Llegó el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Los representantes del organismo recorrerán cárceles y se entrevistarán con funcionarios y jueces de Jujuy, Chubut y Buenos Aires.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria de personas –que en octubre del año pasado reclamó la “inmediata liberación” de Milagro Sala– llegó al país, para una visita de diez días durante los que recorrerá prisiones y se entrevistará con funcionarios y jueces de las provincias de Jujuy, Chubut y Buenos Aires. La delegación fue invitada por el gobierno argentino luego de que emitiera una resolución en la que planteó que la detención de la dirigente de la Túpac Amaru es arbitraria, producto de la “vulneración” de sus derechos y garantías jurídicas más elementales.
Ayer, en el primer día de su visita, el Grupo de Trabajo se reunió con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y más tarde con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Encabezada por los expertos en derechos humanos Elina Steinerte (de Letonia) y Sètondji Roland Adjovi (Benín), la delegación va a viajar mañana a Jujuy, donde tiene previsto entrevistarse con el gobernador Gerardo Morales, con miembros del Superior Tribunal de Justicia y del Ministerio Público Fiscal para hablar sobre el caso de Sala.
La invitación del gobierno de Cambiemos al Grupo de Trabajo –un intento por mostrarse como una administración con apego a la ley– va de la mano sin embargo con su propia dilación para cumplir con lo que dictó por la resolución.
En octubre, cuando la ONU reclamó que la dirigente fuera liberada de inmediato, tanto el gobierno nacional como Morales buscaron quitarle peso a este pronunciamiento, con el argumento de que se trataba sólo de una opinión, de carácter no vinculante. El presidente del Grupo de Trabajo, Adjovi, aclaró en su momento que no era así. “Las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias deben ser cumplidas al basarse en disposiciones jurídicas provenientes del derecho internacional de los derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, dijo. Ambos instrumentos del derecho internacional tienen en nuestro país jerarquía constitucional.
Ayer, voceros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aseguraron que en la reunión con Avruj “no se habló” del caso de Milagro Sala. En el comunicado oficial sobre la actividad, la secretaría consignó que los temas tratados fueron “el avance de la creación de los mecanismos de prevención de la tortura, la situación en las cárceles, prisión preventiva y los procesos de reforma judicial trabajados a través del Programa Justicia 2020”.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de personas intervino en el caso de Milagro de Sala en el marco de un reclamo iniciado por Amnistía Internacional, Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en febrero del año pasado, tras el arresto de Sala, y ampliado a medida que, a impulso del gobernador Morales, la Justicia jujeña sumó acusaciones contra la dirigente para mantenerla detenida.
Para emitir su opinión, el Grupo evaluó también la información y los argumentos que le aportó el propio Estado sobre las causas judiciales, como informes de la Cancillería, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la gobernación jujeña y el Poder Judicial de la provincia.
El 27 de octubre pasado, el organismo dio conocer sus conclusiones. En ellas señaló que la privación de la libertad de Milagro Sala es “arbitraria”, por lo que solicitó que sea liberada “de inmediato”. También le encomendó al Estado informar sobre las medidas de seguimiento de su resolución, como “la fecha de liberación de la señora Sala”, si ha tenido lugar “algún tipo de reparación” y si “se ha llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos” de la dirigente.
El pronunciamiento sobre la arbitrariedad del arresto de Sala no está en revisión durante esta visita, aunque la invitación del gobierno se inscribe en un discurso que plantea que los organismos internacionales vengan a verificar si existen o no violaciones a los derechos humanos. La delegación anticipó que recorrerá prisiones, centros de atención de la salud y comisarías y que, antes de su regreso, el 18 de mayo, brindará una conferencia de prensa.
Fuente: Página 12
