madre de dos hijos de Cabezas, había denunciado previamente violencia física, psicológica, amenazas y el sistemático quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N.º 1. Estas medidas incluían la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, sus hijos y sus lugares de trabajo, así como la prohibición de comunicarse y ejercer actos violentos. Sin embargo, Cabezas incumplió estas restricciones en al menos nueve ocasiones.
Asimismo, los incumplimientos registrados comprendieron apariciones frente al domicilio y lugares de trabajo de la víctima, publicaciones agresivas y amenazantes en redes sociales, hostigamiento verbal y gestual con insultos y amenazas de muerte, agresiones físicas perpetradas por Cabezas y Guanca, intentos de manipulación emocional de los hijos y mensajes intimidatorios enviados desde cuentas propias o de terceros, revelando información personal de la víctima.
Además, que entre mayo de 2023 y julio de 2024, se acumularon al menos doce denuncias formales sustentadas por capturas de pantalla, audios, publicaciones, informes médicos que documentaban las lesiones, informes policiales y victimológicos que confirmaban el daño psicológico, testimonios de testigos y ampliaciones de denuncia ante cada nuevo incidente. Guanca, por su parte, también fue denunciada por amenazas de muerte, participación en agresiones físicas y el envío de mensajes intimidatorios a través de redes sociales.
