Sandra Pisco es la única “perito oficial traductora” wichí y chorote del Poder Judicial salteño, si bien no cobra por hacerlo, recibe amenazas de los detenidos. “Aunque no me paguen me siento feliz de poder ayudar a las víctimas”, asegura. (Andrea Sztychmasjter)
La historia de vida de Sandra Pisco, auxiliar bilingüe, docente, traductora de dialectos del wichí y el chorote -su idioma materno-, y vocal suplente del IPPIS, según ella misma hace visible, es de lucha y militancia. Ello también la llevó a sentir los golpes bajos de un Estado burocrático y excluyente respecto a las comunidades originarias.
Desde 2015 es perita traductora oficial del Poder Judicial de Salta luego que un fallo de la Corte de Justicia local ordenara que fuera inscripta en el Registro de Peritos, en la especialidad de Traductor en Lengua Chorote y Wichí. “La inscripción requerida resulta procedente por la necesidad institucional de incorporar peritos traductores en lengua wichí y chorote”, describían en aquel entonces y hacían mención a la “doctrina” que especifica que la lengua constituye uno de los elementos por los cuales se configura la construcción de la identidad.
La falta de traductores indígenas en Salta quedó en evidencia en algunos casos que tuvieron trascendencia pública por la impunidad que los caracterizó. Hace dos semanas durante el juicio contra ocho hombres -ahora condenados a 17 años de prisión por violación en banda contra una niña wichí de Alto La Sierra-, Sandra tuvo que oficiar de traductora. El caso resultó emblemático no sólo para Argentina sino también a nivel internacional por la revictimización constante que recibió por los diferentes poderes estatales: en un primer momento la menor no pudo declarar en la denuncia penal sobre el abuso por no contar con traductor de su lengua originaria.
Aunque Salta es la provincia que mayor cantidad de pueblos indígenas alberga en su territorio, la histórica ausencia de traductores es la muestra de las limitaciones del acceso a la justicia que aún existe en las comunidades que hablan otra lengua que no sea español. Esto sucede a pesar de que, mediante la Acordada Nº 11804, la Corte salteña habilitó un Registro de Perito Traductor en Lengua Chorote y Wichí “en la consideración de que el aporte de un intérprete resulta adecuado para facilitar la labor esclarecedora de los distintos tribunales, sobre todo en los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal”, según establece el citado documento.
El trabajo de Sandra Pisco resulta indispensable pero angustiante: “Es riesgoso, recibo amenazas de los detenidos, de los familiares. Me han dicho algunos que me van a ir a buscar, que por mi culpa van a ir presos”, describe y como si fuera poco aclara: “No cobré nada”. Desde 2015 que realiza traducciones en diferentes juicios que van desde violaciones, abusos y homicidios, pero asegura que no le pagan por ello “Ni siquiera los viáticos”, que representan que ella se movilice desde Tartagal hacia Salta Capital o hacia otras localidades.
“En el Poder Judicial me dijeron que van a realizar un informe, que van a llevar un proceso de mi trabajo pero hasta el momento nada”, señala y añade que llegó a ser traductora luego de inscribirse en una convocatoria del poder judicial. En el fallo en el que solicitaban la inscripción de ella al Registro de traductores hacen mención a que pese a que carece de título habilitante, la disposición resulta procedente por la necesidad institucional de contar con traductores.
Traduciendo la tortura
Otro abuso dado a conocer la semana pasada por el Ministerio Publico Fiscal ocurrió contra una menor (9 años) de la comunidad aborigen de Nueva Esperanza. Sandra también fue llamada para ser traductora en cámara Gesell: “Me hizo llorar la nena. Estaba muy mal, toda maltratada en su cuerpo”, describe: “Aunque no me paguen me siento feliz de poder ayudar a las víctimas. Es la primera vez que traduzco en chorote”.
El comunicado oficial informa que una nena fue abusada en Santa Victoria Este: “Cuando fue a pedir pan”, tocó la puerta de Pedro Pablo Ruiz, éste la ingresó por la fuerza y abusó sexualmente de ella. Fue descubierto por su pareja, quien lo golpeó para que soltara a la niña. El violador ya fue imputado y permanece detenido.
“Este trabajo es peligroso para mí”, sostiene la traductora y manifiesta que quiere dejarlo por todos los obstáculos que para ella representa. También le genera problemas con su trabajo como docente, sumado a las constantes amenazas que recibe sin que recibir ningún amparo estatal: “Me da miedo, este año ya no me quiero inscribir de nuevo”, señala.
La violencia vivida en carne propia
A principios de febrero, cinco personas, entre ellos Sandra Pisco, fueron detenidas en la ruta nacional 34, a la altura del paraje Cuña Muerta, donde llevaban adelante una protesta reclamando que se investigaran las denuncias por defraudación de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas para pueblos originarios gestionadas por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). Aunque las denuncias sobre presuntas irregularidades vienen desde hace años, tras la represión denunciada, el gobernador Urtubey primeramente había descartado intervenir el Instituto porque aseguró “eso sería demostrar que los hermanos de pueblos originarios no pueden autoadministrarse”; pero luego, apenas unos días después mediante decreto estableció la intervención del área administrativa–financiera por un período de tres meses, y de acuerdo a los resultados de la auditoría remitida por la Sindicatura General de la Provincia, el mandatario provincial, dispuso la creación de una comisión interventora y normalizadora ad-honorem.
Según se informó, la auditoría realizada en este organismo, detectó numerosas irregularidades consistentes en una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos. Asimismo expresa la falta de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también, la falta de libros contables manuales y de un sistema de registración financiero presupuestario.
El informe de auditoría advierte que durante los años 2018 y 2019 se habrían entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que hubiesen rendido el destino asignado a los mismos, como también, el retiro de dinero de la cuenta bancaria “sin asignación específica” y sin intervención del área contable, es decir sin contar con la pertinente orden de pago.Sandra después de la violencia vivida mientras se manifestaban señaló que las irregularidades hacia el instituto que debiera representar a las comunidades vienen de hace tiempo, cuando el abogado Sergio Heredia presentó una denuncia penal que sin embargo no prosperó. “Hay denuncias por muchas necesidades que tienen los paisanos. Por ahí los del IPPIS se las pasan en capital en vez de ir a recorrer las comunidades y estar cerca de las problemáticas. Debería ser intervenido por Nación no por provincia, porque aquí es obvio que entre los mismos se cubren. Y si alguien ha trabajado mal debe dejar su puesto o se debería llamar a nuevas elecciones”.
