El juicio oral y público que se lleva adelante desde el 30 de junio en la Justicia Federal por el robo de 8 kilómetros de caños del Gasoducto del Nordeste Argentino, está en pleno desarrollo.
La causa cuenta con 11 los imputados, entre los que se encuentran el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, su secretario de Hacienda Freddy Céspedes y otras 9 personas, funcionarios y empresarios, entre los que se destaca Adrián Vera.
En un primer momento la Fiscalía habló de 30 kilómetros de caños sustraídos, al iniciarse las audiencias orales y públicas se confirmó que se trataría tan solo de ocho kilómetros. Dos de ellos fueron recuperados en otras provincias pero en pésimo estado. Aunque muchos otros ya habían sido cortados para ser utilizados como bebederos para animales y otros usos.
Adrián Vera habría vendido los caños en otras provincias y tiene antecedentes por este tipo de ilícitos, pero al entregarse hizo una suerte de arreglo con la Fiscalía para ayudar a desentrañar este sonado y complejo caso.
En la causa del robo de los caños del gasoducto se investigan tres hechos separados, donde cada uno tiene sus autores y partícipes, pero que no están necesariamente entrelazados.
Se está revelando información que indicaría que puede haber participación de otras personas aparte de las 11 y que pueden ser materia de investigación en otra causa.
Por un principio legal, en esta instancia del juicio no se puede convocar a esas personas ni siquiera como testigo. Si eso sucediera la Justicia estaría imposibilitada de investigar a esas personas o imputarlas por haber declarado como testigos, bajo juramento de decir verdad.
Primero se debe terminar con este juicio, con la correspondiente condena para los responsables.
En la audiencias de la semana pasada se exhibieron fotografías de caños en estado de notorio abandono de una planta en Campo Durán, que difieren absolutamente con los caños que secuestró Gendarmería y que se transportaban en los camiones. La Fiscalía sostiene como teoría del caso que la resolución municipal se redactó de manera tal que si la maniobra se descubría, podría servir de amparo, argumentando que los caños podrían ser considerados un pasivo ambiental.
Quien llevó adelante toda la investigación es el fiscal federal Eduardo Villalba, quien explica que es un juicio largo, que requiere mucho análisis de pruebas documentales, pruebas testimoniales, fotografías y filmaciones.
Sergio Heredia, defensor del exsecretario de Hacienda Freddy Céspedes, considera que son otros los responsables.
A lo largo de este juicio se determinará quiénes son los culpables del hecho, pero también a quiénes más se debe investigar.
