El ministerio de Seguridad aplicó la Ley de la Cuarentena que acumula tres meses en Salta, y detuvo a 16 mil salteños por violar el distanciamiento social. Pese a tanta firmeza mostrada en barrios como Castañares y Democracia, el brazo represivo del Estado no pudo detener –al menos- a siete viajes irregulares de Silvia Magno repatriando salteños, de las zonas mas calientes de país. ¿Ineficiencia e irresponsabilidad?, o ¿amiguismo y complicidad?.
Manuel Baku
El Ministro de Seguridad, Manuel Pulleiro (a) “fusilador de whatsapp” tuvo esta semana su primera caída a la lona, cuando la imputación penal de Silvia Magno desnudó que en la provincia, la pandemia no impuso ley pareja, ni rigurosa. Lejos del perfil inflexible que distintos ministros expresaron durante la cuarentena, como una forma de tranquilizar a una comunidad atemorizada, el ingreso a la provincia se confirmó como un colador de entradas y descontrol, situación con la que fue claramente beneficiada la empresaria, violentado toda la normativa restrictiva y vulnerando todos los protocolos impuestos para la protección provincial. Contraríamente a la detención de 16.455 salteños en los últimos tres meses por violar la cuarentena (cifras oficiales de la Policía de Salta), el caso impune de la empresaria del turismo y el transporte es un golpe demoledor al discurso que se repitió hasta el hartazgo de que cada medida prohibicionista fue tomada en pos de cuidar a la ciudadanía. El “Magnogate” demuestra el desamparo ciudadano ante un discurso represor, basado en que los salteños “somos hijos del rigor”. Una frase tan armada y vacía como la afirmación que postula a EEUU como el país de la libertad y la Democracia, por lo menos para los blanquitos y los cowboys. A este último escándalo, el ministerio de Seguridad sumó un operativo ilegal en el Dique Cabra Corral y dos nuevas represiones a trabajadores en el centro de la ciudad, las que se agregan a una larga serie de excesos, preocupantes para tan solo seis meses de gestión
Magnacrisis
El escándalo revelado estalló el martes pasado en el ministerio del Mayor sin batallas, cuando se conoció la imputación formal que realizó la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke (Unidad de Delitos Económicos Complejos) en forma provisional a la empresaria Silvia Magno por realizar viajes sin autorización durante el aislamiento. La fiscal penal imputó a Magno, acusándola del delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. La empresaria, quien se abstuvo de declarar, anunció que presentará su declaración por escrito. Sin embargo los hechos imputados, dejaron al desnudo la fragilidad de controles que mostró el ministerio de Seguridad a la hora de impedir el ingreso a Salta, a todo aquel ciudadano que no cumpliera con las normativas y protocolos impuestos con motivo de la pandemia de Covid19. En cada uno de los siete casos confirmados por el Ministerio Público en los que Silvia Magno incumplió las normativas para repatriar ciudadanos de las zonas de circulación comunitaria del virus, la provincia permitió el ingreso de los micros de la empresaria. Incluso los custodió a su destino final, con el objetivo de preservar las unidades de la rabia popular y el temor generalizado, que por estos valles suele reflejarse en pedradas a las venillas de los automóviles. Esta es la inexplicable irresponsabilidad del ministerio de Pulleiro. Férreos y rudos controles a los vecinos de las barriadas mas pobres de Salta, agregados a una imposición horaria caprichosa, dispuesta en las 20 horas cual toque de queda encubierto, no se condicen con lo piola y permisivos que fueron los agentes de la ley, en el expeaje Aunor frente a cada micro de Silvia Susana. Demasiada fragilidad con Magno, si se tiene en cuenta la cifra oficial, de la que surge que la policía salteña detuvo 183 personas por cada día de cuarentena. Pese a que este miércoles en una entrevista radial, el “fusilador de whatsapp” afirmó que no hubo favoritismos ni ordenes políticas en favor de la empresaria, son claros los incumplimientos graves que su ministerio permitió a los micros de Magno, pese a que estos pusieron en riesgo de contagio a más de un millón y medio de personas. Una vez se puede escapar la tortuga, pero siete veces ya revela estupidez, complicidad o ambas cosas. Según el parte de prensa oficial de la fiscalía a cargo de Simensen de Bielke “la acusada, en su condición de socia de la firma Flor Azul, Sociedad por Acciones Simplificada, realizó viajes en los que infringió la normativa impuesta por la autoridad de aplicación para el ingreso de pasajeros provenientes de otras ciudades a la Ciudad de Salta”. De los hechos imputados surge que por lo menos en tres de los viajes irregulares, la empresaria ni siquiera tramitó el DUT (Documento Universal de Transporte), documento legal requerido para circular durante la cuarentena e imprescindible para ingresar a una Salta con las fronteras supuestamente cerradas. En cinco casos transportaba mas pasajeros que los declarados en el documento oficial, y en uno de los casos se llegó incluso a constatar que los choferes que manejaban la unidad no eran quienes figuraban en el documento oficial. En todos los casos (vale repetirlo) la policía de salta permitió el ingreso de los repatriados en forma irregular. “De constancias extraídas de la página web de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte respecto de las autorizaciones que debió solicitar la empresa Flor Azul SAS, sobre viajes informados por la División Policía Turística; surge que no registran pedidos de DUT (documento electrónico que debe generar la empresa) en los viajes realizados los días 2 de abril a las 22:40, 9 de abril a las 09:35 y 10 de mayo a las 14:15”, confirmó la fiscalía interviniente. Además de la falta de DUT, el viaje de fecha 2 de abril “se realizó en incumplimiento de la resolución del COE”; al igual que el viaje realizado el 9 de abril, en relación al horario en que debían efectuarse los ingresos a la Provincia. Por otra parte, se registra respecto de los viajes de fechas 9 de abril a las 21:50; 26 de abril a las 10:15; 26 de abril a las 15:35; 24 de mayo a las 08:50 y 28 de mayo a las 14:00; que los manifiestos de viajes en orden a la cantidad de pasajeros que debían ser trasladas “fue superior en todos los casos a las declaradas” al solicitar los DUT. En tanto, en el viaje realizado el 28 de mayo, la acusada declaró como conductores a dos personas que de acuerdo a informes, eran otras. Todo ello en función de que la información contenida en los DUT no puede ser modificada. Por otro lado, la fiscal verificó que solamente requirió autorización a la Subsecretaria de Transporte de la Nación respecto de los viajes realizados los días 25 de abril y 27 de mayo, que debió ser solicitada en forma previa a realizar los traslados de pasajeros a esta provincia.
Pese a todo esto, el ministerio a cargo de Pulleiro autorizó el ingreso de los micros a la Capital salteña. ¿Por qué?. Hasta hoy nadie puede explicarlo.
Amigos en seguridad
La investigación del Ministerio Público salteño comenzó por la profusa información que la prensa local publicó respecto al cuestionado accionar de Silvia Magno y un inocultable favoritismo oficial en pos de molopolizar los ingresos en manos de ela ascendente empresaria. Fue entonces que la Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención de oficio, a partir de las noticias que tomaron estado público y que indicaron que el pasado 9 de abril llegaron 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado la suma de $ 3.500 cada uno a la empresa de Silvia Magno, y que, según denunció una madre en una entrevista radial, tras lograr una “demorada” autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta, los trasladó “de regreso a casa”. Pese a esta soltada de sopa que tuvo Silvia Magno en la radio oficial embarrando la gestión del militarizado ministerio, esta semana el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, intentó balbucear una respuesta poco convincente sobre cómo ingresaron los micros de esta empresa. Cruz intentó aclarar que “la autorización de los viajes de repatriados son dados por Nación”, e indicó que “de parte de la Provincia, se activó el candado sanitario y de seguridad correspondiente” (¿?). Con la intrincada explicación de la legalidad o no de las hojas de coca ya había pasado vergüenza el funcionario. Esta vez solo le faltó afinar un poco mas la guitarra y cantar una que sepamos todos.
Por su parte, el ministro de Seguridad fue abordado para una entrevista radial apenas un día después de conocida la investigación de la fiscal penal Siemensen de Bielke. Poco acostumbrado a las requisitorias periodísticas el paracaidista (así figura en el CV/ver aparte) pasó un pésimo momento al ser consultado sobre cómo pudo Silvia Magno ingresar al menos siete viajes, sin cumplir con la documentación legal correspondiente. Primero utilizó la estrategia de Cruz, e intentó culpar a Buenos Aires por la emisión de los permisos, pese a que la empresaria no contaba con ellos o si contaba con estos, los datos aportados no coincidían con la cantidad de transportados. En todo momento, el responsable de la seguridad salteña intentó eludir las responsabilidades del caso, y llegó incluso a prometer una investigación de asuntos internos, la que seguramente apuntará a cargar contra un cabo y dos sargentos que además de chupar frio en la ruta nacional, ahora deberán afrontar sumarios para salvar las culpas de ministro y secretario. Es evidente que los policías autorizaron el ingreso de Silvia Magno por órdenes y disposiciones superiores, y no por propia decisión. En esta entrevista radial, el funcionario tampoco supo explicar los motivos por los cuales no fuera detenido Adrían Medrano, el hermano de la ministra de salud Josefina Medrano, luego de insultar a cuatro policías en un control vehicular en el camino a Campo Quijano. Irracional y sin rubor, Pulleiro afirmó que nadie le ordenó a los efectivos liberar el paso, y no detener al asesor jurídico del ministerio de la producción, pese a lo cual confirmó que cualquier ciudadano sería detenido, si se atreve a calificar como “negros de mierda” a los policía que en cumplimiento de su deber realizan un control vehicular y sus correspondientes permisos de circulan. Pulleiro no supo explicar por qué Medrano no fue detenido en ese control vehicular, pese a que confirmó la denuncia presentada por los efectivos policiales. Está claro que en fundamental libro “El arte de la guerra”, Sun Tzu olvidó escribir un capítulo dedicado al negacionismo ante la prensa, o como tapar el sol con un dedo.
Qué curriculum!
CV de Juan Manuel Pulleiro en la página oficial del Ministerio de Seguridad de Salta
Es un hombre con amplia experiencia profesional en el área de seguridad, se desempeñó como Jefe de la Vta Brigada de Montaña del Ejército Argentino, es Oficial de Estado Mayor y Licenciado en Estrategia y Organización.
Posee una Especialización en Conducción y Gestión Estratégica. También es Paracaidista Militar y Montañés.
Representó al país en tareas de formación con el Ejército de los Estados Unidos y en dos misiones de paz de las Naciones Unidas, Croacia en 1993 y Chipre en el 2000.
Viejas mañas
El mes de junio arrancó con todo para el ex casco azul, cuando se habilitó la pesca en catamaranes en el Dique Cabra Corral, donde el ministro montó un operativo de registro de decomiso de bebidas alcohólicas, pese a que en ningún instrumento legal figuraba tal prohibición, acordada solo de palabra entre los dueños de catamaranes comerciales y el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco. Así fue como la policía de Pulleiro instaló un puesto de control sobre ruta provincial 47 en el acceso al embalse. En este operativo la fuerza del orden dedicó horas a la requisa de automóviles particulares y al secuestro de bebidas, pese a que ninguna normativa escrita imponía tal falta grave. La acción fue tan autoritaria y notoria que días después el jefe comunal de Coronel Moldes debió escribir en una resolución la prohibición en forma expresa. El operativo ilegal ya se había realizado, para lamento de los pescadores amantes del fernet.
Posteriormente las imágenes de policías vs remiseros en la puerta de la legislatura provincial recorrieron el país, mostrando que en Salta se puede solicitar y demandar ante las autoridades, salvo que pidan el fin del negociado de los remises. La pornográfica corrupción que significan miles de licencias en manos de un puñado de agencieros fue lo que motivo el reclamo, y esa manifestación fue la que justificó la represión policial. Una suerte de proxenetismo del volante, donde el “fiolo” es defendido por la comisaría del lugar. A esto se agrega la patoteada de un secretario del vice Antonio Marocco, luego defendida por su propio jefe.
Como si fuera poca la dósis de excesos, las manteras capitalinas también terminaron esta semana bajo los palos de la policía salteña. Los incidentes represivos tuvieron poca difusión en los medios de mayor circulación de Salta, lo que no impidió que Cuarto Poder publicara escenas fotográficas muy explicitas en su edición digital del día 17 de junio, en su sección de género, donde se puede apreciar la labor fotográfica del colega gráfico Marcelo Saker, material también viralizado por diferentes redes. Allí se destaca la brutalidad policial y el rechazo de los transeúntes, quienes a viva voz le piden a la policía dejar trabajar a las vendedoras y mejor dedicarse a perseguir a los verdaderos delincuentes.
Toda una postal de la seguridad verde de una Salta en cuarentena del pensamiento.
