Luego de seis años de juicio, la Corte de Justicia de Salta falló a favor de los damnificados por las inundaciones del Río Arenales en 2011. Los asesores legales de las victimas nos relatan cómo llegaron a esta sentencia. (Stephanie Tiemersma)
El 31 de enero de 2011 llovió intensamente en la ciudad de Salta y esto produjo una gran inundación en los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, entre otros. Todos cercanos al río Arenales. Más de 500 personas fueron evacuadas y 114 jefes de familia hicieron su descargo contra la Provincia, la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Aguas del Norte y la empresa privada Néstor A. Marozzi S.A a quienes consideraban culpables de lo ocurrido. El juicio duró seis años y este lunes la Corte de Justicia de Salta falló a favor de los damnificados.
En un primer momento, el caso estuvo a cargo del ya jubilado juez Mario Ricardo D’Jallad, quien determinó que no le correspondía pronunciarse respecto al reclamo ya que, por una cuestión de competencia, el Poder Judicial no podía ordenarle al Poder Ejecutivo el orden de prioridad de sus disposiciones gubernamentales. Esto significa que la Justicia no podía anteponerse al Estado y no tenía las facultades para indicarle qué hacer. Además el magistrado declaró abstracta la cuestión ya que había documentos que certificaban que la administración había hecho proyectos para solucionar los problemas de inundación y contaminación del río Arenales.
Los representantes legales de los vecinos damnificados – los doctores Pedro Arancibia y Julio Chávez – no conformes con la sentencia elevaron el pedido de amparo a la Corte. La misma consideró prematura la sentencia de D’Jallad ya que las citadas actividades de la administración no eran contundentes y no protegían plena e íntegramente los derechos de los ciudadanos que estaban viviendo cerca del rio.
Respecto a la superposición de poderes, la Justicia determinó que, en primer lugar, hay derechos constitucionales protegidos incluso en tratados internacionales que están siendo violados por lo que era su obligación intervenir. Y, en segundo lugar, se resolvió que el Poder Judicial, si bien no tiene la capacidad para dictarle al Ejecutivo cómo y cuándo hacer el saneamiento del río, si cuenta con las facultades para determinar que estas acciones deben hacerse ya que corre peligro la vida de los habitantes de la zona.
Pasen al estrado
La causa cayó en manos del juez Marcelo Ramón Domínguez pues ya habían pasado varios años y el juez anterior se había jubilado. El nuevo magistrado fijó una audiencia con las dos partes el 5 de febrero de 2015. A la misma asistieron el Fiscal de la Cámara Civil y Comercial, 60 personas de los barrios circundantes al río Arenales y representantes de la Municipalidad, de la empresa Néstor A. Marozzi, de Aguas del Norte y de la Secretaría de Recursos Hídricos. Todos concordaban con que debían realizarse con urgencia obras para evitar la contaminación y las inundaciones.
Durante lo que duró el juicio la Municipalidad se justificó citando la ejecución de varias obras como la de “Saneamiento del Río Arenales-Colección e Impulsión de Líquidos Cloacales- Licitación Pública N° 33” o el “Plan Saneamiento de Río Arenales-año 2012”. En una de las audiencias, el ingeniero Alfredo Fuertes, que representaba a la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales creada en 2011, expuso la tarea desarrollada respecto al tratamiento de las problemáticas de la cuenca. Sin embargo, reconoció que estas no dieron una solución definitiva y que aún había basurales.
El señor Justo Javier Jurado, representante de Aguas del Norte, dijo que se encontraba en un proyecto de bombeo cloacal, en el que debió trabajarse la línea de ribera para ver dónde colocar la estación de bombeo y así evitar el vuelco del río. De todas formas y al igual que Fuertes, reconoció que aún se vuelcan cloacales sin tratamiento. La principal de las razones por las que la Municipalidad y la Provincia explicó su falta de diligencia es la ausencia de fondos para llevar a cabo semejante proyecto de saneamiento y urbanización.
Respecto a esto, uno de los asesores jurídicos de los damnificados, el Dr. Julio Chávez nos dijo: “Nosotros habíamos puntualizado que estaban disponibles tanto para el Municipio como para la Provincia fondos internacionales para esto como lo viene siendo en todo Latinoamérica. El caso del Río Arenales es un caso paradigmático que encuadraba perfectamente con los parámetros de estos préstamos. Tengamos en cuenta que está comprometida un área de afectación de 600 mil habitantes y que todo esto confluye a la cuenca que termina en el Cabra Corral. Todo este entramado de recursos hídricos afecta al núcleo vital de la provincia”.
El letrado también comentó a Cuarto Poder que tanto él como su colega, el Dr Pedro Arancibia, suponen que con estas nuevas instancias de elecciones, los políticos van a contar con elementos para poner en el presupuesto de la Provincia el saneamiento del río: “Nunca se entendió la falta de interés por parte del Estado de poder tomar este crédito internacional”, reflexionó Chávez.
La sentencia
Como resultado de este largo juicio se resolvió que la Provincia, la Municipalidad y Aguas del Norte deben confeccionar, presentar y ejecutar un Plan de Manejo del Río Arenales. Además deben elaborar un Plan Sanitario de Emergencia y un Plan de Monitoreo de los plazos con el objetivo de conseguir el saneamiento de basurales y prevenir la futura conformación de los mismos. Deben limpiar permanentemente el cauce y los márgenes del río y construir defensas en puntos críticos.
Por otro lado, tendrán que limpiar continuamente y mantener los desagües y canales pluviales. Tomar medidas para el saneamiento cloacal, delimitar la línea de rivera y evitar la instalación de familias en la zona comprendida por ella. También deben forestar los espacios recuperados en los márgenes del río y presentar al Tribunal un Plan Sanitario de Emergencia para aplicar en situación de crisis y un Plan de Monitoreo. Por su parte se ordenó a la empresa Néstor A. Marozzi a retirar los metros necesarios de avance de su propiedad en un plazo no mayor a los 60 días para que los límites del inmueble coincidan con los estribos del puente sobre la Avenida Tavella.
Los abogados nos comentan que se presentaron varios informes que probaban la presencia de Cromo y metales pesados en el fondo del río. Con las inundaciones todo se impregnó de este material y esto se expresó en los problemas de salud que tiene la población: manchas en la piel, focos cancerígenos, deficiencia respiratoria, entre otras afecciones: “ En estos años tuvimos informes de los médicos, de los Centros de Salud del lugar donde se evidenciaba la presencia de algunas enfermedades que están ligadas con el agua, la contaminación y la escasez de políticas concretas en materia de salud”, afirma Chávez y además nos informa que sumado a esto son muchos los bienes de los que fueron despojadas estas familias como consecuencia de las inundaciones. Por su parte, Arancibia nos relata que, a la par de este fallo, se creó un expediente para la indemnización de los damnificados por daños y perjuicios El mismo se abrió por un lapso de tiempo que aún no se determinó y está destinado a las personas que no pudieron presentarse para reclamar los daños que sufrieron a lo largo de todos estos años. Ahora cuentan con la posibilidad de reclamar. Para hacerlo deben llevar documentación que pruebe que vivieron a los alrededores del Río Arenales.
Los letrados nos explican que en esta instancia y ya habiendo obtenido una sentencia van a ser muy celosos en la exigencia del cumplimiento de los requerimientos que ella implica y pedirán sanciones ejemplificadoras, multas, abstrentes e incluso considerarán delito penal el incumplimiento o la omisión de este mandato judicial :“Nosotros no tenemos compromiso partidario con nadie, solo con la gente que perdió lo poco que tenía y, por eso, después de haber transcurrido tanto tiempo y tantos años, esto no va a quedar así. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque esto no es un trabajo para que quede en la sentencia. Queremos que tenga una concreción efectiva y real y hasta que eso no se dé no vamos a parar”, concluyó Arancibia.
