Se renovó el gabinete de la forma anunciada por Cuarto Poder: repatriaron a Fernando Yarade que es nexo entre el gobierno y el Banco Macro; y al gastado Marcelo López Arias. Los que arribaron y los que permanecen comparten un rasgo: carecen de aspiraciones o posibilidades electorales para 2019. (Daniel Avalos)
La renovación del gabinete provincial finalmente se concretó tal como lo anunciara Cuarto Poder la semana pasada: modificando la ley de ministerios para reducir cargos y repatriando hombres con una experiencia tan vasta que cuentan con apellidos asociados que se remontan al gobierno de Juan Carlos Romero. Es el caso de quienes ocuparán los dos puestos más relevantes del gabinete provincial: la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Gobierno que ahora concentra a Derechos Humanos y Justicia: Fernando Yarade y Marcelo López Arias respectivamente.
El primero de ellos fue parte de ese grupo de jóvenes que durante el romerismo fue denostado por la opinión pública con el calificativo de “Golden Boys”, grupo del que formaba parte el propio Juan Manuel Urtubey y que en aquellos años ocupó puestos clave de la administración pública. De hecho Yarade avanzó desde la Secretaría de Finanzas en 1997 al ministerio de Hacienda de Romero entre 2001 y 2005. Fue él también quien comandó la transición entre ese gobierno y el de Urtubey, le dio en 2007 un espaldarazo político a Carlos Parodi -que era subordinado suyo- para finalmente en el año 2009 convertirse con el apoyo de Urtubey en diputado nacional. Desde 2013 se dedicó a su estudio contable y consultorías que tiene al Banco Macro como cliente principal.
Tal banco, recordemos, se quedó con el Banco Provincial ni bien asumió Romero y desde entonces controla las finanzas de la provincia. La relación de esa entidad con Yarade comenzó justamente en la época romerista y se mantuvo cuando el anunciado nuevo Jefe de Gabinete de Urtubey se desempeñaba como diputado nacional. Todavía pueden leerse en el Boletín Oficial cuando el todavía legislador nacional “U” se convirtió en síndico titular de “Inversora Juramento S.A.”, la empresa de Jorge Brito -dueño del Banco Macro- que a principios de los 90 adquirió miles de hectáreas en Anta destinadas a la producción, industrialización y comercialización de carnes. La conversión de Yarade en síndico de esa firma se conoció por el Boletín Oficial pero también por un artículo del diario El Cronista Comercial que informaba que la empresa comenzaba a cotizar en Bolsa y emitía 55 millones de acciones ordinarias a través de una oferta pública inicial para aumentar el capital. El objetivo era consolidarse como el mayor productor y vendedor de carne en el norte argentino, donde el 70 % del mercado está en manos de productores de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
De allí que el nombre del nuevo Jefe de Gabinete está lejos de representar una romerización del actual gobierno cuyas buenas relaciones con el Macro son independientes del exgobernador Romero, quien en estos momentos estará más ocupado por mantener la unidad del frente cuya cara visible es Gustavo Sáenz. Las buenas migas entre Urtubey y Brito, en definitiva, por ahora se mantienen y que el nombramiento de Yarade las garantiza.
Reformulación realista
Esa y las otras designaciones ministeriales bien puedan ser catalogadas de una “reformulación realista”. Ningún funcionario viejo o nuevo con algo de prestigio y pretensiones electorales para 2019 hubiera estado a gusto en un gabinete que estará obligado a empujar a una burocracia estatal que se sabe parte de un gobierno en retirada y que sabe también que los nuevos ministros serán los funcionarios del ajuste para estar a tono con el gobierno nacional y recuperar finanzas propias.
Dos designaciones pincelan bien la necesidad de recurrir a quienes por avanzada edad o fracasos electorales ya prescinden de cálculos de ese tipo hacia el futuro por fuera del gobierno provincial. Edith Cruz sintetiza lo segundo y asumirá como ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social. Marcelo López Arias, en cambio, representa lo primero. Para repasar su trayectoria debemos remontarnos no a los 90 sino a los 80. Así de larga es la historia del hombre que en 1985 fue ministro del gobernador Roberto Romero y se convirtió en Procurador General de la provincia, cargo al que renunció en 1989 por acusaciones de escuchas ilegales. Ese mismo año accedió a una banca de diputados en el congreso de la nación en la que se mantuvo hasta diciembre de 2011 tolerando bien distintos cambios de gobiernos. No estuvo mucho tiempo desocupado: Urtubey lo designó a través del decreto 1603/12 Representante de la provincia de Salta ante la República de Chile, cargo que luego se extendió a Representante de Relaciones Internacionales. Para el primer caso se asegura que López Arias realizaba su misión de manera ad honorem. Si eso era verdad o no, lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que para el segundo caso el trabajo ya era rentado y que al menos desde el 11 de diciembre de 2015 se transformó en uno de los cuatro funcionarios que sin ser ministros, cobraban como tal (decreto N° 74/15).
La negativa a cargar con el mote de ajustador, en cambio, se evidenció en la búsqueda del nuevo ministro de Economía. Cuarto Poder supo de buena fuente que antes de telefonear a Emiliano Estrada, los emisarios de Urtubey tentaron a otros que rechazaban el ofrecimiento para evitar cargar con el sesgo “ajustador” que debían cumplir respetando una condición innegociable para el ejecutivo: no ventilar irregularidades ni malos manejos del pasado inmediato y hablar siempre del futuro. Finalmente dio el sí Emiliano Estrada, sobrino de Fernando Yarade quien lo debe haber convencido con algún gesto propio de tío. Estrada también es miembro de la consultora Ficonomics, un economista que al menos en sus exposiciones públicas no se muestra anti K y sí bastante crítico con algunos eslóganes economicistas del macrismo.
Distinta es la situación de aquellos cuyas designaciones responden a criterios macristas bien correspondidos por los perfiles de los seleccionados. Y es que la empresaria Paula Bibini que se hará cargo de la fusionada cartera de Ambiente, Trabajo y Producción; Manuel Lavallén quien ocupará el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes; y hasta Lucio Paz Posse que presidirá el directorio de la vapuleada Aguas de Salta; responden bien a esa moda inaugurada por el PRO a nivel nacional de incorporar a la gestión pública a profesionales supuestamente triunfadores en el ámbito privado: Bibini manejando firmas vinculadas a los frigoríficos, Lavallen vinculado al sector hotelero y Paz Posse a la actividad agropecuaria.
El dato, en todo caso, es que tanto Bibini como Paz Posse fueron impulsados fuertemente por los hermanos del gobernador, José y Rodolfo. Así lo juran quienes forman parte del entorno del Grand Bourg y no hay razón para no creerles: la primera forma parte de la Unión Industrial en donde el hermano José tiene protagonismo y son varios los intendentes que nos recuerdan que durante las PASO de agosto tanto José como Rodolfo telefoneaban o visitaban los municipios pidiendo por un Paz Posse que finalmente quedó en el cuarto puesto de esa contienda por detrás de Andrés Zottos, Matías Posadas y Sonia Escudero.
La resaca
Estos son los hombres y mujeres que comandarán los dos últimos años de un mandato que al carecer de posibilidades de reelección y sin sucesor a la vista vuelve a ser mortal. Ellos se sumarán los cinco que quedaron del gabinete anterior: el ministro de Seguridad Cayetano Oliver; el de Primera Infancia, Carlos Abeleira; la ministra de Educación, Analía Berruezo; el ministro de Salud, Roque Mascarello; el Secretario General de la Gobernación Ramiro Simón Padrós; y el ministro de Obras Públicas Baltasar Saravia.
Los sobrevivientes no parecen haber sido elegidos al azar: los primeros cuatro al menos están al frente de las áreas más sensibles para cualquier Estado, por ello mismo concentran las mayores partidas presupuestarias y ello evidentemente inclinó a Urtubey a no improvisar en dimensiones en donde los problemas, cuando salen a la luz, suelen ser traumáticos. No es el caso de Simón Padrós, quien maneja un área que si bien puede ser abstracta para la mayoría de los mortales no lo es para los gobiernos: encontrar los argumentos jurídicos que respalden las decisiones políticas y económicas del Gobierno.
Resuelto el problema del gabinete, Urtubey puede empezar a pensar en cómo generar un candidato a gobernador que lo suceda en 2019 y cómo recomponer y aceitar un armado electoral que le permita en dos años devolver el golpe que le arrebató el sueño presidencial y lo condenó a conformarse con una candidatura a senador nacional por la provincia.
