La  gestión de Bettina debe presentar la rendición de gastos de publicidad vial entre los años 2018 y 2019.

El amparo, presentado por el juez Ricardo Casali Rey, intima a la Municipalidad de Salta para que presente documentación relacionada con la rendición de montos que fueron utilizados para publicidad vial, entre los años 2018-2019. El amparo es el segundo, tras un primer incumplimiento por parte del ejecutivo. (A.M)

La Coordinadora de Comunicación y mano derecha de Bettina Romero, Agustina Gallo, se escudó en que su mandato comenzó el 10 de diciembre del año 2019, aunque omitió decir que el 13 de marzo de este año, cuando la funcionaria ya tenía unos meses en el cargo, tampoco se presentó la información solicitada por Salta Transparente.

Resta saber si finalmente se harán las presentaciones estipuladas por el juez, o se seguirá manteniendo el hermetismo sobre el dinero público que se destinó para publicidad en la vía pública.

Cuarto Poder entrevistó a Gonzalo Guzman Coraita del sitio Salta Transparente

¿Cuáles son las modalidades que empleaste para acceder a la información municipal?

En el ámbito de la Municipalidad la Ordenanza 13.930 establece que es obligación de la Municipalidad brindar información que cualquier ciudadano la requiera en un plazo de 30 días hábiles.  Lamentablemente en el 90 % de los casos la Municipalidad no responde tales solicitudes. Desde Salta Transparente ante esas situaciones no hemos visto en varias oportunidades obligados a iniciar demandas judiciales contra la Municipalidad. Hoy tenemos en trámite, por ejemplo una acción de amparo que iniciamos a mediados del año pasado para lograr acceso a los gastos en publicidad vial correspondiente a los 2018 y 2019 y en ese proceso el Juez del amparo intimó ya a los funcionarios municipales a entregar dicha información en un plazo de dos días, bajo apercibimiento de multa. Ese plazo vence este martes 26. Esperamos para esa fecha tener novedades.

 

Podrías mencionar lo elemental que tendría que disponer el Estado?

La Ordenanza 13.930 obliga a la Municipalidad  publicar una serie de información en su página web, tales como sueldo de funcionarios, listado de empleados, contratos y adjudicaciones, gastos en publicidad oficial, información sobre el presupuesto y su ejecución. Lamentablemente esa información no está disponible y el Boletín Oficial no publica información en formatos digitales abiertos. Aun hoy el Boletín Oficial, aunque parezca increíble se publica en formato PDF!!!

La nueva gestión municipal renovó la página de la Municipalidad y borró la poca información que se encontraba disponible. Hoy la página municipal se parece más a un blog personal de la Intendente que a una página institucional.

En febrero de este año solicitamos a la Municipalidad que restablezca el contenido de la página anterior y que ponga a disposición de todos los vecinos la información que mencioné recién. No tuvimos respuesta, por lo que nos veremos obligados a recurrir a la justicia.

 

 A quien pertenece la información? A los concejales? Al ejecutivo municipal?

La información que se encuentra en poder de la Municipalidad le pertenece a los vecinos, pero los funcionarios no son conscientes de ello y tampoco lo son los de la actual gestión. Actúan como si fuesen los dueños de la información. Ello nos ha obligado a acudir en numerosas ocasiones a la justicia para poder lograr acceso a una información que debiera estar disponible a un solo click de distancia.

Tampoco a los concejales les es fácil acceder a la información municipal y ello dificulta o hace imposible su trabajo, a pesar de que el Concejo Deliberante tiene a su alcance el mecanismo de los pedidos de informes.

Sería conveniente que el Concejo establezca las multas que prevé la normativa vigente contra los funcionarios que no responden sus pedidos de informe e inicié en su contra acciones penales. Un funcionario municipal que no brinda información está incumpliendo las obligaciones propias de su cargo y esa conducta compromete su responsabilidad penal. El Código Penal en su artículo 248 prevé penas de 1 mes a 2 años de prisión para los funcionarios que no cumplen con las obligaciones que le marca la ley.

 Un gobierno que retacea o niega la información, por un lado,  y  a la vez auspicia a medios a fines puede ser denunciado? Cómo debería actuar la justicia?

Sí. Debe ser denunciado. Los concejales, el Defensor del Pueblo Municipal tienen incluso la obligación legal de hacerlo. Lamentablemente eso no sucede, y no veo que suceda por múltiples factores. El actual titular de la Defensoría del Pueblo, Federico Nuñez Burgos, quién fue designado sin concurso previo, antes de asumir ese cargo fue candidato a …en el mismo espacio político de la actual Intendente. No veo que tenga la independencia que requiere su cargo para realizar denuncias por ejemplo, por la falta de transparencia de la actual gestión municipal.

 

Como calificas a la gestión de Bettina Romero en relación a la divulgación de información?

 

 

La gestión de Bettina Romero no es transparente, ni tampoco es abierta. En mi opinión es incluso más opaca que la gestión de Isa y de Saénz, que fueron gestiones muy malas en materia de transparencia y calidad institucional. La Oficina Anticorrupción que creo Saenz por ejemplo, si bien era muy mala por su diseño y no cumplió ningún rol relevante en materia de prevención y lucha contra la corrupción durante la gestión anterior, hoy desapareció.

Bettina Romero está por supuesto a tiempo de revertir toda esta situación. Su gestión apenas cumplió seis meses. Tiene la actual Intendente la obligación de cumplir y de hacer cumplir las normas municipales sobre transparencia. También debe abrir canales de participación ciudadana y reactivar los órganos de control hoy dormidos como el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo que debe estar ocupada por gente independiente y que haya  demostrado idoneidad a través un concurso público de antecedentes.  Para ello se requiere realizar reformas y por supuesto primero tener la voluntad de llevarlas adelante. Veremos que sucede.