La policía puso en alerta esta semana a toda la cúpula provincial. Una carta dirigida directamente al gobernador y firmada por suboficiales que no se sienten representados por la conducción de la institución fue el hecho detonante de toda la tensión interna. La fuerza acumula siete fallecimientos de efectivos por coronavirus y está rota la cadena de mando. El acercamiento entre el gobierno y los policías también marcaría el final de la aventura Pulleiro. Por Rodolfo Bayer
La policía de Salta fue hasta ahora la encargada obediente de imponer todas las disposiciones restrictivas que la pandemia y la cuarentena trajeron como nueva forma de comportamiento social. Desde los férreos retenes de marzo y abril, hasta una importante sumatoria de detenciones y multas a quienes violaron las normas dictadas por el COE y el Poder Ejecutivo. Como resultado, algunos efectivos policiales consideran que están siendo abandonados frente a las malas noticias que trae el contagio masivo de efectivos en servicio. Apenas se conocieron los primeros fallecimientos por Covid19 de policías en actividad, le hicieron conocer el malestar al propio gobernador, Gustavo Sáenz. Así fue como llegaron esta semana a depositar una carta directa al mandatario con un petitorio de ocho puntos básicos, eludiendo en forma manifiesta a la Jefatura de Policía (Crio. Norma Morales) y al Ministerio de Seguridad (Juan Manuel Pulleiro).
En la presentación de la misiva escrita se requirió la recomposición salarial de la tropa, la creación de un centro sanitario exclusivo para el tratamiento de los contagiados, un suplemento alimentario mensual, la garantía de cobertura de la ART, viviendas y condiciones laborales dignas y la actualización de algunos ítems, referidos a los recargos de servicio y horas de guardias especiales.
La respuesta casi inmediata a la carta terminó en una reunión conciliatoria en el Grand Bourg, donde los grandes ausentes fueron los responsables del área, tanto el ministro de seguridad como la jefa de policía. En su lugar apareció un legislador que suena fuerte como reemplazante de Juan Manuel Pulleiro, al frente del ministerio de seguridad. El Coronel (r) abandonaría próximamente el gabinete por la misma puerta que días atrás tomó la ex ministra de salud, Josefina Medrano.
Roma no paga
Desde el comienzo de la pandemia en el primer trimestre de este año fue la fuerza de seguridad provincial la encargada de ocupar la primera línea del ordenamiento social impuesto. Como resultado, muchos efectivos sienten el abandono de las mismas autoridades ministeriales que impulsaron estas acciones. A seis meses de comenzada la epidemia en Salta, la policía suma unos 500 efectivos en aislamiento obligatorio (12% de la fuerza en total pasó por aislamiento), unos 200 contagios confirmados por laboratorio y al menos 7 fallecimientos, en los cuales siempre contaron con una aseguradora de riesgos de trabajo (ART), que desconoce toda cobertura asistencial a las familias de los policías.
En ninguna de todas estas situaciones lamentables, los uniformados contaron con el apoyo o el acompañamiento de la conducción policial ni civil. Una suerte de virtual abandono de quienes sostuvieron la primera línea de la pandemia. Policías contagiados en servicio, que no contaron con la atención médica necesaria y que terminaron muriendo en un hospital público colapsado por la pandemia. Familias dolidas por la pérdida del jefe de hogar que encima en medio del duelo recibieron intimaciones y cartas documentos de las firmas contratadas para asegurar los eventuales riesgos.
Demasiado destrato para quienes se arriesgaron desde el primer día con subordinación y valor. A la hora de responderle a los guardianes de la ley, ningún teléfono atendió los llamados. Cuando las papas quemaron ni el coronel ministro, ni la administrativa jefa, respondieron a los que se habían jugado todo. De poco sirvieron las casi 18 mil detenciones por violar la cuarentena o la varias veces millonaria suma recaudada en multas por el mismo concepto. De nada tantas horas de frio en los controles policiales desplegados por toda la provincia. Cuando el virus entró en sus casas nadie valoró lo obedientes y sumisos que fueron los agentes insultados por funcionarios o sus hermanos en controles viales, donde se les ordenó dejarlos pasar, aunque se violaran todas las normativas. Y así se escucharon viudas en carne viva denunciando en detalle cómo fueron abandonados sus esposos en medio del colapso hospitalario, donde los héroes perdían todo privilegio o prioridad. Así la bronca creció entre los compañeros de los fallecidos, que para colmo vieron por televisión cómo la maldita bonaerense puso en jaque a un presidente en horas. El malestar se transformó en tensión. Descubrieron que solo el pez muerto sigue la corriente. Una y otra vez hasta aceptarla rechazaron la realidad: Roma no paga a los policías.
Yo lo conozco
El ex policía y actual diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, fue el negociador y vocero que el jueves pasado dispuso el gobernador, para reemplazar en la mesa de dialogo al ministro ausente cuestionado todavía por una escandalosa repartija de hojas de coca, sin mostrar hasta la fecha logro alguno. La reunión mantenida el miércoles por los policías enojados, el diputado/vocero y el coordinador político de la provincia Pablo Outes sirvió apenas para calmar las aguas, en medio de concesiones directas al reclamo de una parte de la policía, aunque bien podía convertirse en un importante foco subversivo, tal como le ocurriera a Juan Urtubey al comienzo de su gestión. La presencia de Orozco (Pte. de la Comisión de seguridad de la Cámara de Diputados) no fue para nada sorpresiva, ya que desde varios días atrás su nombre es barajado como reemplazo de un desgastado Pulleiro. El desplazamiento del ex militar, tras el cambio esperado en salud pública fue motivo de conversación en los pocos mentideros políticos que aún quedan en pie. Siempre el nombre de Gustavo Orozco sonó para probarse el saco del juramento. Por ende, a nadie medianamente informado le sorprendió su presencia mediadora en Casa de Gobierno.
Desde el punto de vista práctico el recambio Orozco por Pulleiro tiene en sí mismo una lógica elemental, muy parecida a la fuerza gravitacional, que no puede ser evitada por ningún cuerpo u objeto. La salida del militar y su reemplazo por un ex policía pondría orden en tanto choque de colores verde y azul. Por otra parte, el perfil rudo del legislador/policía es visto con buenos ojos por buena parte de la sociedad salteña, y por casi toda la institución policial en pleno. En estas latitudes conservadoras un ex policía enjuiciado por apremios ilegales a detenidos y sospechosos, lejos está de tener una condena social de ciudadanos apegados a la ley. Por el contrario, fue electo diputado por el voto popular rosarino que lo prefirió por sobre otros candidatos.
Dueño de un discurso rígido y marcadamente de derecha, el legislador creció dentro del espacio de Alfredo Olmedo, dirigente desaparecido que hasta ayer nomás se mostraba como un bolsonarista convencido. También vale señalar que el candidato a ministro ostenta un importante vínculo familiar con Matías Posadas, actualmente Secretario General de la Gobernación. El diputado es hermano de Alina Valeria Orozco, quien fuera diputada provincial por la UCR en representación del departamento sureño, y mujer del eterno dirigente radical, Carlos Posadas, padre de Matías y Federico, hoy Ministro de Turismo en la Jujuy de Gerardo Morales. Formalmente el diputado ministeriable (si existe el término) sería tío político de los hermanos Posadas. Por lo pronto su primera aparición en tierras del Ejecutivo le fue altamente rentable, posicionándose como un posible conductor de la fuerza provincial y como un nexo entre las armas y los despachos. Algo que hasta el jueves era solamente teoría.
El principio de acuerdo con el gobierno consiguió el acondicionamiento de lugares para la atención de efectivos contagiados con coronavirus, además de mejoras salariales sin la intervención de la jerarquía de calle Güemes. En la reunión sin ministro, se acordaron paliativos para descomprimir cualquier tipo de tensión con los efectivos. Se conformó una comisión que analizará los ítems salariales que la Provincia podría empezar a blanquear a la brevedad. Dicha medida beneficiaría a los policías en actividad y a los retirados. Al terminar la reunión se concertó acondicionar un lugar para recibir al personal de la fuerza que contraiga coronavirus.
Para esto se preparará la escuela de Cadetes y un ala exclusiva del hospital Papa Francisco. Por su parte, el gobierno ordenó entregar ayuda alimentaria (los efectivos pedían $4000 por mes, con este fin) y elementos de bioseguridad a las familias de los efectivos que permanecen aislados por la pandemia. Paralelamente, y con el fin de recomponer aunque sea formalmente la cadena de mando, el diputado/vocero afirmó que se realizará un nuevo encuentro con las autoridades del Ministerio de Seguridad para avanzar con el debate salarial y la mejora de determinados ítems. Una convocatoria para la foto, sin contenido, ni poder real. Salvo que la próxima reunión sea con nuevas autoridades en el ministerio y al frente de la policía.
Ocho ojos se perdieron a pura bala
Si bien el reclamo policial contiene puntos entendibles y totalmente lógicos para la realidad económica de este año, lo concreto también es que la policía salteña actuó en estos meses de pandemia como suele hacerlo una institución preparada para reprimir, más que para prevenir. Según estimaciones del Ministerio Público fiscal la policía de Salta –igual que otras fuerzas nacionales- aprovechó la cuarentena y sus restricciones para llevar adelante una serie de abusos y hechos represivos, demasiado habituales en su accionar.
Además del lapidario informe que presentó el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, ante los diputados a comienzos de julio pasado donde se detallaban claras violaciones a los DDHH en los primeros meses de la cuarentena, los incidentes siguieron ocurriendo. A la fecha, según las estimaciones del Ministerio Público, serían ocho las personas (hombres y mujeres) que perdieron en 2020 un ojo por el accionar policial. El último hecho se cobró el ojo derecho de una mujer de 58 años, quien denunció al cuerpo de infantería por su pérdida. La víctima, Mirta del Valle Paz, es una vecina del barrio 20 de Febrero, pensionada y trabajadora no registrada de casas particulares.
El viernes 11 de septiembre, la mujer tuvo un conflicto con vecinos, quienes llamaron a la Policía. Un grupo de la División de Infantería llegó al domicilio y realizó varios disparos, uno de los cuales impactó en su ojo derecho. Tan simple como eso. Un llamado, un ojo. En otro hecho de la misma semana, un hombre de 66 salvó la vista por apenas centímetros. El operativo fue el 13 de septiembre en General Güemes, donde vecinos anónimos llamaron a la policía por una ruidosa pelea familiar dentro de una vivienda. Otra vez el mismo proceder: ingresaron a la vivienda y efectivos policiales efectuaron disparos con balas de goma y de pintura al interior de una vivienda, que impactaron en la cara de un hombre de 66 años y en niños.
El hombre recibió el impacto de tres balas de goma en su rostro. Sin embargo, es muy recordado el caso del solado que también fue cegado por las balas policiales, lo que motivó una causa vigorosamente en curso por la cual cinco policías están imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves. El incidente ocurrió el 29 de julio, en inmediaciones de una despensa ubicada en Barrio Norte Grande, cuando desde el móvil 1673 efectuaron un disparo de bala de goma con una escopeta, que impactó en el ojo izquierdo de un soldado voluntario que se encontraba en el lugar, al parecer violando la cuarentena.
El resultado fue una intervención quirúrgica tras sufrir el estallido total del ojo izquierdo. A estos conocidos incidentes, se deben sumar casi 18 mil detenidos, posteriormente negados por el ministro ausente y puenteado.
