El debate para reformar la Constitución provincial que organiza el Colegio de Abogados tuvo esta semana intervenciones de quiénes critican las bases e intenciones de los que quieren enmendar el texto para volver vitalicios a los jueces de la Corte. Reproducimos la intervención del exfiscal, Alejandro Saravia.
Cuando en 1964 el régimen sudafricano del apartheid puso preso a Mandela en Robben Island —reclusión que habría de durar 27 años— éste se dedicó al estudio el idioma de los afrikaners, el afrikaan, derivado del neerlandés aunque no exactamente igual, idioma particular porque se vincula con la esencia misma de esa raza auto concebida como elegida. Mandela hizo eso porque quería sumergirse en la idiosincrasia de los Boers, en su modo de pensar y de sentir. En una palabra, los quería entender. Eso se llama empatía, es decir, introducirse, ponerse en el lugar y en los zapatos de otro u otros para cobrar su perspectiva, su punto de vista, su pensamiento y sus sentimientos. Rindo, pues, mi homenaje a Mandela de cuyo nacimiento, el pasado 18 de julio, se cumplieron 100 años.
Desde esa atalaya, como diría Morello, vengo a mostrarles la cara oculta de la luna, no sin antes agradecer a los organizadores de este importante evento y a los otros disertantes por sus agradables e interesantes exposiciones.
Lo primero que debería decir es que estamos inmersos en una paradoja. La misma juega con la pasión legiferante de un pueblo, el argentino, que se caracteriza a la vez por incumplir todas las normas. Un pueblo anómico, Carlos Nino dixit. El argentino ante un problema dice: ¡hay que sancionar una ley! e inmediatamente después busca todos los subterfugios que lo lleven a incumplirla. Así, nuestras espaldas están sobrecargadas de problemas irresueltos. Si algo sobra en nuestro país son normas. Falta cumplirlas.
Como explicación a esta actitud tan argentina podría decir que aún nos embarga el pensamiento mágico, primitivo. Creemos que una norma modifica la realidad, pero es justamente al revés: primero hay que modificar la realidad y luego normatizarla, como veremos después. Quizás, también, ese pensamiento mágico, primitivo, sea el que nos lleve a ser tan tribales, tan consecuentes en el seguimiento del cacique de turno.
Se habló los otros días de la necesaria ética, comprensiva de la idoneidad, que deben tener los funcionarios públicos. Del conocimiento que deben tener de la realidad en la que están inmersos. Se habló del efecto modelador que debiera tener el sistema institucional definido por las constituciones nacional y provincial. Es decir, el sistema republicano, por cuyo tamiz debieran pasar todas las conductas y comportamientos públicos. Todo eso ya está en ambas constituciones.
Se mencionó lo nefasto de nuestro sistema electoral. Y es así, es nefasto. Pero de allí no se sale con una reforma a las apuradas. Con una reforma exprés, como acá se dijo.
Por último, Santos Jacinto Dávalos, fue muy claro en su exposición, la Constitución debe ser reformada cuando haya un ambiente adecuado. Primero, lo que hay que hacer es cumplir con las normas vigentes. Es lo único que garantiza que una eventual reforma sea cumplida. Sea, precisamente, acatada.
Más aún, digo yo: Cuidado con los placebos que sólo tranquilizan las conciencias y distraen la voluntad.
Ahora vamos a aquello del ambiente adecuado a que aludía Dávalos.
Todos los que fueron oficialistas desde 1983, con o sin peleas de gatitos reproductores, deberían cargarse de aquella empatía que señalábamos de Mandela para lograr comprender a todos quienes fuimos actores críticos de esos gobiernos, en nuestra desconfianza hacia este cuarto intento de reforma constitucional en ese mismo lapso. Recordemos que se la reformó, como acá se mencionó, en 1986, en 1998 y en 2003. Con la que ahora se pretende sería la cuarta reforma. Siempre se argumentó que se lo hacía para optimizar el desarrollo del pueblo salteño. Las estadísticas económicas y sociales no dicen eso. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social nos coloca en un lugar muy debajo de la media nacional.
Esa carencia de un ambiente adecuado está alimentada por diversas “torpezas” o “actitudes disfuncionales” —para no ser tan frontal uso esos eufemismos— con las instituciones republicanas de parte de las cabezas de los poderes públicos provinciales. Esas “torpezas” y “disfuncionalidades” existen, al margen de las iniciativas reformadoras del Centro de Estudio convocante de estas jornadas. Por fuera de esa iniciativa la realidad existe y enturbia al ambiente y a la iniciativa misma.
Una de esas “torpezas” fue la pretendida, fallida y supuesta autolimitación del Poder Ejecutivo provincial respecto del acto de proponer a miembros de la Corte de Justicia, procurando limitar, por ley, una facultad discrecional del titular del Ejecutivo otorgada por la propia Constitución Provincial. Es decir, el futuro titular del Ejecutivo no podría proponer a otras personas que no sean los actuales jueces de Corte. No era en realidad una autolimitación sino una limitación hacia los futuros titulares del Ejecutivo, coartándoles por ley una facultad otorgada por la Constitución. En su momento, siendo Fiscal ante la Corte, hice saber públicamente mi discrepancia con tal temperamento al cual califiqué de disparate jurídico y de mamarracho. Afortunadamente, en un intervalo lúcido, el gobernador retiró, también irregularmente, ese proyecto de ley cuando había recibido ya la aprobación acrítica de una de las cámaras legislativas.
Ese ambiente está enrarecido, también, por las sugestivas acciones populares de inconstitucionalidad interpuestas por la Asociación de Jueces, organismo creado, integrado y dirigido por el actual presidente de la Corte de Justicia, obviamente por interpósita persona, y por un juez jubilado de la Justicia Federal, amigo, a su vez, del presidente de la Corte. Acciones que tienen como exclusivo fin dar perpetuidad a los mandatos de estos jueces de la Corte de Justicia de la provincia. Esa fue y es la única motivación.
Ambas acciones fueron derivadas a una “Corte ad hoc”, es decir, usando mecanismos semejantes a los que utilizó la misma Corte para cubrir de impunidad a intendentes en la denominada “Causa de los Intendentes”. Allí también se usó una Corte de esas características. El círculo rojo en ese momento guardó silencio. Pero, lo que en esa oportunidad se puso claramente de manifiesto de modo indignante fue el desparpajo, la desaprensión, no sólo de la Corte de Justicia sino de los diversos actores de esta tragicomedia. El me ne frega. Recordándonos con ello la definición de poder dada por un oscuro personaje de nuestra historia nacional reciente, Alfredo Yabrán: el poder es impunidad. Ese desparpajo de la Corte local trasuntaba eso: impunidad.
La desconfianza que ponemos de manifiesto se ve incrementada aún más, como si eso ya fuera posible, por la pretensión de hacer una especie de reforma exprés que cubra solamente dos puntos: inamovilidad de por vida de los jueces de Corte y, como señuelo, algo visto bien por todos: limitación de las reelecciones, cuestión que podría ser superada por un simple compromiso político de los partidos actuantes en la provincia. Sería así más virtuoso. En este caso no todos los caminos conducen a Roma; sí todos parecieran conducir a la pretensión de darle permanencia perpetua a estos jueces de Corte.
¿Por qué este repentino interés por darle inamovilidad a los jueces de Corte? Ustedes, en función de la empatía invocada, deberán entender que se desconfíe ante el panorama descripto. A ello se suma el dato de que en la presidencia de la Corte está el histórico apoderado del Partido Justicialista.
¿Por qué este repentino interés por darle inamovilidad a los jueces de Corte? Ustedes, en función de la empatía invocada, deberán entender que se desconfíe ante el panorama descripto.
A ese cuadro, ya sí del todo dramático, se suma la existencia de una docena de causas penales en contra del anterior gobernador, a las que deberían agregarse las seguras causas penales que habrán de surgir cuando concluya la actual gestión, atento a que todos, reitero, todos los órganos de control provincial brillaron y brillan por su ausencia. Lo reconoció el propio presidente de la Cámara de Diputados. De modo que, como sucede en nuestra historia, el Poder Judicial, como una especie de capítulo del Teorema de Baglini, actúa recién cuando los funcionarios públicos están muy lejos del poder. Es decir, en nuestra provincia, nunca.
Lo que aparentaría suceder acá es una especie de síndrome Fellner. Recordemos, habiendo cambiado el régimen gubernamental en Jujuy, el exgobernador de esa provincia fue citado a comparecer ante la justicia por imputaciones de hechos delictivos. Como cualquier ciudadano, Fellner debió comparecer ante ella. Algo similar pareciera suceder en Chubut, provincia en la que la muerte del exgobernador Mario Das Neves es el dato que habría posibilitado que los tarros o las cajas de la política sean destapados.
Pues bien, existe la fundada desconfianza de que esta reforma tenga como último propósito brindar un manto de impunidad para quienes gobernaron la provincia los últimos 24 años. Casi un cuarto de siglo. Insisto, no le atribuyo esa intención a este Centro de Estudios, pero la realidad es lo que es.
Así sí cobra sentido esta persistencia, esta tozudez, en la pretensión de erigirlos en perpetuos a estos Jueces de Corte. Perpetuidad cuya conveniencia debiera estar en entredicho respecto de estos jueces de Corte y, en realidad, de todos los futuros jueces de Corte. Personalmente no creo que eso sea lo mejor para tener una Corte virtuosa.
Pregunto: ¿piensan, por ventura, que este ambiente es el mejor para la reforma de una Constitución? ¿No ven, acaso, que hay que desbrozar antes el terreno? Como diría Dávalos, hay que crear el ambiente adecuado. No son buenos datos el de un ex gobernador en rebeldía ante la justicia y el de otro que procuraría lo mismo precisamente manteniendo amigos en la Corte de Justicia. La que, por otro lado, no se caracteriza por su prestigio.
Reformar
La tarea de reformar una constitución es, sí, jurídica, mas no lo es en primer término. Al contrario. Norberto Bobbio, el insigne profesor de Turín, Padua y Bolonia, jurista fino e inmenso científico político, decía que los conceptos de derecho y de poder son las dos caras de una misma moneda. Lo jurídico es un manto que suele disimular, emboscar, las situaciones fácticas del poder.
En esto pareciera asemejarse a lo que pensaba ya en la mitad del siglo XIX, Ferdinand Lasalle, político prusiano, fundador de la socialdemocracia alemana, nacido en 1825 y muerto trágicamente en 1865. En una serie de conferencias, recopiladas en un pequeño libro titulado precisamente ¿Qué es una Constitución?, Lasalle textualmente decía que “…LOS PROBLEMAS CONSTITUCIONALES NO SON, PRIMARIAMENTE, PROBLEMAS DE DERECHO, SINO DE PODER: LA VERDADERA CONSTITUCIÓN DE UN PAÍS SÓLO RESIDE EN LOS FACTORES REALES Y EFECTIVOS DE PODER QUE EN ESE PAÍS RIGEN; Y LAS CONSTITUCIONES ESCRITAS NO TIENEN VALOR NI SON DURADERAS MÁS QUE CUANDO DAN EXPRESIÓN FIEL A LOS FACTORES DE PODER IMPERANTES EN LA REALIDAD SOCIAL…”
Lasalle se pregunta cuándo puede decirse que una constitución escrita es buena y duradera, y él mismo se contesta: “… CUANDO ESA CONSTITUCIÓN ESCRITA CORRESPONDA A LA CONSTITUCIÓN REAL, A LA QUE TIENE SUS RAÍCES EN LOS FACTORES DE PODER QUE RIGEN EN EL PAÍS…”
Por ello, cuando de reformar o de darse una nueva Constitución se trata, Lasalle recomienda que debe “….ANTEPONERSE A LA PREOCUPACIÓN POR HACER UNA CONSTITUCIÓN ESCRITA EL CUIDADO DE HACER UNA CONSTITUCIÓN REAL Y EFECTIVA, DESARRAIGANDO Y DESPLAZANDO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA LAS FUERZAS REALES IMPERANTES EN EL PAÍS…”
Es decir, desbrozar, limpiar el terreno, hacer conciencia, para recién, después, puestas en vidriera las virtudes, emprender un nuevo pacto fundante de una nueva y mejor convivencia política.
El cientista político LUIS TONELLI, en un reportaje para un diario nacional decía que: “…A VECES CREEMOS QUE LOS CAMBIOS EN LA POLÍTICA SE HACEN POR REFORMAS, PERO SE HAN DADO POR EVOLUCIÓN: LAS INSTITUCIONES PASAN A SER OTRA COSA PORQUE LOS ACTORES QUE ESTÁN DENTRO DE ELLA SON OTRA COSA…”
Las instituciones públicas estatales provinciales: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Auditorías, etc., etc., todas, funcionarán bien si allí no se ponen amigos, compinches o guardaespaldas.
Por el contrario, aún una Constitución escrita por un Kelsen, un Bobbio, un Loewenstein, o por quienes quieran que fuesen, fracasará si en los puestos públicos no se pone gente virtuosa, de prestigio, preparada, es decir, con verdadero mérito para ser designada donde fue designada. Eso es lo que tenemos que cambiar.
Esta es la cuarta intentona de reforma constitucional en 35 años. Todas fracasaron. Si no, insisto, no estaríamos acá. Todas fracasaron porque los funcionarios que se designaron no estuvieron, ni están, a la altura de los cargos que ocupan. Eso no depende de una reforma constitucional. Depende de cumplir con el requisito de idoneidad que impone la vigente. Primero cumplir las normas, como acá se dijo.
¿Por qué no intentamos algo realmente novedoso? ¿Por qué en primer término no se obliga a todos a cumplir con la vigente? ¿Por qué no nos convertimos en ciudadanos actuantes en defensa de las instituciones? Sería nada más que actuar vigilantemente en defensa de la Constitución, que impone como única condición para la designación de funcionarios públicos la de la idoneidad.
Acá, no se necesitan primordialmente nuevas normas, se necesitan nuevos sujetos democráticos. Esa es la verdadera revolución.
