Los bosquejos del presupuesto para el año entrante anticipan que habrá ajustes, suba de impuestos y que su tratamiento será express. Desde que asumió la intendenta Bettina Romero la Unidad Tributaria incrementó 140%.
El renovado concejo capitalino tendrá entre sus principales desafíos, además de sobrellevar el escándalo que involucra a la ex jueza de Faltas Soledad Gramajo, la aprobación de los lineamientos económicos del municipio para el próximo año. Las proyecciones apuntan a que diciembre será un mes con recaudación a la baja, producto (entre otras cosas) de la adhesión al pago anual con débito automático habilitado en enero. Todo apunta a que el ejecutivo municipal echará mano de cuanto recurso tenga a su alcance para levantar el aplazo y encarar con las cuentas ordenadas el segundo tramo del mandato romerista.
Para muchos, esto implicaría desde la incorporación de nuevos mecanismos para la elaboración de multas, hasta una eventual suba en el valor de la Unidad Tributaria (UT). En ambos casos, se apelará a los alfiles de la gestión dentro del cuerpo de ediles, como así también, a la ligereza o inexperiencia de los recién incorporados.
Tras la asunción de los 16 nuevos representantes comunales, el recinto volvería a tener actividad el próximo 15 de diciembre. Se espera que, para entonces, la ordenanza que fijará las partidas del año entrante esté en posesión de los distintos bloques para su análisis y debate.
No obstante, desde la comuna alegan que la elaboración del proyecto de Presupuesto General y Plan de Obras Públicas depende de los números que se aprueben a nivel nacional por parte del Congreso Nacional y en la provincia por parte la Legislatura Provincial. Esto podría empujar el debate a instancias cuasi navideñas y forjar un tratamiento deslucido y apresurado del esquema de partidas. Es allí donde ponen el acento algunos de los miembros del nuevo cuerpo de ediles.
Ajuste cantado
A pesar de no haber certezas en relación a la distribución de fondos, si la hay en cuanto a la necesidad del ejecutivo de hacer realidad el ajuste. En reunión con los concejales salientes, el secretario de Economía, Hacienda y Recursos Humanos de la Municipalidad, Daniel Amador, argumentó que no hubo ajustes en la Unidad Tributaria este año y que «por efecto de la inflación se deben incrementar tasas e impuestos». Toda una definición respecto del contenido del proyecto que se enviarán para su aprobación sobre el final del año.
El funcionario explicó también que la composición presupuestaría de la municipalidad proviene en un «53% de los recursos y recaudaciones propias (de los contribuyentes), y un 47% de los fondos coparticipables» de la Nación y de la Provincia. “Sobre esa premisa es la que estamos trabajando para el año próximo, esperemos que nuestra recaudación siga en los mismos valores que este año”, sostuvo.
Ante una eventual suba de la UT, Amador especificó que: “va colgada y de lo que hace a la recaudación y a lo que hace a la coparticipación, entonces una vez que tengamos como vamos a armar nuestros recursos de coparticipación y qué acomodamos para ver como equiparamos esos recursos con los propios” aclaró.
Los «acomodamientos» a los que refiere el secretario de Hacienda, no sólo ya están definidos, sino que, además, muchos de ellos ya están en curso. Los artilugios para el incremento de la recaudación, vale decir, han experimentado un proceso de diversificación encomiable en la ciudad de Salta. Una iniciativa del ejecutivo fue ampliar las facultades de los denominados «preventores urbanos» para la confección de multas e infracciones de todo tipo. Los funcionarios explicaron en el Concejo Deliberante que el área tendrá ahora como objetivos principales: «desarrollar acciones de prevención, disuasión, persuasión y negociación ante un eventual conflicto con la normativa vigente sobre el espacio público». La urgencia de la medida puede explicarse por la ausencia de inspectores de la Dirección de Espacios Públicos, dado que la mayoría de los trabajadores se encuentran sumariados y el organismo intervenido.
Creativos para recaudar
Sin embargo, poner a recaudar a los preventores urbanos no fue la única iniciativa emanada del ejecutivo municipal para hacer caja. En marzo de este año, una intervención de último momento por parte de la concejal Frida Fonseca (hoy premiada con el cargo de secretaria de Gobierno) estuvo a punto de aumentar de un plumazo y sin debate el valor de la Unidad Fija (UF) en un 169%. Mientras el cuerpo debatía el aumento en particular de las multas relacionadas a alcoholemia, la actual funcionaria pidió la palabra y abrió el debate de la comisión de Legislación en plena sesión. Con el aditamento de Fonseca, el aumento que había sido pensado para dos multas en particular, impactó en otras 116 infracciones que nada tenían que ver con el consumo de alcohol al volante.
Dos meses después de su aprobación, en junio, la ordenanza fue reconocida e instrumentada por el Tribunal Administrativo de Faltas, por entonces a cargo de la flamante concejal Soledad Gramajo. El litro de nafta (que establece el valor de la Unidad Fija) había pasado de $82,20 a $97,70, disparando en 169% el valor de la unidad respecto de marzo. Tras un dictamen del Tribunal de Cuentas, el aumento quedó sin efecto y se dio marcha atrás con la medida, pero si pasaba… pasaba.
La implementación de mecanismos cada vez más sofisticados para la elaboración de multas también es una buena alternativa si lo que se busca es ampliar la base de infractores. Herramientas tales como la app «Empatía», orientada nada menos que a lograr que cada ciudadano asuma el rol de policía y, a través de fotografías denuncie a sus pares, va en ese sentido. El progresivo reemplazo del trabajo humano por cámaras Go-PRO adosadas a los cascos de los motoristas también podría incluirse en el combo.
Finalmente, el frustrado negocio con la cámara empresaria CECAITRA podría considerarse una de las mayores derrotas del bettinismo en materia de planes recaudatorios. Luego de idas y vueltas, el contrato que firmaron para la realización de multas de automotores en diferentes arterias de la ciudad, terminó por caerse. La empresa retiró los aparatos que habían sido montados sin costo, pero una correcta presentación del convenio hubiera alcanzado para ahorrarse el papelón.
