La toma del rectorado abrió el debate de toda la gestión universitaria incluyendo al CIUNSa: organismo responsable de ejecutar la política de investigación. Cambio de normas, manejo arbitrario y político de redes internas de comunicación y retraso en el pago de los fondos. El CIUNSa, en definitiva no hace lo que dice. (Eusebio Marai)
El nuevo reglamento para gestión de programas y proyectos de investigación, aprobado por resolución CCI 071/2013 fue uno de los primeros temas que se pusieron en debate este año en la comunidad universitaria. Este instructivo excluye a estudiantes, eméritos y jubilados de la dirección de proyectos y no prevé la incorporación de docentes de los niveles preuniversitarios, algo que a posteriori se palió hacia octubre, con el emplasto que incluye a los IEM y a las sedes Tartagal, Orán y Sur, en convocatorias especiales.
Además de publicarse apenas a un mes del cierre de presentaciones con cambios que impedían que lo que planeaban los investigadores se pudiera hacer, otra de las cosas que se le achacan a esta gestión del CIUNSa es que no se dio participación a los académicos en la formulación de la norma.
Muchos docentes investigadores cuyos proyectos no vencían en este período “se salvaron” de la nueva disposición respecto de quienes debían presentar nuevos proyectos o renovar los que tenían en curso. Pese a esto, ni unos ni otros pudieron participar de un diálogo acerca de las condiciones planteadas, pese a que se cursaron notas y pedidos en ese sentido, escritos que según explicaron algunos de los firmantes, no han sido formalmente respondidos.
Aparentemente, el nuevo reglamento quiere ir paulatinamente a un sistema que emula las pautas de evaluación de entidades como el CONICET, a las que se las considera con altos niveles de exigencia. Pero, de esta manera, se abandona un proyecto institucional que se diferencia de entidades que tienen misiones y funciones diferentes. Según la página del CIUNSa los proyectos -programas- y trabajos “nacieron con la necesidad de promover la Investigación Científica y Tecnológica de nuestra universidad sobre todo para aquellos que no están categorizados o incluidos en el Programa de Incentivos”. Además, entre los objetivos fundacionales de la universidad, está la creación de toda una estructura de cargos para crear una plataforma de investigadores atendiendo a este órgano de promoción del área de investigación de acuerdo a las necesidades regionales. Para un docente de la casa que no quiso dar su nombre, el nuevo reglamento constituye “un recorte de dinero, un incremento de investigadores por proyecto, y menos proyectos. Aunque paguen más por proyecto habrá muchos menos” algo que, fustigó, se suma “al recorte de hecho que significa pagar tarde o nunca”.
Para otros “es un proyecto burocratista, que incrementa condiciones irrelevantes y trabas, que anula la capacidad de decisión de los jurados elegidos por el CIUNSa, que impone criterios y traslada la capacidad de decisión a reglas numerarias ejercidas por evaluadores de revistas”.
Hermanos menores
Hacia el mes de octubre se aprobó un reglamento que habilita a los colegios secundarios que dependen de la universidad (en Salta y Tartagal) y las sedes Tartagal, Orán y el Sur a investigar. El problema es que pone como condición que haya una comisión de seguimiento para sus proyectos durante los dos años de duración, que además debe avalar el informe final. El problema es que el reglamento no especifica cómo se va a designar esa comisión y en base a qué criterio. De alguna manera, le quita autonomía a los proyectos y ejerce una supervisión en base a… no se sabe. “Es discriminatorio, -indicó una docente- porque qué tiene el IEM de menos que sus directores no puedan gestionar los proyectos a su cargo si son profesores por concurso regular, manejamos proyectos como cualquier otra institución. Es algo que no se les pide a los otros proyectos aceptados en CIUNSA”.
Cambio de reglas
Un extraño caso de reglas que se imponen a pocos días de su puesta en vigencia lo constituye el de un docente de la Facultad de Humanidades que dirigía un proyecto de investigación al que se sacó el subsidio por no retirar el cheque en el plazo estipulado, por unos escasos días. Según estableció la presidenta del CIUNSA, Mónica Farfán, los fondos son redirigidos a gastos de funcionamiento organismo.
Normalmente, esto podría ocurrir, y el director del proyecto podría acceder a los fondos de gastos en general ya realizados desde su bolsillo, con la reedición del cheque. Lo llamativo es que esta decisión fue tomada a través de la resolución 042/13 del CIUNSa del 7 de octubre, emitida un día antes del vencimiento de ese cheque, de ese actor de la facultad que tantas tribulaciones costó a las autollamadas “autoridades de la UNSa”.
También significativo es que, según explicaron fuentes cercanas a la presidencia, la resolución tomada como fundamento para este tipo de determinaciones las toma el Consejo Asesor junto con la presidenta, pero este caso no pasó por esta instancia deliberativa. Más grave aún, la propia norma que decide una reestructuración presupuestaria y desvía fondos de subsidios de investigación a gastos de funcionamiento, lleva la sola firma de la presidenta Farfán, sin la venia del consejo asesor.
Lo paradójico es que el atraso de unos días de un director de un proyecto de investigación redunda en el castigo económico a personas -dado que los gastos emitidos de su bolsillo y el de su equipo, no serán reconocidos- y el desfinanciamiento de un proyecto. Esto, en el marco de un retraso inaudito en el pago de los subsidios, que este año se hizo en septiembre -aún falta la segunda cuota- cuando normalmente se realizaba en dos cuotas, una en marzo, otra en agosto. Otro capítulo de bicicleta de fondos, que parece poner en práctica la actual gestión rectoral, porque los fondos, según informes de entidades nacionales, están.
Incentivos
Pese a una lógica -o más bien retórica- reglamentarista de la gestión del CIUNSA, los pagos de los incentivos a investigadores docentes que se giran desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, en dos cuotas a semestre vencido, llevan un escandaloso atraso.
Según explicaron docentes de otras universidades nacionales los pagos correspondientes al 2012 ya fueron en su totalidad girados. De hecho, según la página de la secretaría, Salta lleva recibidos para este fin, hasta septiembre para el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores $1.473.000 (casi un millón quinientos mil pesos).
Según algunas personas vinculadas al CIUNsa, “la plata está, pero el pago lo tiene que aprobar el Consejo Superior”, en otro episodio de extraña retención de dineros públicos que se desvían o no llegan al destino en tiempo y forma.
TODOSUNSA
Otro eje lo constituye la dirección del correo interno de la universidad, TODOSUNSA, que en ocasión del La toma del Rectorado, emitiera una serie de enconadas diatribas, siempre contra la enemigable Facultad de Humanidades. En solicitud de derecho a réplica y de la creación de condiciones de “dialogo en la disidencia” un grupo de consejeras del CIUNSA ingresó una nota sobre tablas en la última sesión de ese órgano que fue desestimada por la presidenta, aduciendo, que no.
Antecedentes de extorsiones morales que encontraban faltas de ética en presentaciones formales de notas, como la que firmaran cerca de 80 docentes, por el nuevo reglamento de presentación de proyectos de investigación, hablan de la necesidad urgente de democratizar los espacios en la universidad y que las disidencias y opiniones sean respetadas así como las expresiones artísticas colectivas, estandartes máximos de nuestra humanidad.
