La justicia analiza notas del desaparecido diario salteño “Norte” en la causa contra Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma acusado de colaborar con la dictadura en los “Apagones de Ledesma” de 1976. Blaquier es defendido por Horacio Aguilar, padrino político del actual candidato a diputado Eduardo Sylvester.
Los artículos del diario “Norte” que lee la Justicia en la causa que le sigue a Pedro Blaquier son de agosto de 1973. Así lo reseñó en una larga nota para Página 12 el periodista Alejandro Dandan que asegura que varios artículos periodísticos están nutriendo a modo de prueba causas de complicidad empresaria durante el terrorismo de Estado. Viejas notas fueron evaluados por la Cámara de Apelaciones de Salta y las querellas ahora esperan que sean bien miradas por la Cámara de Casación. En conjunto, esas notas dan por tierra con una de las estrategias de la defensa de Baquier – el abogado salteño amigo de Urtubey, ex asesor del gobierno salteño hasta que asumió la defensa de Baquier y ex juez Federal en Salta y Jujuy donde convirtió en hombre de su confianza al actual candidato a diputado provincial por Salta y ex Ministro de Gobienro: Eduardo Sylvester – que consistió en argumentar que el Ingenio Ledesma de Blaquier era como una especie de “estado de bienestar” para los obreros de lugar.
Para cotejar esa versión, la Justicia ahora analiza artículos periodísticos que dan por tierra con esa versión y que desliza la hipótesis de un “estado” más bien esclavo. Uno de los artículos que leen es del 12 de agosto de 1973 y fue publicado por el desaparecido diario salteño “Norte” que reseña que “En los lotes de Ledesma SAAI son deplorables las condiciones generales de vida de la población zafrera, ‘se repite el panorama lamentable de hacinamiento, promiscuidad y alta exposición al riesgo de enfermar y morir (…) “Esta situación llega a límites extremos e inadmisibles en El Talar, donde más de 10.000 personas se aglomeran en el más alto grado de hacinamiento que se ha observado en la provincia.” A continuación, el mismo diario señala que Ledesma no cumple con 39 de los 69 incisos de las obligaciones pautadas por la Subsecretaría de Salud Pública de Jujuy; que “la dotación de camas” en el hospital alcanza el “50 por ciento”; que faltan medicamentos y agua potable.
Otro artículo publicado el mismo día del mismo año y en el mismo diario. Se titula “La inspección a Calilegua”, que reseña el resultado de una inspección de la Subsecretaría de Salud a Calilegua SAAIC que era parte del conglomerado Ledesma. “Puede afirmarse que una de las peores condiciones de vida observada en la provincia (…) se comprueba en los lotes del personal zafrero en la zona del ramal. La situación es irregular desde cualquiera de los ángulos que se analice: laboral, sanitario y social. El contraste que se comprueba en esa zona de altísima productividad y de bajísimo nivel de vida de sus trabajadores se puede sintetizar señalando que las condiciones de marginalidad y explotación siguen vigentes. Estas situaciones son:
– Condiciones infrahumanas de vivienda, promiscuidad y hacinamiento incompatibles con la dignidad del hombre. Mal nutrición y falta de atención médica. Carencia de servicios sanitarios mínimos.
– Se ha comprobado la existencia de hasta cuatro familias (15-16 personas) hacinadas en pocilgas de 10 metros cuadrados. Sin luz, sin agua, sin ventilación, durmiendo en el piso de tierra. La salud, el decoro y la privacidad del núcleo familiar no cuentan para estos marginados.
Ante esta transgresión a la Ley 1655, la subsecretaría emplazó a la empresa Calilegua SAAIC a adecuar sus servicios. Vencidos los términos, se le impuso una multa y se la ‘emplazó’ nuevamente para que se adecue.”
Eran estas condiciones las que explicaban la conflictividad entre la empresa y los obreros. Y es que como sucedió en otros casos, las personas secuestradas durante la dictadura eran parte de las comisiones internas o trabajadores activos y comprometidos. Es más, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ledesma denunciaba “con volantes que incluso antes del golpe denunciaban traslados ilegales de la empresa en sus vehículos”, algo de lo que se acusa a Pedro Blaquier: prestar sus vehículos a los militares en 1976 para trasladar a los detenidos que jamas volvieron a aparecer.
Ese sindicato, incluso, respaldaba a Luis Aredez, médico de pueblo, radical, asesor del sindicato e intendente de la localidad de General San Martín entre 1973 y 1976 por pedido de esos mismos trabajadores. A Aredez lo secuestraron el 24 de marzo de 1976 y la familia siempre dijo que se llevaron porque fue el único intendente que se “le atrevió a la empresa” y la obligó a pagar impuestos.
El artículo es del 10 de febrero de 1974 dice: “Alrededor de 800 personas –obreros de Ledesma– se presentaron en el público despacho del intendente Aredez y le hicieron conocer su adhesión, a través de una resolución que tomó el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Allí dicen que en los últimos tiempos ha existido una campaña nacional de los sectores continuistas contra los intereses populares, expresada a través de la renuncia o destitución de gobernadores, intendentes u otros funcionarios que tienen una buena actitud hacia los reclamos obreros y populares dando como ejemplo la destitución de (Oscar) Bidegain en Buenos Aires, las presiones a (Miguel) Ragone en Salta y a (Ricardo) Obregón Cano en Córdoba. Refieren que eso también sucede con Aredez, a quien se le pidió la renuncia ‘para reemplazarlo seguramente por una persona más complaciente a los intereses de Ledesma SAAI’”, señala ahora la resolución de la cámara que tomó ese artículo. Y agrega: “El intendente Aredez le ha ajustado con justicia las clavijas a Ledesma SAAI exigiéndole el pago de los millones de pesos que le adeudaba a la comuna por impuestos impagos y luchaba constantemente por terminar con el manoseo de la asistencia médica que el Hospital Ledesma está acostumbrado a cometer con los compañeros trabajadores”. Así resuelven comprometer su apoyo al intendente, llamando a efectuar el repudio a través de gestiones y movilizaciones contra “aquellos sectores que tratan de lograr la destitución o renuncia del cargo y nombran una comisión” para que “el doctor Aredez permanezca en su puesto”.
