La iniciativa, encabezada por la senadora salteña Nora del Valle Giménez, responde a una recomendación de Naciones Unidas, de protección integral de las mujeres indígenas.
La iniciativa contó con el acompañamiento de los oficialistas Sergio “Oso” Leavy, Carlos Linares, María Teresa González, Silvia Sapag, María Eugenia Catalfamo, María Inés Pilatti Vergara, Sandra Mendoza, Antonio Rodas, María Eugenia Duré y la aliada misionera Magdalena Solari Quintana.
El texto propone la modificación de cuatro artículos de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A través de los cambios quedaría establecida como una modalidad específica de violencia la que sufren las mujeres, adolescentes y niñas indígenas en sus diferentes formas. Propicia incorporar así a la legislación una perspectiva interseccional que tenga en cuenta las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres indígenas.
Además, ordena disponer nuevas herramientas para mejorar el acceso a la justicia de estas mujeres, como la exigencia de que se facilite un intérprete indígena a lo largo del proceso judicial, para que el idioma no termine siendo una barrera que les impida acceder a sus derechos. También se establece la obligatoriedad de que los defensores tengan conocimiento de la cultura de las comunidades.
Para los casos de delitos contra la integridad sexual, el proyecto pide que la introducción de personas facilitadoras interculturales indígenas bilingües al sistema judicial sea una política activa, que permita avanzar hacia la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres e infancias indígenas.
La elección del nombre de Octorina Zamora tiene que ver con que ella fue una de las primeras mujeres originarias que visibilizó el maltrato y las prácticas de abusos sexuales, también denominadas chineo, que se naturalizan en algunas comunidades del Norte para iniciar sexualmente a las niñas y adolescentes.
Giménez destacó en los argumentos del proyecto que el texto responde también a un pedido realizado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, que en su Recomendación 39 reclama medidas legislativas y políticas para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas bajo los principios de las Naciones Unidas.
