Una misma consultora sostiene desde 2014 la licitación para realizar las auditorías externas a los fondos utilizados por el “Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta”. Desde entonces, la firma porteña ha embolsado aproximadamente 1.3 millones pesos.

 

En el marco del “Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta”, una vez más la firma porteña de economistas “Adler, Hasenclever y Asociados S.R.L. – Grant Thornton Argentina” será la encargada de realizar la auditoría externa sobre los ejercicios contables del mismo. Se estima que el monto de las inversiones para el Programa asciende a unos 56.750.000 dólares, de los cuales 34 millones han sido aportados por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los restantes 22 millones por la Provincia.

En el año 2012 se sancionó la Ley 7758 de Endeudamiento, que permitió al Gobierno provincial tomar, entre otros, este crédito ofrecido por el BID. Como parte del mismo las auditorías sobre los estados financieros del Programa, tanto los denominados como de “propósitos especiales” y los conocidos como de “alcance amplio”, debían ser realizadas por organismos externos.

En un principio fueron las firmas “Adler, Hasenclever y Asociados S.R.L. – Grant Thornton Argentina”, “Crowe Horwath – Cánepa”, “Kopec & Asociados SRL y BDO – Becher y Asociados SRL”, quiénes presentaron al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas sus propuestas para ser las encargadas de las auditorías. No obstante, la firma que se quedó con la licitación ha logrado replicar en tres ocasiones seguidas el contrato.

El primer contrato con “Adler, Hasenclever y Asociados S.R.L. – Grant Thornton Argentina” implicó un desembolso de 239.580 pesos, y la auditoría se realizó sobre la contabilidad del programa entre los años 2013 y 2014. El segundo contrato, firmado en diciembre de 2015 y ratificado a los pocos meses, implicó una suma de 466.334 pesos. Mientras tanto, la última ratificación de contrato publicada en el Boletín Oficial el pasado miércoles 30 de mayo como decisión administrativa 706 del actual Ministerio de Economía de Salta, implicó un desembolso de 589.270 pesos para que se realice la auditoría correspondiente a 2017.

Como señalábamos, los montos para estos desembolsos tienen su origen en el crédito del BID tomado por el Gobierno de la Provincia después de 2012, pero una parte considerable de los mismos se encuentran comprendidos en los ejercicios presupuestarios de la hacienda salteña, correspondientes a cada año. Para el año 2017, por ejemplo, la Provincia destinó 11.718 dólares con este fin, mientras que el BID financió unos 18.169 dólares. Es decir que Salta aportó para la realización de las auditorías sobre el Programa de Desarrollo Turístico Sustentable unos 203.893 pesos, al valor de cambio del dólar que se acordó en el convenio.

Programa

Según los ideólogos del Programa, el mismo tiene por objetivo general “contribuir a incrementar el desarrollo socio-económico y reducir la pobreza en Salta”, mientras que su objetivo específico es “incrementar el gasto turístico y el empleo formal por turismo en las áreas de intervención del Programa”.

A grandes rasgos, las auditorías realizadas por la firma “Adler, Hasenclever (…)” se debieron llevar adelante sobre los estados contables realizados por la Unidad Ejecutora del Programa, responsabilidad que recae sobre la Secretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía a cargo del CPN, Ignacio Racioppi. Para ordenar los ámbitos de inversiones el Programa cuenta con cuatro ejes o “componentes”, explicados brevemente más abajo.

En concreto, la información disponible permite conocer el monto estimado que se desembolsó para cada uno de estos ejes durante el año pasado. Por ejemplo, para el “componente 1”, se destinaron en total 9.968.453 dólares, mientras tanto para el “componente 2” se invirtieron en total unos 526.864 dólares. El “componente 3” registró un total de 204.899 dólares y el “componente 4” unas 651.854 unidades de la moneda norteamericana.

Por su parte, los “componentes” de inversión son los siguientes. El primero de ellos se denomina “desarrollo de productos turísticos”. Se estima que tendría por objeto contribuir a la valorización de “atractivos turísticos que sean bienes públicos (…) buscando incrementar la permanencia de los turistas en las áreas de intervención y favoreciendo al desarrollo de corredores turísticos regionales”. En otras palabras, se financiarán señales turísticas, recuperación de patrimonio arquitectónico, puesta en valor de pinturas rupestres, “modernización” de circuitos históricos-culturales y museos, financiamiento de turismo de montaña y aventura, entre otros.

El segundo eje de inversión tiene el rimbombante título de “inclusión social y emprendimiento local”, pensado para “estructurar y optimizar socialmente la cadena de valor turística”. Puntualmente se estima otorgar financiamientos para Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) y a poblaciones locales desfavorecidas. Según se aclara en este punto, las inversiones se destinarían al “análisis de cadenas de valor con enfoque a la inclusión social de grupos pobres y vulnerables”, capacitaciones a comunidades originarias para que aprendan a ser turísticamente atractivas, desarrollo de la artesanía local, diagnósticos y planes de acción para aumentar la formalidad laboral en el sector.

El tercer eje de inversión se titula “fortalecimiento de la gestión turística”. En pocas palabras, se estima realizar inversiones para la planificación y estudio de nuevos mercados turísticos en localidades de la provincia, como también la formulación y actualización de marcos jurídicos y fiscales, adecuados a los intereses y demandas del empresariado local, además de brindar “equipamiento, asistencia técnica, y capacitación a técnicos y gestores públicos”.

Por último, el ítem “sostenibilidad ambiental” tal como su nombre lo indica tiene por objeto garantizar la sostenibilidad ambiental de las áreas intervenidas. Se trata de dinero inyectado en planes de comunicaciones y concientización respecto de “sensibilización y educación ambiental de población local, turistas y actores del sector”. Como también promoción de “responsabilidad social empresaria y en municipios turísticos”. Pero las intenciones del Programa van más allá y contemplan también la “prevención y mitigación de potenciales impactos ambientales por incremento del turismo”.