El andar de las mediaciones judiciales no es perfecto. Una auditoría indica que su efectividad es baja en la órbita que conduce Pablo López Viñals. Los auditores también detectaron en el Servicio de Atención a la Víctima una preocupante falta de personal para los altos índices de violencia provincial. (Gonzalo Teruel)
Pablo López Viñals es el Procurador General de la Provincia desde mayo del 2008. Hace poco más de un mes fue ratificado en su cargo y ya cursa su segundo mandato como hombre fuerte de la justicia salteña. Pese a su estratégico puesto en uno de los poderes de la república y a ser uno de los hombres más influyentes de la provincia, cultiva el bajo perfil, rehúye de la exposición pública, y esconde su espíritu conservador. Intentando escapar de ese halo fantasmal, profundizó en los últimos años un proyecto de acercamiento de la justicia a la gente en cuestiones menores: desde la Procuración avaló y estimuló la aplicación de los principios de la mediación que instrumentó la entonces ministra de Justicia, María Inés Diez.
La mediación, nobleza obliga, es en Salta un mecanismo cada vez más aceptado para la resolución de problemáticas menores de índole judicial. Desde la entrada en vigencia de las leyes que la regulan se registraron casi 35 mil casos que pidieron ir a mediación con unos 15 mil resultados favorables. “En el anuario del Poder Judicial referido al 2012 se deja ver una disminución de causas de un 10% respecto al 2011 y de un 6% respecto al 2010. Sin dudas ello obedece en parte a la implementación de la mediación como una forma rápida de resolver los casos, previo a una instancia judicial”, dijo antes de dejar su cargo Diez.
Este buen andar de la mediación, sin embargo, no es perfecto. Un documento de la Auditoría General de la Provincia de reciente publicación indica que todavía su efectividad es baja en la órbita del Ministerio Público que conduce López Viñals.
El Centro de Mediación creado en febrero de 2001 -y enriquecido por las leyes de Mediación y de Vías Alternativas de Resolución de Conflictos del año 2004 y por el decreto de Obligatoriedad Definitiva de la Mediación del 2009- con el objeto de impulsar a las partes a un acercamiento previo a la instancia judicial y aliviar la sobrecarga de Defensorías Oficiales y Juzgados, tuvo en 2010 y 2011 un desempeño discreto.
De acuerdo al documento de la oficina de contralor, en el periodo 2010 la “meta conceptual” fue la recepción y realización de 3.500 mediaciones pero se avanzó en 3.683 solicitudes de mediación con un sobreíndice del 105%. La relación porcentual entre esas solicitudes y los procesos efectivamente realizados, no obstante, cayó al 54% con sólo 1.895 mediaciones. En 2011, en tanto, la meta fue la realización de 4.000 mediaciones pero sólo se receptaron 3.877 solicitudes y se concretaron 2.281 o el 57%.
Aquella baja efectividad de los métodos prejudiciales puede explicarse, tal vez, en el escaso personal disponible por el Centro de Mediación integrado por una directora, 4 mediadores en Capital, 1 mediador en Cerrillos y otro en El Carril, más unos pocos empleados administrativos aportados por el Ministerio Público.
La información desagregada revela, en el mismo sentido, que el número de procesos satisfactorios cayó a niveles aún más bajos: menos del 30% terminó en acuerdo formal en 2010 y en 2011 el porcentual de acuerdos apenas superó el 20%.
En su trabajo la Auditoría detectó, además, deficiencias menores en el proceso administrativo del Centro de Mediación. “Las actuaciones verificadas no están foliadas conforme lo establecido en la ley de Procedimientos Administrativos (…) Las registraciones en el Libro de Ingresos y Resultados se encuentran sobrescritos y con enmiendas”, puede leerse, por ejemplo, en el capítulo de las observaciones al funcionamiento burocrático del organismo.
¿Quién podrá defendernos?
La auditoría realizada el año pasado en el Ministerio Público no concluye en el Centro de Mediación sino que alcanza también al SAVIC, el Servicio de Atención a la Víctima. Sobre este particular, el relevamiento es bien descriptivo de la estructura, facultades, competencias, obligaciones y objetivos de la oficina y advierte que “el SAVIC elaboró un Manual de Procedimientos que a la fecha de corte -del trabajo de campo, noviembre de 2013- no cuenta con la aprobación del Colegio de Gobierno”.
El dato más destacado sobre la actividad del SAVIC no es esa falencia administrativa sino la forma en la que se orientan los esfuerzos del organismo que cuenta con 4 distritos: Centro en Capital, Sur en Metán, Norte en Orán, y Norte en Tartagal. Para los 2 periodos analizados -2010 y 2011- la “meta física” fue la asistencia, orientación, acompañamiento y asesoramiento a la víctima en 13.000 casos y la prevención, promoción, información y capacitación en apenas 240 casos por año.
Al igual a lo acontecido con el Centro de Mediación, la Auditoría detectó en el SAVIC una preocupante falta de personal para atender la enorme cantidad de requerimientos del periodo 2010. “La directora del servicio manifiesta que habiendo sobrecarga de trabajo en el área de violencia, hay una demanda excesiva sobre los profesionales de todos los distritos, por lo tanto no se logra la óptima cobertura del servicio en causas de violencia y acompañamiento en procesos judiciales”, describe el documento y agrega que de acuerdo a la responsable de la oficina pública “la disparidad de las condiciones laborales -planta, contratos, pasantías- de profesionales que realizan las mismas tareas impide la conformación de equipos estables e igualitarios”.
Estas dificultades no fueron subsanadas en 2011. “El servicio sigue cubriendo los requerimientos funcionales mínimos, no logrando su óptima cobertura, tampoco abarca la demanda creciente del servicio por incremento de las derivaciones de personas desde las Fiscalías Correccionales, Penales y de Cámara y otras dependencias, frente a la misma cantidad de recursos humanos”, apunta el relevamiento que arroja a continuación una “perlita” imposible de soslayar “se mejoró la prestación de servicios por la incorporación al patrimonio de 5 computadoras, escritorios y sillas, e insumos necesarios para el funcionamiento”.
La muestra elaborada por los profesionales del organismo de control fue minúscula y alcanzó “una selección de 12 casos al azar, para corroborar que el servicio cumpla con el manual de procedimientos, la carta de servicios y los fines para los que fue creado”. “Sobre 12 casos muestreados, 8 son derivaciones que provienen en su mayoría de juzgados de familia: 6 derivaciones. Las 2 derivaciones restantes son de un centro de salud y de una fiscalía penal”, explica el documento y remarca que “en todos los casos de la muestra seleccionada que han sido analizados, se cumple con el procedimiento conforme al manual”.
Si bien los resultados observados en el manejo financiero del SAVIC son razonables, la Auditoría igual realizó recomendaciones referidas al sistema de registración y control de las erogaciones dinerarias. Y pidió finalmente “considerar en el presupuesto del organismo la adecuación en función de las necesidades del servicio, la planta profesional que cubra la demanda creciente por incremento de las derivaciones de personas desde las Fiscalías Correccionales, Penales, de Cámara y otras dependencias”.
