Salta es la provincia más pobre y desigual del país según un estudio reciente. A pesar de haber insistido durante años en la pujanza productiva local, los sucesivos gobiernos no lograron revertir esta realidad. En paralelo, se conocieron detalles del presupuesto para el año entrante y se afianza la dependencia con Nación. (Nicolás Bignante)
Alrededor de 800 mil salteñas y salteños viven en hogares con ingresos insuficientes para comprar una canasta básica de bienes tales como alimentos, vestimenta, abrigo o pagar servicios como educación y salud. El estremecedor dato forma parte de las conclusiones a las que arriba el informe «Pobreza y capacidad humana en la provincia de Salta», elaborado por el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE).
La ciudad de Salta ocupa el puesto 5 de las ciudades del NOA ordenadas siguiendo un orden decreciente de la tasa de prevalencia. Según este dato, la pobreza en Salta es similar a la de Jujuy y se ubica 8 puntos porcentuales por debajo de Santiago del Estero, el aglomerado urbano con mayor pobreza del NOA. Según este cómputo, sólo en la ciudad de Salta habría alrededor de 280 mil personas residiendo en hogares con ingresos insuficientes.
Ahora bien, si se considera la brecha de pobreza (esto es, la intensidad de la pobreza medida en torno al ingreso medio de quienes están por debajo de la línea que la delimita) Salta ocupa el primer lugar en el listado de conglomerados urbanos del NOA. Esto implica que la población pobre de Salta es la que está en peor situación comparada con la población pobre de cualquiera de los aglomerados del NOA. «Reducir esta pobreza resultaría más costoso en Salta que en otras jurisdicciones», acota el estudio.
Una de las realidades que el informe pone de relieve y que escapa a las mediciones oficiales es la enorme inequidad entre departamentos como: Capital, Cafayate o La Caldera, y el resto de la provincia. En parte esto se debe a que relevamientos como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se realizan en conglomerados urbanos de más de 300 mil habitantes. La realidad del interior profundo, entonces, queda francamente eclipsada en la mirada nacional.
La catástrofe humanitaria que llevó a que en enero de 2020 se declarara la emergencia social en tres departamentos del norte forma parte de esta realidad desplazada de la mirada centralista. Entre la ciudad de Salta y el resto de la provincia, la diferencia en el índice de pobreza promedia los 20 puntos. El aumento más pronunciado y notorio se dio entre 2018 y 2019 con una escalada que llevó del 42% al 61% el total de la población bajo la línea de pobreza.
Salta la desigual
Salta es el centro urbano con mayor desigualdad de la región NOA y una de los más desiguales del país. El coeficiente de Gini de Salta sólo es superado por el registrado en La Plata y Santa Rosa (La Pampa) y es similar al hallado para Córdoba y Mar del Plata, dos jurisdicciones con un ingreso per cápita mucho más elevado que el salteño. Esta característica no es ajena al esquema productivo de la provincia, donde 70 terratenientes son dueños de la mitad de la tierra productiva destinada al agro.
A su vez, los desequilibrios entre la Capital provincial y el interior también forjan inequidades, fundamentalmente en materia de salarios. El ingreso promedio del 20% más pobre de la población, es menor que el observado en el promedio del NOA, excluyendo a Salta de los centros urbanos que conforman esta región. En segundo lugar, los ingresos del 20% más rico de la población son más altos que los calculados para la región NOA. Como resultado, la brecha de ingresos entre las familias de más altos y de más bajos ingresos en Salta es la más pronunciada de la región.
Pobreza y presupuesto
Y allí donde la desigualdad reina es que el estado debe intervenir para equilibrar la balanza. Así al menos dicen los manuales. No obstante, la realidad marca otra tendencia. Doce años de romerismo, sumados a otros doce de gestión Urtubeycista y dos años de saenzismo, no sólo no lograron revertir las condiciones de precariedad en las que habitan miles de familias, sino que, en muchos casos, las profundizaron. Parte de la explicación puede encontrarse en el esquema de distribución de partidas.
El presupuesto 2022 presentado ante legisladores y funcionarios del ejecutivo la semana pasada deja la puerta abierta a una serie de interrogantes. ¿Cómo es que el Ministerio de Economía, cuyas tareas son mayoritariamente administrativas, tendrá un presupuesto que triplica al de Infraestructura?, ¿Por qué un área exclusivamente burocrática como la de Gobernación tendrá 2 mil millones de pesos más que el Ministerio de Desarrollo Social?
El oficialismo se aferra a la defensa del proyecto argumentando que el 85% de los fondos estará destinado a Salud, Educación y Seguridad; pero el cálculo es, como mínimo, tendencioso. El porcentaje al que refieren corresponde a los gastos operativos, que abarcan mayoritariamente gastos de personal. Si, en cambio, se toma como base el presupuesto total de $272 mil millones, las tres carteras acaparan el 60%.
La deriva represiva
La «ley de leyes», además, destinará $34.768.389.656 al ministerio de Seguridad y Justicia comandado por Abel Cornejo. La fórmula, además de evidente, está lejos de ser novedosa. Mientras la crisis tiende a profundizarse, desde el gobierno dejan en claro que no escatimarán recursos para la represión. Durante la primera semana de aislamiento obligatorio, la policía de Salta a cargo del ex-ministro Pulleiro «demoró» a 2424 personas y retuvo 134 vehículos, perfilando a la provincia como una de las más represoras a nivel país. El 80% de las detenciones, según el relevamiento oficial, se dieron en barrios y asentamientos de la capital salteña, Orán y Tartagal; donde los índices de hacinamiento se corresponden con un déficit habitacional de 72.203 viviendas, según un relevamiento del IERAL.
Fue también el gobernador Sáenz el que pidió en marzo de 2020 al presidente de la Nación Alberto Fernández que «saque al ejército a las calles» para garantizar el cumplimiento del ASPO. Las consecuencias de aquella retórica castrense se palparían meses más tarde en una triste estadística: Al menos 6 personas perdieron un globo ocular a raíz de disparos policiales.
Minería: ¿Panacea o fantasía?
Del análisis del presupuesto para el año entrante se desprende, además, que sólo el 1,2% de los ingresos provienen de las mentadas regalías por el uso del suelo. Esto abarca los ingresos por el cobro de tributos a la actividad hidrocarburífera, minera e hidroeléctrica.
Por la explotación de hidrocarburos la provincia percibirá $2977 millones, lo que representa apenas el 1,09% del total de partidas previstas para el año entrante. Aun así, se trata del sector que mayor aporte realiza a las cuentas provinciales en concepto de regalías. La actividad hidroeléctrica, de poca incidencia en el esquema energético provincial, aportará el equivalente al 0,01% del presupuesto, unos $29 millones. Pero, sin dudas, lo más llamativo de la exposición oficial tuvo que ver con la magra contribución de la actividad minera. Al margen de la pomposidad publicitaria, el sector presentado infinidad de veces como el futuro de la economía local aportará el 0,1% del total de pesos a distribuir en 2022 ($291 millones).
La cifra resulta absolutamente incongruente con el empalagoso optimismo oficial. Con precios que han alcanzado su máximo histórico (la tonelada pasó de costar USD 450 en 2003 a USD 8300 en 2021), las exportaciones de carbonato y cloruro de litio no llegan a representar el 0,4% de las exportaciones locales según la secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Para alcanzar apenas el 1% de las exportaciones debería más que duplicarse la producción, lo cual, considerando el ritmo de exploración, de puesta en marcha y evolución de los proyectos, no parece factible en los próximos 5 años.
La realidad es palpable en los pueblos de la puna donde el acceso a los servicios básicos es, todavía, un derecho del que están privadas miles de familias. En el extenso departamento Los Andes, nicho extractivo de las multinacionales, los pobladores enfrentan graves problemas de pobreza y subdesarrollo, además de una notoria emigración de jóvenes hacia la ciudad de Salta y otros centros urbanos del valle de Lerma.
La prédica constante de la bonanza litífera tampoco estaría dando resultado en otras provincias involucradas en su explotación. Tal es el caso de Jujuy, donde las regalías representaron apenas el 0,72% del presupuesto en 2020 o Catamarca, donde significaron el 0,93%.
Turismo: Tampoco es la pasión
En la verborragia oficial tampoco escasean las referencias al sector turístico como palanca de desarrollo y dinamismo. Esto pese a que los resultados, puestos en cifras, no sólo carecen de rigor estadístico, sino que además no justifican ni por asomo tamaña definición.
Toda vez que la comunicación oficial alude a los miles de turistas que visitan Salta y a los millones de pesos que vuelcan en la economía local, apela a dos mecanismos de medición: Los relevamientos hoteleros diarios y las encuestas al turista en la vía pública. Los primeros se enfocan en variables como la tasa neta de ocupación de habitaciones, el pernocte promedio y el lugar de residencia de los huéspedes. Las segundas, en tanto, permiten obtener información cualitativa del perfil de turista que visita Salta y aproximaciones al gasto turístico diario. Se realizan tres veces al año en las temporadas de verano, semana santa e invierno.
En 2021, el gobierno arribó a varias estimaciones sobre el impacto económico del turismo: La temporada de verano en su conjunto aportó, según cifras oficiales, mil millones de pesos. Los feriados de Semana santa, con 20 mil turistas en territorio salteño, añadieron $123.578.679. El fin de semana largo de julio, impulsado por el feriado del día de la independencia, agregó otros $183 millones. Durante la temporada de invierno, en tanto, se registró una afluencia de 127 mil turistas con un impacto de $2.019.452.467. A eso deben sumarse los fines de semana largos del 17 de agosto ($154 millones), del 12 de octubre ($304,4 millones) y del 20 noviembre ($284 millones).
Aun tomando en consideración estos guarismos, basados en estimaciones de gastos promedio, el aporte del sector en comparación con el presupuesto oficial del año en curso es de apenas el 2,71%.
