El Instituto Provincial de Vivienda hace aguas por todas partes, problemas con las adjudicaciones a dedo y más problemas con sus empleados que ahora realizan un paro en reclamo por la disminución de los sueldos del año pasado.

Los empleados del IPV encontraron irregularidades en los cheques emitidos el 2012 y decidieron optar por esta medida de fuerza. “Presentamos una nota y hablamos con autoridades del IPV y de la provincia pero no obtuvimos respuestas positivas. Las disminuciones oscilan entre los $600 y los $1200. Parece que nosotros tenemos una interpretación del decreto y las autoridades tienen otra. Siempre que vamos a negociación, sentimos que tratan de dilatar la situación, pasa el tiempo y no recibimos una respuesta” informó un delegado gremial.

Al respecto, el titular del organismo, Fernando Alesanco, salió a dar las explicaciones de rigor, la infalible malinterpretación semántica que hace, en estas instancias, de la ley un instrumento que o se sabe bien a quién beneficia. “Ellos interpretan el decreto de una manera y nosotros de otra. Los consultamos con la Secretaría de la Función Pública, que en definitiva es la que más sabe del tema. Hubo una conciliación obligatoria y se realizaron reuniones técnicas donde se le explicó al personal cuál era la forma de liquidar los sueldos pero igual decidieron tomar la medida”.

Además le funcionario, en un intento por minimizar la situación, desmintió que la reducción de haberes abarque el 100 % de los empleados. Es una cifra un tanto menor, dijo, mientras informaba que quienes se manifiesten y no asistan al lugar de trabajo están en su derecho, pero de mantenerse esta situación se analizará los pasos a seguir con el ministerio de trabajo. Y todos sabemos lo que eso significa.