“No tenemos políticas diferenciadas de acceso a la educación universitaria”. La primera médica wichí en recibirse criticó el sistema educativo y de salud y aseguró que se necesitan más profesionales que hayan crecido en el territorio que gestionen las políticas.

Por Andrea Sztychmasjter

Hija de la histórica referenta indígena recientemente fallecida Octorina Zamora, la primera médica wichí, Tujuayliya Gea Zamora, nacida en 1986 en Embarcación y criada en Santa Victoria Este traspasó fronteras al obtener su título luego de enviar una carta a Fidel Castro y conseguir una estadía de 6 años en Cuba para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Hoy Tujuay se encuentra residiendo en Cachi desde donde aporta los conocimientos adquiridos en la gestión pública del hospital local. En una de las ultimas charlas que realizó Octorina, la madre criticó a intelectuales que desde un lugar de privilegio analizan a los pueblos indígenas y se convierten en especialistas de ellos. En ese punto radica la importancia de darles voz a las propias mujeres indígenas para que sean ellas las protagonistas reales de sus vidas.

Bajo esta visión es que este año luego de la interrupción por la pandemia de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, la médica salteña participará del Encuentro en San Luis con mujeres de algunas comunidades:

“Por ahora van tres mujeres de Pluma de Pato, cuatro de Santa Victoria Este, dos hermanas diaguitas del Valle Calchaquí, para poder hacer otro proceso, participar de este encuentro que las hermanas nunca vivieron y poder encontrarnos con otras mujeres de diferentes extracciones, discutir, poder ir a hablar allá, saber cuáles son los otros procesos que se viven en el país y pensar en conjunto cómo lograr las respuestas que esperamos del sistema judicial y del estado”, contó la médica al programa La Colmena Info de Radio Dinamo. 

Fue tras el femicidio de Julia Pamela Flores, a finales de febrero de este año, que Octorina Zamora entregó formalmente al Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta una carta firmada por una treintena de mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2, ubicada en el departamento Rivadavia, en jurisdicción del pequeño pueblo de Pluma de Pato, a casi 400 kilómetros de la ciudad de Salta.

“Las mujeres que suscribimos esta nota hemos sido madres de niños que han nacido fruto de relaciones con hombres ‘criollos’, como se los llama comúnmente por esta zona. Hombres que no pertenecen a nuestra comunidad”, sostienen en la carta. El agravante es que “muchas de esas relaciones no fueron consentidas, y también muchas de ellas sucedieron a una muy temprana edad, en condiciones que hoy reconocemos como claros abusos”, denunciaron.

Acceso a la educación

La médica se refirió también a la falta de acceso a la educación y consideró que si bien existe un sistema educativo que contempla la gratuidad y universalidad “en la práctica eso no se da. Seguimos contando con los dedos la cantidad de profesionales indígenas en la provincia. Nos faltan más profesionales para poder tener otra mirada, gente que creció en el territorio y entiende la problemática real. La ministra Vizzotti cuando vino dijo que hay médicos que no quieren permanecer en los territorios. La solución es a mediano y largo plazo. No tenemos políticas diferenciadas de acceso a la educación universitaria. Los programas de acceso terciarios y universitarios son limitados. Desde cuánta plata se le da a un estudiante al acompañamiento. Nos falta mucho respecto a la salud y educación”, señaló.

La doctora Zamora además consideró que no se alienta a jóvenes en las carreras de administración y eso hace que no existan personas de las comunidades participando en la organización y gestión de las políticas que después beneficiarán a las comunidades.  “Terminamos siendo meros receptores de políticas sin perspectivas intercultural. Tampoco tenemos una representación amplia en política pública y en representatividad en las bancas”. 

 Proyecto de salud intercultural

Después de más de una década, la doctora decidió junto a un grupo de colegas regresar a la tierra que la vio crecer cuando era niña. “Volvimos al Chaco salteño para prestar servicios en el marco de la emergencia socio-sanitaria”.

 Zamora describió que desde sus primeros años escucha las mismas noticias de desnutrición del norte argentino, por ello decidió volver y aportar a las comunidades:

“Enmarcamos un programa de atención que era un proyecto de fortalecimiento de primer nivel de atención que traía la propuesta de despliegue territorial de visita a las familias indígenas desde perspectiva de las comunidades, captar a niñas, mujeres embarazadas, y acompañar el proceso de formación a agentes territoriales de salud, enfermeros/as de la comunidad. Pudimos resistir alrededor de 7 meses, el equipo se nos fue acortando de a poquito a raíz de irregularidades del pago del servicio. De ese trabajo pudimos sistematizar información”, señaló la profesional médica.

Describió que en la actualidad lamentablemente no contamos con números reales ni estadísticas oficiales, pero siguen saliendo noticias de niños y niñas que fallecen por la pésima alimentación. La ley 7856 que tiene perspectiva intercultural en su aplicación desde 2014 que se encuentra sancionada pero nunca se reglamentó. Por eso la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -integrante del colectivo ‘Infancia en Deuda’- y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma, presentaron un amparo. El Juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, concedió la medida cautelar solicitada y le ordenó al Gobierno provincial mejorar las condiciones de acceso a la salud para niños y niñas indígenas y sus familias, en los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria y en Salta capital. 

La sentencia ordena al Poder Ejecutivo salteño designar facilitadores y facilitadoras interculturales de las comunidades indígenas en los hospitales de los departamentos y también en la capital, y a garantizar albergues de tránsito para las y los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.

 “Si no tenemos facilitadores interculturales no vamos a garantizar el acceso a salud. Falta voluntad política y en el marco de los ajustes del Ministerio de Salud también se necesitan partidas presupuestarias”, indicó la médica wichí.

En la provincia de Salta residen 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y que viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable.

En noviembre de 2014 en Salta se sancionó la ley 7856 que impulsa la creación de una red de apoyo sanitario intercultural destinada a los pueblos originarios de la provincia. Sin embargo Salta no avanzó en su aplicación efectiva.